La corrupción golpea al PSC

La fiscalía y los Mossos d’Esquadra desarticularon este martes una presunta trama de corrupción urbanística con epicentro en Sabadell (Vallès Occidental) en la que están implicados altos dirigentes del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). El alcalde de la ciudad y presidente de la Federación de Municipios de Cataluña, Manuel Bustos, y el número dos de los socialistas catalanes, Daniel Fernández, están entre los imputados por el juzgado que investiga el presunto pago de comisiones a cargos locales a cambio de la adjudicación de obras públicas.

Bustos y otros concejales y cargos de confianza de Sabadell impusieron a diversos empresarios, supuestamente, la obligación de pagar 120.000 euros solo para acceder “con ventajas” a un concurso público, según la Fiscalía Anticorrupción. Esos depósitos iniciales iban a parar, según las mismas fuentes, a un “fondo perdido" que se repartía entre los responsables políticos y los funcionarios involucrados. El presunto cohecho no acababa ahí. Una vez concluidas las obras, los empresarios debían abonar una mordida adicional que suponía el 3% del importe de adjudicación. Ese dinero negro iba a parar, según fuentes del caso, a un despacho de abogados. Los investigadores han localizado a diversas personas que ejercían como intermediarios en el pago de comisiones.

Los Mossos registraron este martes las dependencias municipales, incluido el despacho personal de Bustos, que negó tajantemente las acusaciones: “No pienso dimitir como alcalde porque soy inocente. No tengo nada que esconder y voy a dedicar toda mi capacidad para recuperar la honorabilidad del ayuntamiento y la mía propia”, dijo. A petición propia, el PSC le apartó de su cargo orgánico en el partido como secretario de política municipal.

Fernández, número dos de la formación también renunció al cargo como secretario de organización al conocer, este martes por la tarde, que la policía autonómica le atribuía un delito de tráfico de influencias. La comunicación de su implicación estuvo rodeada ayer de ribetes esperpénticos. A las cinco de la tarde había convocado una rueda de prensa como secretario de Organización del partido para valorar la trama de corrupción. Mientras los periodistas esperaban en la sede del PSC, entraron dos agentes de los Mossos d'Esquadra con una carpetilla en la mano que les delataba. Los policías se entrevistaron con Fernández, a quien invitaron a telefonear a un mando policial. Así lo hizo el dirigente socialista cuando acabó la rueda de prensa y se le invitó entonces a acudir a comisaría. Fue entonces cuando supo que el caso le salpicaba.

La implicación del primer secretario del PSC parece, sin embargo, colateral. Según fuentes judiciales, el dirigente del PSC llamó por teléfono a la alcaldesa de Montcada i Reixac, la socialista María Elena Pérez —también imputada—, solicitándole empleo para un ex alto cargo del Departamento de Política Territorial de la Generalitat de la época del tripartito. La persona en cuestión ganó finalmente el concurso de méritos convocado por el Ayuntamiento. Fernández admitió que ese diálogo con la alcaldesa se había producido. “Yo tengo conversaciones con muchos alcaldes”, dijo el diputado socialista. “Estoy muy tranquilo, porque en ningún caso he cometido ningún delito”, apostilló.

Cohecho, prevaricación, falsedad documental, negociaciones prohibidas a funcionarios, son otros delitos que se les imputan. La operación Mercurio, que sigue abierta y está bajo secreto de sumario, se ha saldado hasta el momento con 12 detenidos y otros 26 imputados entre empresarios, políticos, funcionarios y abogados. Por orden del juez, los Mossos practicaron medio centenar de registros en empresas y domicilios.

Además de Bustos, están imputados el concejal de Espacio Público y hermano del alcalde, Francisco Bustos, que es también primer secretario del PSC del Vallès Occidental sur; Joan Manau, concejal de Urbanismo; un exdirector de esa área; y Ricard Estrada, responsable de Sostenibilidad, todos ellos ligados al PSC. El caso salpica igualmente al PP: el exconcejal Jordi Soriano deberá declarar ante el juez. Soriano fue destituido el año pasado por su propio partido por su apoyo a Bustos. Otros dos familiares del alcalde también han sido imputados: su pareja, Montserrat Costa (coordinadora del área de alcaldía) y su tío, el constructor Melquíades Garrido.

La trama de corrupción urbanística desarticulada ayer en Sabadell llega en el peor momento de la historia del PSC, que viene de sufrir un duro revés electoral. Nunca como ahora los socialistas habían tenido tan poca representación en el Parlamento catalán (20 diputados) y nunca como ahora las sospechas de corrupción habían salpicado a dos destacados miembros de la dirección

Daniel Fernández y Manuel Bustos abandonaron sus responsabilidades a las horas de conocerse su imputación, pero continuarán en sus cargos públicos. El primero como diputado en el Congreso, hasta que se constituya el Parlamento catalán y cambie un acta por otra, y Bustos como alcalde de Sabadell.

El programa electoral del PSC proponía “un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas en relación con las personas acusadas de corrupción económica, que incluya su separación transitoria del cargo y del partido en el momento de una imputación formal por parte de un juez de instrucción”. El propio Daniel Fernández explicó que ese acuerdo todavía no se ha producido y que, mientras tanto, ha de aplicarse el código ético del PSC, en el que se dispone que se abandonarán los cargos en el partido en caso de inculpación y procesamiento.

Bustos sí ha sido imputado formalmente, pero no así Daniel Fernández. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Sabadell empezará a tomar declaración el próximo sábado al alcalde de Sabadell y al resto de imputados. Respecto a Daniel Fernández, el juzgado deberá decidir si desgaja la parte de las diligencias que le afectan y las envía al Tribunal Supremo, por su condición de aforado, o bien remite al alto tribunal todas las diligencias, lo que parece poco probable. Cuando se produzca ese trámite, el Supremo decidirá si le imputa o le exculpa. Si la decisión se retrasa, quien decidirá sobre su situación judicial será el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Las acusaciones de corrupción que pesan sobre los miembros de su ejecutiva suponen un mazazo al discurso de regeneración democrática que propone el líder del socialismo catalán. El mismo Navarro dijo el pasado lunes, al anunciar las primeras actuaciones que haría su partido, que “la profundización democrática, la transparencia y la lucha contra la corrupción” será una de las prioridades de los diputados del PSC.

Fuentes judiciales explicaron que la investigación judicial estaba madura el pasado 19 de octubre para realizar las detenciones y los registros que se produjeron ayer. Eso hubiera supuesto una bomba de relojería en la campaña electoral, por lo que decidió aplazarse

ERC exigió el cese de los cargos públicos del PSC implicados y una comisión de investigación para esclarecer los hechos. En términos similares reaccionó el Partido Popular. Alicia Sánchez-Camacho reclamó que Manuel Bustos dimitiera “de forma inmediata” de sus responsabilidades en el Ayuntamiento y la Federación de Municipios de Cataluña. El grupo municipal de CiU en el Ayuntamiento de Sabadell también reclamó una comisión de investigación para “asegurar que los servicios públicos se están ofreciendo a precios de mercado”.