Con los paraísos fiscales hemos topado

Recientemente hemos conocido que la lista Falciani de evasores fiscales en Suiza incluía al menos a 32 valencianos. A diferencia de Grecia, donde el periodista griego Kostas Vaxenavis difundió la identidad de los grandes delincuentes fiscales patrios, siendo juzgado –y absuelto– por ello, en nuestro país ningún medio ha citado aún ni un solo nombre. Tal vez no sea por casualidad.

En España, indagar sobre alguna cuestión relacionada con los paraísos fiscales es topar con un muro de silencio impenetrable. La opacidad hecha carne. Esa ha sido mi experiencia como diputado autonómico de Esquerra Unida, a pesar de que legalmente tengo reconocido, como representante electo, el derecho a preguntar y a solicitar la documentación necesaria para cumplir con mi tarea de fiscalización y control del Gobierno. Así lo establece, entre otros, el artículo 12 del Reglamento de les Corts Valencianes, relativo a las solicitudes de documentación, cuando dispone que “para el mejor cumplimiento de las funciones parlamentarias, los diputados y las diputadas, previo conocimiento del respectivo grupo parlamentario, tendrán la facultad de recabar los datos, informes y documentos administrativos, en papel o en soporte informático de las administraciones públicas de La Generalitat, que obren en poder de éstas y de las instituciones, organismos y entidades públicas de La Generalitat, que obren en poder de éstas y de las instituciones, organismos y entidades públicas empresariales dependientes de la misma”; o el artículo 157, que hace referencia a la posibilidad de formular preguntas con solicitud de respuesta escrita con el mismo objetivo.Lo lógico en estos casos es pensar que si uno tiene derecho a preguntar o a solicitar documentación, también tiene derecho a que sus preguntas sean contestadas íntegra y verazmente y a que le sean entregados los papeles que pidió. Sin embargo, en el mundo real del parlamentarismo valenciano, no es así. Y mucho menos cuando se trata de paraísos fiscales. Veámoslo.

Hace meses denuncié públicamente el pago de más de 100 millones de euros en honorarios a Santiago Calatrava por los proyectos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Estas percepciones millonarias están vinculadas directamente a los sobrecostes de las obras y han disfrutado de un régimen fiscal “especial”, pues han sido facturadas sin IVA en Suiza a pesar de que los servicios de arquitectura se prestaron en Valencia, hecho reiteradamente cuestionado en los informes anuales de la Sindicatura de Cuentas. La pérdida de ingresos para la Hacienda española es doble, por cuanto los beneficios “suizos” de Santiago Calatrava S.A. tampoco están sujetos al impuesto de sociedades.

Escandalizado porque una administración pública pague a un contratista en un paraíso fiscal eludiendo la aplicación de la legislación fiscal española, presenté por registro de las Cortes Valencianas una pregunta a cada uno de los consellers del Gobierno valenciano. En la misma les preguntaba si su Conselleria había contratado con alguna empresa radicada en alguno de los países de una amplia lista de ‘centros financieros offshore’, que incluía los considerados oficialmente paraísos fiscales por la OCDE, los estados que por las características de su sistema legal o bancario están directamente relacionados con los negocios offshore y todas aquellas jurisdicciones o territorios con incentivos fiscales de naturaleza parecida. Pues bien, todos y cada uno me dieron una respuesta idéntica: que “la normativa sobre contratación pública, tanto la comunitaria como la estatal, no obligan a justificar el territorio de radicación de las empresas, sino su nacionalidad”. Y después de una perorata sobre el libre comercio, me indicaban que la Conselleria X “no ha realizado ningún contrato con empresas en las que concurran prohibiciones de contratar”, una afirmación que, por un lado, ya se le presupone a la Administración pública, y que, por otro lado, no respondía a mi pregunta.

Si no era cuestión del territorio de radicación sino de la nacionalidad, había que insistir. Así que volví a registrar otra pregunta a cada uno de los consellers inquiriéndoles si su departamento había contratado con alguna empresa de las nacionalidades indicadas en la misma lista de centros financieros offshore. Para mi sorpresa, la respuesta de todos los miembros del Gobierno valenciano no sólo volvió a ser unánime, sino que además era calcada a la anterior.

O sea, da igual que pregunte si la Generalitat Valenciana ha contratado con empresas “radicadas” o “nacionales” de paraísos fiscales, porque el Consell no me va a responder. Con los paraísos fiscales, ni transparencia ni cumplimiento de la legalidad. Para el Partido Popular, los derechos de un diputado, y por ende de toda la ciudadanía a la que representa, pesan mucho menos que los privilegios de un evasor fiscal