Las deudas enfrentan a la Junta con los alcaldes del PP

Lo anunció Juan Ignacio Zoido el día que los alcaldes del PP acordaron abandonar la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP): los Ayuntamientos populares, fuera de la federación de municipios, van a hacer frente común para que el Gobierno central, y sobre todo la Junta, cumplan con las obligaciones económicas que tienen con las arcas municipales. Desde entonces, muchos alcaldes y dirigentes locales, provinciales y regionales del PP han difundido las cantidades que, según sus estimaciones, les debe la Junta. Y han repetido un mensaje que también lanzó Zoido el día que el PP dio plantón a la FAMP: lo primero que tiene que hacer la Junta con los 2.133,8 millones que ha recibido del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) es pagar lo que le debe a los Ayuntamientos.

El mensaje tiene truco porque ha sido el propio PP el que, desde el Ministerio de Hacienda, ha fijado las prioridades de pago que tienen que seguir las comunidades con el dinero el FLA. Las primeras deudas que debe saldar la Junta son las contraídas con los bancos. Y después, los pagos pendientes a proveedores. Las cantidades adeudadas a los Ayuntamientos no están entre las prioridades establecidas por el Ejecutivo central.

Según la información recogida por este periódico, los Ayuntamientos de las ocho capitales, gobernadas todas por el PP, reclaman a la Junta, sus organismos autónomos y las empresas públicas 121 millones de euros. Esta cifra se divide entre las deudas tributarias (pago de IBI de inmuebles de la Junta u otros impuestos como el de Construcciones, Instalaciones y Obras) y las transferencias que el Gobierno andaluz no ha abonado a los municipios por programas de políticas activas de empleo o servicios sociales.

Málaga, con una deuda acumulada de 35 millones, según los cálculos de los populares, es la que más reclama

Pero la Junta asegura que las cifras que reclaman los alcaldes no coinciden con las que maneja el Gobierno andaluz. La Consejería de Hacienda no quiere dar números ni comparar sus cálculos con los aportados por los Ayuntamientos del PP porque, aseguran fuentes de este departamento, están trabajando en clarificar las cantidades. Pero, por las revisiones hechas hasta ahora, las deudas que le reclaman no están “siempre bien imputadas” y por tanto “no pueden ser reconocidas”, según un documento interno del departamento que dirige Carmen Martínez Aguayo.

Hacienda sostiene que al examinar las cifras se está encontrando con “significativas diferencias” entre las cantidades que exige el gobierno municipal y las que “tras una labor de depuración y conciliación” con los Ayuntamientos reclamantes resultan ser las definitivas. Según el departamento de Aguayo, entre las situaciones con las que se encuentra a diario al revisar la documentación hay “giro de IBI por propiedades que nunca se había girado; datos catastrales erróneos; imputación de bienes de titularidad de otras Administraciones Públicas; reclamación de deudas ya abonadas o que gozan de exención legal, tales como las educativas; o imputación de deudas no reclamadas en plazo y, por ende, ya prescritas”.

Málaga, con una deuda acumulada de 35 millones según los cálculos del PP, se sitúa a la cabeza de las capitales en cuanto a dinero reclamado a la Junta. Le sigue Córdoba, que suma 26 millones entre impuestos, servicios y retrasos en el pago de la parte autonómica para las viviendas de protección oficial.

El Ayuntamiento de Sevilla cifra sus cobros pendientes en más de 14 millones. De ellos, siete millones corresponden a deudas tributarias. En servicios sociales, el Ayuntamiento asegura que la deuda de la Junta asciende a 7.775.166,48, de los que 6.576.118,78 son del servicio de ayuda a domicilio de la Dependencia. A esta cifra hay que sumar la deuda por políticas activas de empleo, de la que el gobierno de Zoido no ha aportado datos.

Los gobiernos municipales de Granada y Huelva reclaman también 14 millones entre impuestos (la mayoría por IBI) y servicios sociales o políticas de empleo. Cádiz asegura que tienen pendiente de cobrar alrededor de ocho millones de euros, Almería, 6,8 y Jaén, 3,1.