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Sanidad resuelve obligada por un tribunal unas subvenciones que dejó caducar

Nunca entregó los 266.000 euros para prevención del VHI/sida que convocó en 2009

Elena G. Sevillano

Tres años después, y obligada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Comunidad de Madrid ha resuelto una convocatoria de subvenciones para asociaciones sin ánimo de lucro que realizan actividades de prevención del VIH-sida. El Boletín Oficial publicó el pasado 27 de septiembre la orden que recoge a qué entidades se destinan los 266.000 euros que, en 2009, la Consejería de Sanidad ofreció a estas organizaciones para financiar sus actividades. "David ha vencido a Goliat", asegura Hetaira, uno de los colectivos que llevaron el incumplimiento de la Administración a los tribunales, en una nota de su página web.

Las asociaciones que se dedican a la prevención del sida en Madrid se encontraron a principios de 2010 con que las subvenciones que la Comunidad de Madrid tendría que haberles entregado a finales del año anterior no llegaban. Se dieron cuenta de que no iban a llegar, dado que la Consejería de Sanidad Sanidad las había dejado caducar. Las bases de la convocatoria indican que, si no hay resolución en seis meses, las solicitudes se entienden desestimadas "por silencio administrativo". Es decir, Sanidad había sacado a concurso un dinero que luego decidió no entregar. Un dinero, exactamente 266.000 euros, que las entidades que ayudan a enfermos y colectivos de riesgo habían adelantado durante el año de la convocatoria, 2009. En 2010 ese adelanto de fondos las había dejado asfixiadas.

Dos años después, a principios de 2012, dos tribunales obligaron a la Comunidad de Madrid a resolver aquella subvención. "Acataremos la sentencia", afirmó entonces una portavoz de la Consejería de Sanidad. Y lo han hecho ahora.

"Sin duda, un momento especial para nosotras", dice Hetaira. "A pesar de las movilizaciones de las entidades que trabajamos en prevención de VIH de la Comunidad de Madrid, y ante la negativa de la Consejería de Sanidad para resolver la convocatoria, con un presupuesto de 266.000 euros, algunas organizaciones, entre las que nos contamos COGAM, Médicos del Mundo y Hetaira, decidimos llevar adelante una denuncia por lo contencioso-administrativo", añade en su web. "Para nosotras es una compensación ver que, en algunas ocasiones, luchar por nuestros derechos, merece la pena, al igual que no dejar impune aquellos procedimientos irregulares que además desprecian nuestro trabajo", señalan. 

"Nos encontramos en una situación insostenible", denunciaron a principios de 2010 las 13 asociaciones (entre ellas, Hetaira, Cogam, Apoyo Positivo...) afectadas en una carta. "No hemos podido trabajar en condiciones óptimas" para prevenir el VIH, añadían. Y no se trata de una infección cualquiera, ni de una región cualquiera. Uno de cada cuatro casos de sida registrados en España corresponden a Madrid. En 2008 se diagnosticaron 267 casos, según datos oficiales, lo que situaron a Madrid como la primera de la lista de contagios en España. "La epidemia del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) constituye un importante problema de salud pública en la Comunidad de Madrid", admite documentación oficial de la Consejería de Sanidad.

La diputada socialista en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli ha lamentado que el Gobierno regional tenga que cumplir sus compromisos "a golpe de sentencias" después de que las ONG que trabajan en prevención del VIH-sida hayan conseguido en los tribunales la subvención de 2009 del Gobierno popular de la Comunidad de Madrid, ha informado el PSOE en la Asamblea de Madrid en un comunicado. A su juicio, "es lamentable que la Comunidad de Madrid tenga que cumplir sus compromisos a golpe de sentencias, evidenciando su falta de sensibilidad hacia colectivos tan vulnerables".

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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