Crisis social y crisis política

El debate político catalán está atrapado entre dos trampas: el intento de utilizar la gravísima situación social para deslegitimar la apuesta por el Estado propio (“no es el momento oportuno”), y la tentación de utilizar la oleada soberanista para alejar de la campaña electoral la realidad de un país que se desangra. Ambas actitudes no se corresponden con la responsabilidad exigible a los dirigentes políticos.

En Cataluña, como en España, la crisis económica ha derivado hacia una profunda crisis social. Unos umbrales de desigualdad sin precedentes atraviesan nuestra sociedad. Es desmoralizante ver como la inmensa mayoría carga con unas políticas de austeridad, aplicadas sin piedad, que no tienen otro objetivo que socializar la abrumadora deuda privada de los años de la gran burbuja. Cunde la sensación de que las élites dirigentes han abandonado cualquier idea de responsabilidad compartida y que les tienen sin cuidado los elementales criterios morales que marcan los límites para que una sociedad sea sostenible. El paro alcanza proporciones desorbitadas, con una reforma laboral facilitadora objetiva del desempleo como única respuesta; los desahucios dejan a decenas de miles de personas sin casa y ningún Gobierno toma iniciativa alguna para evitar lo que es una causa de miseria, de marginación, e incluso de muerte; se dice que los mayores de 65 años son los que aguantan mejor la situación y que muchas familias se sostienen gracias a ellos, y todos sabemos que el próximo rescate supondrá una nueva vuelta de tuerca para las pensiones.

La obligación de los Gobiernos es garantizar el respeto a la dignidad de los ciudadanos y la máxima extensión del bienestar. Desde 2010 este país funciona con unas políticas impuestas desde fuera que han fracasado en lo que debía ser la tarea principal: evitar que la crisis económica se convirtiera en profunda crisis social. Y, erre que erre, Gobierno español y Gobierno catalán siguen empeñados en la misma catastrófica vía. El Gobierno catalán, escudándose en un sistema de financiación que nos asfixia, ha hecho de la impotencia su bandera.

En Cataluña hay dos grandes problemas: una crisis social profunda que hay que atajar por elementales razones de equidad y para evitar que se rompa la convivencia. Y una crisis política fundacional. Desde Madrid, se habla de la amenaza de ruptura social en Cataluña por el proceso de independencia. Es pura demagogia. Si hay riesgo para la convivencia será por la fractura social, no por fracturas identitarias o culturales, que son nubes que por mucho que algunos carguen no amenazan lluvia. ¿Cómo reparar los destrozos sociales de la crisis? Esta es la cuestión que ningún dirigente político puede eludir.

Pero este problema no debe ser coartada para minimizar el otro: la voluntad de un amplio sector de la sociedad de cambiar la relación con España. Ciertamente, la escalada soberanista no puede sostenerse sobre la negación de los problemas sociales del país. Una Cataluña independiente necesitará más todavía un equilibrio social sólido. Sin enemigo exterior, la conflictividad se tendrá que elaborar en casa, sin posibilidad de sublimarla hacia fuera. Pero hay una demanda social fuerte por la independencia a la que hay que dar una respuesta política. Puede que la crisis y la situación económica la hayan hecho crecer. Y que en tiempos de bonanza la indignación que ahora se está traduciendo en proyecto político no hubiera sido tan mayoritaria. No sería esta una buena noticia para la independencia, porque un fenómeno que viene dopado por la coyuntura puede perder fuelle rápidamente si la coyuntura cambia. Pero la legítima reivindicación está sobre la mesa y la convocatoria de un referéndum es la salida democráticamente más razonable. Es deseable que esta petición encuentre un refrendo amplio en las próximas elecciones.

Conclusión: hay que prevenir contra el ventajismo. No sería aceptable que CiU se hubiese puesto al frente de la manifestación independentista para amortizar el fracaso económico de su gestión y alcanzar una mayoría absoluta para buscar el enésimo arreglo a la baja en Madrid. Sin duda, el presidente Mas lo pagaría muy caro. Del mismo modo que no es aceptable tratar de frenar las peticiones de un movimiento social de gran calado, como el que se expresó el 11-S, con la coartada de la crisis, una crisis que, precisamente, los que practican el ventajismo están tratando con políticas que solo aportan humillación y malestar a la mayor parte de la ciudadanía.