El PNV reclama que el pago de la extra tenga “la máxima seguridad jurídica”

El PNV se encuentra con una nueva polémica en su camino hacia Ajuria Enea tras la decisión del Ejecutivo en funciones de abonar la paga extra de Navidad a sus 70.000 funcionarios, una decisión que va a costar a las arcas públcias 208 millones de euros.

Y el PNV lanza ya un aviso. Espera que la decisión se tome con "la máxima seguridad jurídica", en dos sentidos: que se busquen fórmulas que "protejan a quienes tomen la decisión", y que eviten "cualquier riesgo de que la justicia pueda obligar, dentro de unos meses, a los trabajadores públicos a devolver ese dinero".Con estas palabras ha respondido a la resolución del Ejecutivo en una comparecencia en nombre de su partido el responsable institucional del PNV, Koldo Mediavilla.

El dirigente nacionalista ha insistido en que su partido defiende buscar los "mecanismos necesarios" para que los funcionarios cobren la paga extra. Aunque como Ayuntamientos, Diputaciones y Gobierno pueden no estar en la misma situación legal, "las soluciones podrían ser distintas en cada uno de los ámbitos".

Dicho probable riesgo ha estado presente también en la posición de las Diputaciones de Bizkaia y Álava. Esta misma mañana, y antes de que Mendia anunciase la decisión, Bizkaia ha considerado que el Gobierno corre "cierto riesgo" de verse ante el Tribunal Constitucional por el abono de la extra. El portavoz foral, Juan María Aburto, ha insistido en que la institución provincial decidió no pagar la misma por "prudencia", "responsabilidad" y "seguridad jurídica, tanto del que paga como de quien recibe".

Para el portavoz foral en este caso puede producirse una "colisión de leyes" entre la ley de presupuestos del País Vasco, en la que se establece la extra de Navidad, y el decreto ley del Gobierno de Rajoy que la suprimió para todos los trabajadores del sector público. Si se produjera un conflicto ante el Constitucional, podría darse la situación de que "hubiera que volver hacia atrás lo actuado y aquellos que percibieron la extra tuvieran que devolverla", ha dicho Aburto.

Opinión similar ha mantenido el diputado general alavés, Javier de Andrés, del PP, quien ha advertido al Ejecutivo en funciones de que "se puede ver ante el Tribunal Constitucional" si paga, porque "estará vulnerando la ley".

Álava ya anunció que no dará este año la extraordinaria de diciembre a sus trabajadores, pero sí todas las pagas de 2013, como recoge su proyecto de presupuestos. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Diputados, De Andrés ha recordado que su Gabinete "siempre" ha manifestado que va a "cumplir la ley".

La Diputación de Gipuzkoa, que gobierna Bildu, aseguró ayer por boca de su máximo responsable, Martin Garitano, que tiene la "vocación política de mantener" la paga y que buscará "fórmulas que sean lo suficientemente imaginativas para no caer en una trampa para elefantes".