Por qué el Consell se queda a oscuras

Alberto Fabra estrenó en su nuevo despacho en Presidencia de la Generalitat, en julio de 2011, sin saber muy bien qué situación se iba a encontrar. El aviso de que estaban a punto de cortar la luz en sus nuevas dependencias disparó las alarmas y obligó al Consell a reaccionar rápido para evitar que el nuevo inquilino de la calle Caballeros de Valencia iniciara su mandato a oscuras.

Fue el primer baño de realidad de un presidente que, casi año y medio después, sigue sumergido en el mismo estanque.

Las medidas adoptadas por el Consell para rebajar el consumo eléctrico no han servido para compensar la subida del recibo de la luz. La falta de liquidez de la Generalitat para afrontar toda clase de pagos, junto a la tentación de retrasar el pago de estas facturas para atender situaciones más perentorias, han hecho el resto.

El precio del kilovatio y conceptos ajenos al consumo disparan la factura

El resultado ha sido otra acumulación de impagos, que las eléctricas han decidido cortar con la cizalla. Hace apenas 15 días, Gas Natural Fenosa (GNF) ordenó dejar sin electricidad a las consejería de Agricultura, Justicia y Sanidad, a dos puertos de la Generalitat y a la Biblioteca Valenciana por impago de la deuda acumulada.

El corte de suministro provocó las iras del Consell. El propio presidente Alberto Fabra tachó la decisión de GNF de “absolutamente criticable” y lamentó la mala imagen que otorgan esta clase de episodios a su Administración. Pese a ello, el consejero de Hacienda, José Manuel Vela estuvo presto a cursar una orden de pago a Gas Natural Fenosa por 5,5 millones de euros a cuenta de la deuda pendiente.

La existencia de instalaciones de la Generalitat a oscuras por impago no es una situación nueva. Las alarmas saltaron a mediados de 2010, cuando varias estaciones de metro y tranvía de Ferrocarrils de la Generalitat quedaron sumidas en la oscuridad por no pagar el recibo de la luz. Fueron los primeros avisos serios, pero entonces los mercados financieros todavía no estaban cerrados y la Generalitat pudo sortear el asunto sin demasiado escándalo.

La Generalitat busca agrupar el suministro y mejorar la eficacia

A pesar de todo, el Consell tomó nota y en 2011 sacó a concurso el suministro de alta y baja tensión a través de dos concursos distintos. El concurso de baja tensión quedó desierto y el de alta tensión se lo adjudicó GNF por un periodo de tres años prorrogable un ejercicio más.

Fuentes del sector eléctrico explican que el único criterio del Consell para adjudicar el concurso fue el precio, sin atender a otras cuestiones como el nivel de asistencia u otra clase de mejoras en la prestación del servicio. Las mismas fuentes apuntan que la compañía ganadora también arriesgó al fijar un precio por kilovatio a tan largo plazo —con el coste de la energía sometido al vaivén de los mercados internacionales y una regulación legal del sector en ciernes— para ganar cuota de mercado en un territorio donde la presencia de Iberdrola sigue siendo mayoritaria.

La consecuencia es que, a pesar de rebajar el precio del kilovatio de alta tensión y de implantar programas de mejora energética, el recibo de la luz del Consell no ha dejado de subir. Tampoco en la baja tensión, donde el kilovatio que se pagaba a unos 0,093 euros en 2008 ahora se paga a más de 0,15 euros.

Y es que, además del precio del kilovatio, la factura eléctrica incluye otros conceptos como la tarifa de acceso al distribuidor eléctrico, el IVA y el coste del déficit tarifario. Tantos conceptos que, esta misma semana, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, explicaba en Valencia: “Casi la mitad de la factura eléctrica que hoy se paga corresponde a costes completamente ajenos al suministro”.

En medio de esta situación, el desplome de los ingresos y la agónica situación de tesorería de las Administraciones públicas ha hecho el resto. Según los datos de Iberdrola, la mayor operadora en la Comunidad Valenciana, las Administraciones públicas, que representan menos del 8% de la facturación de la compañía. En cambio, el 40% del total de la deuda vencida que acumulaba Iberdrola al tercer trimestre del año correspondía a las Administraciones públicas. Una situación que probablemente es extrapolable al resto del sector.

Los retrasos en el pago provocaron que el pasado mes de enero, varios centros de Secundaria se quedasen sin suministro energético, lo que obligó a la Consejería de Educación a crear un fondo para situaciones de emergencia. Ahora, tras el último apagón, el Consell estudia cómo agrupar todos los contratos de suministro para rebajar la factura y no volver a quedarse en tinieblas.