El Gobierno se escuda en sus informes jurídicos para abonar la extra navideña

El sí o el no definitivo llegará hoy en la reunión semanal del Consejo de Gobierno, después de sopesar los pros y los contras de una decisión que cuesta 208 millones de euros. Pero los consejeros y el lehendakari en funciones, Patxi López, acuden a la cita en la que debatirán sobre el abono de la paga extra de Navidad a los casi 70.000 funcionarios y empleados del Ejecutivo, sin prácticamente ningún argumento en contra de su abono.

Los informes jurídicos encargados por el Ejecutivo resultan concluyentes y van más allá de la duda razonable sobre la posibilidad de regatear un contenido determinado de un decreto Ley del Gobierno popular. Estos estudios no solo avalan el pago, sino que concluyen que el Ejecutivo debe afrontarlo para cumplir con sus obligaciones, en evidente contradicción con los que ha manejado la Diputación de Bizkaia. La institución foral no hará lo propio con sus 4.800 funcionarios y lo compensará adelantando la paga de junio de 2013.

Tras el anuncio que hizo Bizkaia adelantando que “por imperativo de España” no iba a abonar la extra, llegaron las declaraciones del PNV en el mismo sentido. Su presidente vizcaíno, Andoni Ortuzar, explicó que adelantando la paga de junio del próximo año a enero “solo se retrasa unos días” el abono y se evitan los indeseados efectos jurídicos que puede acarrear la decisión.

Ese es el principal punto de fricción a la hora de tomar la decisión en el Consejo de Gobierno de hoy. El Ejecutivo sopesa que el recorte viene empaquetado en un Real Decreto Ley y que la Administración central, a través del delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, está presionando por carta a todas las instituciones con advertencias claras de las consecuencias legales que tendría vulnerar su contenido. Unas consecuencias que, según el PNV, podrían llegar incluso a la inhabilitación de quienes firmasen la orden librando la partida para los 70.000 funcionarios de la Administración vasca.

Los informes jurídicos que maneja el Gobierno avalan, sin embargo, la tesis de que la disposición que prohíbe el abono de la extra excede de las competencias del Estado, y, por tanto, puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, precisamente aduciendo esa invasión de competencias.

Es una decisión que, por otra parte, el Gobierno vasco ha tomado ya en varias ocasiones. La última de ellas, que verá también hoy el Gabinete, es el caso del Real Decreto que fija las bases para establecer el importe máximo de financiación de las ortoprótesis, que será el mismo para todo el territorio nacional y supondrá una reducción del coste sanitario de unos 53 millones.

Ese contencioso se sumará a los ya abiertos entre ambos Ejecutivos, como el del copago farmacéutico y la atención a los inmigrantes, así como los relativos a otros recortes en Sanidad y Educación. También litigan las dos Administraciones en torno a las aportaciones a los fondos de pensiones Itzarri (de trabajadores dependientes del Gobierno vasco) y Elkarkidetza (para empleados de otras instituciones y sociedades públicas), además de las leyes que regulan los derechos de los transexuales.