Desasosiego

La dureza de esta crisis económica nos tiene en vilo. Estas últimas semanas la preocupación y el interés se centran en cuestiones dolorosas que inciden de manera brutal en la vida o incluso en la muerte de ciudadanos cercanos. El paro, los recortes, la quiebra de empresas, la falta de solidaridad europea, están afectando al ánimo de muchas personas porque el sufrimiento y la desdicha se están generalizando y no parece que estemos en un contexto en el que esto pueda amainarse prontamente.

La realidad ofrece datos económicos malos y hechos estremecedores. Los telediarios empiezan las noticias con los desahucios, los partidos se reúnen con urgencia para cambiar una ley que ahora se cataloga y, es vox populi, como antigua, poco equilibrada e incapaz de dar protección a las personas con hipoteca que no pueden pagar su deuda. Es un asunto muy deprimente. Pero hay otros que señalan en la misma dirección.

La ministra Bañez nos hace saber que los planes de reestructuración de Iberia, encuadrados dentro de la última reforma del mercado de trabajo, han de hacerse con “sensibilidad”. Podría pensarse que la reforma, defendida hasta hace poco como un instrumento para dotar de flexibilidad y ayudar a generar empleo, se ha convertido en algo que, de utilizarse “sin sensibilidad”, va a conseguir consecuencias no deseadas e innecesarias. Pero la sensibilidad no es un atributo que todo el mundo posee y a nadie se le obliga a ser sensible frente al sufrimiento ajeno.

A estas alturas del juego ya tenemos la certeza de que ni un euro del endeudamiento de España con el Banco Central Europeo va a ser “socializado”, que pagaremos con sudor y mucho esfuerzo nuestros errores y que el hecho de que la arquitectura institucional de la zona euro no sea la acertada no va a ser un factor a tener en cuenta a pesar de las asimetrías existentes.

No sólo importa que la gente pierda su puesto de trabajo, sino en qué contexto se produce ese trauma

Podríamos mencionar más ejemplos, pero los citados bastan para ilustrar que escudriñar bien los efectos que ocasionan sobre el bienestar ciudadano las leyes que nos permiten vivir, trabajar y progresar, es una tarea ineludible.

No sólo importa que la gente pierda su puesto de trabajo, sino en qué contexto se produce ese trauma. Con esta crisis estamos descubriendo aspectos de nuestra realidad que no conocíamos. No sólo es que la crisis esté siendo mucho más larga, dura y difícil de tratar de lo habitual, sino que hay ciertas especificidades de nuestra estructura legal y del diseño de las instituciones que no sirven para conseguir que ésta sea algo más llevadera. Que la burbuja inmobiliaria se haya producido en una sociedad en la que la protección del pequeño inversor, del deudor con hipoteca, sea prácticamente inexistente es una coincidencia lamentable. La ley que ahora se pretende reformar tiene que aunar, como mínimo, dos principios básicos; el primero es que no se puede dejar a personas en la calle sin darles tiempo y oportunidades de negociar, de tener margen para enderezar sus finanzas y sin explorar todas las posibilidades; el segundo se resume en pocas palabras, las deudas hay que pagarlas.

La crisis nos está haciendo comprender que ciertas leyes vigentes tienen como efecto que las consecuencias de las disminuciones de actividad, de la falta de liquidez, de la falta de ofertas de trabajo se manifiesten con mucha mayor crudeza. Sabíamos que algunas regulaciones dificultaban la llegada de la recuperación o incluso el desarrollo económico; de ahí la necesidad de que la política económica contenga reformas estructurales. Ahora sabemos más. Hay al menos una ley que hace que la crisis económica produzca más dolor del que es imprescindible. Pero no nos consta que sea la única. Y esto genera mucho desasosiego.