“Si no me pagan el cheque vivienda, me veo en la calle en enero”

El Consell adeuda a una vecina de Paterna 11.100 euros desde hace dos años

Raquel Rocamora en su casa de Paterna, por la que la Generalitat le concedió una ayuda que no ha cobrado.
Raquel Rocamora en su casa de Paterna, por la que la Generalitat le concedió una ayuda que no ha cobrado.José Jordán

Vive en Mas del Rosari, un barrio de Paterna cercano a la autovía de Valencia a Ademuz, en un piso de protección pública que compró en 2010, cuando todavía tenía un trabajo estable, con la ayuda del denominado cheque vivienda, un tipo de subvención de la Generalitat previsto dentro del Plan Autonómico de Vivienda de la Comunidad Valenciana. En el paro desde hace un año y con las deudas atosigando su día a día, Raquel Rocamora no ha visto aún los 11.100 euros a que ascendía la ayuda. “Si no me pagan, en enero me veo en la calle”, explica esta mujer de 36 años que se ha defendido hasta ahora con algún apoyo económico de sus padres y con lo que gana en trabajos puntuales como vigilante de seguridad privada en eventos.

“Es la primera vez que me veo así”, confiesa Rocamora, que tiene pareja pero es la titular del piso y de sus obligaciones, al explicar las dificultades para hacer frente, no solo a los gastos y facturas propios de la vida cotidiana, sino también al pago efectivo de una hipoteca de 400 euros mensuales. Tras solicitar acogerse al cheque vivienda en 2010, la Generalitat se lo concedió a inicios de 2011 y todavía está esperándolo. El suyo es uno de los cerca de 30.000 casos en que la diputada socialista en las Cortes Valencianas María José Salvador calcula la cifra de personas afectadas por la deuda del Consell relacionada con las ayudas concedidas para la rehabilitación, el alquiler o la adquisición de viviendas. Una deuda que la propia Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente asume que puede rondar los 250 millones de euros.

Raquel ha hecho gestiones para reclamar el pago, pero solo ha obtenido vagas referencias a que en un par de años se arreglará el problema. “Si he de esperar al 2014, ya no tendré casa”, reitera esta mujer que, aunque en algún momento parece dejarse vencer por la resignación —“no puedo hacer nada más que tomarme un tranquilizante y sentarme en el sofá”, se lamenta—, ha empezado a moverse para crear un grupo en Facebook de afectados.

El Gobierno de Fabra debe 250 millones a cerca de 30.000 personas

La única ayuda que ha recibido Rocamora de manera efectiva hasta ahora es la subsidiación del préstamo que concede el Gobierno central. Son 90 euros mensuales para aliviar el pago de la hipoteca. Se trata de ayudas para el pago de viviendas de protección oficial con un periodo de duración de cinco años prorrogable por otros cinco. Al menos era así cuando se concedieron, porque ahora se han visto recortadas por las medidas de ajuste del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy. “Hasta 2015 no me vence”, se da un respiro Raquel, que intentó también en su momento acogerse a la posibilidad de que el banco le adelantara el pago del cheque vivienda y no lo logró. “Me dijeron en el banco que tienen un convenio con la Generalitat pero que no me lo iban a aplicar”.

Emilio Soriano sí que lo consiguió. El banco le dio un anticipo de 10.500 euros sobre el cheque vivienda de 11.700 euros que la Generalitat le concedió para comprar un piso en el barrio de El Carme, en Valencia, en un edificio promovido por el propio Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA). Ahora el banco le reclama la liquidación de aquel crédito o su refinanciación como un préstamo personal, con intereses muy superiores. El de Soriano es uno de los cerca de 1.500 nombres recogidos en una resolución que el Consell que preside Alberto Fabra aprobó a principios de octubre para habilitar 5,5 millones de euros con los que hacer frente al pago de las ayudas a quienes se las reclaman las entidades bancarias con las que la Administración autonómica firmó convenios para “instrumentar el anticipo”. La Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de la que es responsable Isabel Bonig, indicó entonces que se trataba de “una situación urgente”, pero Emilio todavía no ha cobrado. Y se le acaba el tiempo.

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Emilio Soriano en su casa del barrio de El Carme por la que todavía no ha cobrado el cheque vivienda.
Emilio Soriano en su casa del barrio de El Carme por la que todavía no ha cobrado el cheque vivienda.José Jordán

“La situación es un desastre”, comenta Soriano, que dejó el piso familiar en el que vivía cuando encontró la oportunidad de acceder a una vivienda de protección pública como la que ahora ocupa. “En mi comunidad no ha cobrado nadie”, señala de su edificio, un bloque de nueve viviendas promovido por el IVVSA en el centro de Valencia en el que todos los propietarios se acogieron al cheque vivienda y dos de ellos pidieron el anticipo al banco.

Al retraso del pago de la Generalitat se suma, en el caso de Emilio Soriano, la amenaza de perder los 130 euros mensuales de la subsidiación de la hipoteca procedente del Gobierno central. Como otros afectados, que han comenzado a organizarse en una plataforma, ha solicitado a la Administración aclaración sobre la prórroga de la ayuda. “Había hecho los números contando que la subvención duraría 10 años”, explica Emilio. “Este es otro desastre”.

“En mi comunidad no ha cobrado nadie”, dice uno de los afectados

Las respuestas a las solicitudes de prórroga de las ayudas de subsidiación han empezado a llegar a los afectados estas últimas semanas. En ellas se acuerda “inadmitir” la prolongación de las subvenciones durante otros cinco años porque se ha pedido “tras la entrada en vigor del Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad”. En otras palabras, la tijera del recorte ha podado las ayudas a la financiación de viviendas sociales ya en marcha.

La diputada María José Salvador ha presentado en las Cortes Valencianas una proposición no de ley para que el Consell reconozca la deuda pendiente de 250 millones de euros y ha anunciado una iniciativa.

A medida que pasan los meses, la situación de las personas afectadas se hace más difícil, ya que a los estragos de la crisis se suma un peso no previsto en la financiación de sus viviendas. Por eso están empezando a moverse. Como explica Raquel Rocamora: “No nos queda otra que protestar y reclamar lo que nos firmaron”.

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