La Junta quiere que la concertación sea “contrapunto” a la reforma laboral

Los acuerdos de concertación entre sindicatos, patronal y Gobierno en Andalucía siempre han sido una fiesta. A la par que garantizaban la paz social en la comunidad, destinaban cientos de millones (primero de pesetas y luego de euros) para reactivar la economía. Esa celebración empezó a apagar sus luces a mediados de julio de 2008 y aún así el último pacto firmado por Junta, Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, en noviembre de 2009, movilizó 19.825 millones de euros. En la firma de ese concierto, Santiago Herrero, presidente la patronal, pronosticó que ayudaría “al mantenimiento y a la creación de empleo”. Un vaticinio sin mucho tino: el paro en Andalucía ha pasado del 26,3% en 2009, al 35,4% en septiembre de 2012.

Ahora los mismos protagonistas trabajan en un borrador del VIII Acuerdo de Concertación Social, pero todos saben muy bien que no habrá esa inyección de recursos y que la presencia de Izquierda Unida en el Gobierno de coalición implicará otra negociación, muy distinta de las anteriores y, posiblemente, con más invitados en la mesa, aseguran desde la formación que lidera el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas. Es decir, habrá más política, y mucho menos dinero que en ediciones pasadas para afrontar una situación desconocida y bastante peor.

La idea del Gobierno que preside el socialista José Antonio Griñán es convertir el próximo acuerdo en una especie de “contrapunto” a la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, aseguraron fuentes del Ejecutivo andaluz. Estas fuentes admitieron que no se trata de plantar batalla legal a la nueva normativa laboral, una iniciativa que no tendría ningún recorrido, sino de potenciar el papel de los sindicatos y de la patronal en la negociación colectiva.

Es imprescindible acometer una contrarreforma laboral José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía

De todo esto, escribía ayer Griñán en su blog: “Es imprescindible acometer una contrarreforma, o una reforma de la reforma laboral, para regresar a ese modelo de paz social con el que hemos convivido durante tantos años a lo largo de nuestra más reciente historia. Porque el diálogo social, no cabe duda, es el mejor instrumento para salir de la crisis”.

En esa iniciativa para “reconsiderar la reforma laboral” el Gobierno andaluz quiere embarcar a los sindicatos más representativos y a la CEA. Sin embargo, en este proceso se da la enorme paradoja que la patronal —que ha participado en todos los programas de concertación desde 1993, aunque siempre ha dicho que no los ha gestionado directamente—, está decidida a plantear un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a su plantilla. Tampoco los sindicatos son ajenos a las políticas de ajuste en sus filas.

El VIII Acuerdo de Concertación sería el punto de partida del que colgaría lo que el presidente de la Junta denomina un Pacto por Andalucía, que tiene muchas más vertientes que la de “solucionar también los problemas de las personas que tan mal lo están pasando”, como asegura Griñán en su blog.

Este pacto general tendría ramificaciones en el debate político nacional, sobre todo, en lo que se refiere a la discusión del modelo territorial que los partidos nacionalistas han vuelto a poner en primera línea de foco y del que tampoco se sustrae la patronal española. En una entrevista publicada ayer en EL PAÍS, el presidente de la Confederación de la CEOE, Juan Rosell, hacía fintas ante las preguntas sobre la reivindicación independentista de Cataluña, pero sí dejaba clara su posición sobre la relación de esta comunidad con el resto de España: “Tiene que haber un compromiso entre Cataluña y el Gobierno español y la oposición. Sigo pensando que el café para todos fue una equivocación”.

En el polo opuesto a esta posición se encuentran en Andalucía no solo los partidos de la coalición de Gobierno, sino también los sindicatos. También empresarios que sin visceralidad alguna afirman con rotundidad que si hay que elegir entre la independencia de Cataluña y un concierto fiscal genuino para esta región, a Andalucía le interesa más la primera opción.

El calendario que maneja el Gobierno andaluz para reeditar otro acuerdo de concertación y el posterior Pacto por Andalucía estaría en torno al 28 de Febrero, día de la comunidad. Y lo que está claro por parte de Izquierda Unida es que en el pacto de concertación tiene que haber más organizaciones que las tradicionales de CEA, UGT y CC OO. “Si alguien piensa que el acuerdo solo puede implicar a los sindicatos, a la patronal y al Gobierno se equivoca, eso no es suficiente”, aseguran desde IU.

Según estas fuentes, las centrales que lideran Manuel Pastrana y Francisco Carbonero no verían mal poner más sillas en la mesa. Las mayores reticencias vendrían de la patronal, que siempre se ha opuesto a la presencia de Cepes, la organización de las cooperativas más potente.