Aumenta la presión social en la calle

El malestar de la mayoría silenciosa de la que habla el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se materializó ayer en nuevas protestas ciudadanas en las calles de Valencia. Farmacéuticos, colectivos de dependientes, empleados públicos y trabajadores afectados por planes de despido masivo se hicieron visibles en la calle para protestar por las situaciones angustiosas en las que viven.

En medio de la asfixia financiera, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, prometió en el municipio valenciano de Montroy que elaborará un nuevo calendario de pagos para que todos los acreedores de la Administración pública “tengan la seguridad y la garantía de que vamos a pagar en breve plazo”.

Fabra volvió a admitir lo evidente: que tiene problemas de liquidez y que depende del Gobierno para poder afrontar “de aquí a final de año” los compromisos de la Generalitat. Un Gobierno que facilita la liquidez al Ejecutivo valenciano con cuentagotas.

Con la presión social en aumento, una marea de farmacéuticos enfundados en sus batas blancas volvió a recorrer ayer las calles de Valencia para protestar por los 450 millones de euros que les adeuda la Generalitat. La protesta comenzó a las 13.00 horas, minutos después de que los presidentes de los colegios profesionales de las tres provincias se reunieran con el consejero de Sanidad, Luis Rosado, para escuchar la enésima oferta del Gobierno valenciano destinada a resolver los impagos y calmar el enfado del sector. Ambas partes, junto con la consejería de Hacienda, acordaron crear una comisión permanente dirigida a abordar la cuestión de la deuda. El primer encuentro está previsto para el martes.

La reunión no dio “ningún resultado”, como comentó María Teresa Guardiola, la presidenta del colegio valenciano, al incorporarse a la manifestación al poco de que comenzara. Guardiola anunció el compromiso de Rosado de abonar dos meses de los cuatro y medio que se deben en cuanto llegue el resto del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) solicitado por el Gobierno valenciano, en torno a 230 millones de euros. En todo caso, los farmacéuticos anunciaron que mantendrán el cierre indefinido, por turnos, del 60% de las oficinas, iniciado el pasado lunes, hasta cobrar la deuda.

La protesta de ayer, a la que acudieron varios miles de boticarios —800 desde Alicante—, fue más numerosa que la celebrada por los farmacéuticos hace dos semanas. Junto a los lemas clásicos como “¡Queremos cobrar!” o “La Generalitat el dinero se ha gastado, el paciente sin medicamentos se ha quedado”, ayer se pudieron leer otros como “Mariano, tenemos un problema; Fabra no es la solución”.

De hecho, la presidenta del colegio de Valencia insistió en el “desamparo” que sienten respecto al Gobierno valenciano e insistió en que la única solución que podría resolver su problema pasa por una inyección directa del Gobierno. Los farmacéuticos insisten en que el Gobierno articule una especie de rescate similar al practicado con la banca.

Ayer, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, de visita en Valencia, negó que el Gobierno haya mantenido reuniones con las farmacias valencianas directamente y añadió que el ministerio solo negocia con la Generalitat. El vicepresidente y portavoz del Consell, José Ciscar, no quiso cuestionar abiertamente la estrategia de los farmacéuticos pero recordó que es la Generalitat la que paga y la que decide cómo distribuye, en función de las prioridades, los escasos recursos con los que cuenta.

Respecto al problema de abastecimiento de medicamentos caros, varios farmacéuticos consultados por EL PAÍS admitieron que los medicamentos que cuestan más de 100 euros solo los sirven bajo demanda, para asegurarse de que no se los quedan sin vender. Además, solo los solicitan si lo requiere un cliente conocido. Si no es el caso, se les dice que no quedan. “No podemos comprar estos productos y arriesgarnos a no venderlos”, señaló un farmacéutico consultado.

Los farmacéuticos no fueron los únicos en salir a la calle, En Alicante, centenares de empleados públicos de negro también recorrieron las principales calles de la ciudad. Y otro tanto ocurrió en Valencia, donde también varios centenares de funcionarios protestaron en un nuevo viernes negro —el color de la vestimenta elegido— por los recortes sociales.

Ante la sede de la Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana, la Plataforma Valenciana Sindical de Asociaciones Profesionales de Empleados Públicos reunió un numeroso grupo de personas, entre las que había miembros del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. “Defendemos que hay alternativas a los recortes. Debamos perseguir mucho más la economía sumergida y a los defraudadores. Debemos implantar una tasa a las transacciones financieras, y controlar sobre todo las sicavs y los testaferros que se utilizan para no tributar lo que toca”, comentó Francisco Gaspar, del STMH.

Apenas a un centenar de metros, frente a la sede del Banco de Valencia, decenas de trabajadores protestaron por la presentación de un ERE que pretende reducir la plantilla en un 21%. “Nosotros no somos culpables. No a los despidos del FROB”, rezaba el lema de CC OO y UGT.

Apenas unas horas después, en la plaza de la Virgen de Valencia, decenas de dependientes improvisaron con sus familiares un concierto para protestar por los impagos del Consell. En Castellón la Fundación Síndrome de Down realizó una cacerolada para protestar por los impagos de la Generalitat y en Alicante la plataforma Stop Desahucios anunciaba una acampada indefinida frente a una céntrica sucursal bancaria para protestar por la actuación de las entidades financieras.