Fabra no oculta su malestar con Rajoy

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, está muy dolido con el Gobierno que preside Mariano Rajoy. Y con él, el empresariado valenciano, que no entiende las razones que han llevado al Gobierno central a penalizar a la Comunidad Valenciana en los Presupuestos Generales del Estado de 2013.

La inversión prevista es un 35% menor que la del año pasado y está muy por debajo de la media española per cápita. Fabra intentaba que la situación se corrigiese con enmiendas del propio PP por importe de 144 millones de euros a los presupuestos del Estado, especialmente para acelerar la construcción del corredor ferroviario mediterráneo. El resultado, sin embargo, no ha podido ser más frustrante. El Gobierno no ha atendido ni una sola de las peticiones de Fabra, mientras admitía a trámite las enmiendas de la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, para impulsar la construcción del corredor ferroviario central, que no forma parte de los ejes prioritarios de la UE.

“Nos sentimos muy agraviados”, confesó Fabra en público, “He hablado con la vicepresidencia del Gobierno y con varios ministros, pero no con Rajoy”. “Yo sigo reclamando ese dinero y lo voy a seguir reclamando ahora por los ministerios, intentando corregir situaciones que creemos que nos tratan de forma injusta”.

Fuentes del PP admitieron que, pese a la moderación de Fabra, el malestar del presidente de la Generalitat es total, sobre todo porque considera que lo ocurrido esta semana “marca un punto de inflexión” en sus relaciones con el Gobierno central. Ni Fabra ni su Ejecutivo comprenden cómo, tras afrontar todos los sacrificios que les reclamaba el Gobierno —como la reconversión del sector público que supondrá el despido de más de 5.000 empleados públicos— este les ha dado con la puerta en las narices. Una reacción que podían haber esperado de un Gobierno socialista, pero no del Ejecutivo presidido por Rajoy.

El Gobierno maltrata y margina a la Comunidad, dicen los patronos

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal pidió comprensión a Fabra y al resto de presidentes autonómicos molestos con los Presupuestos Generales del Estado de 2013 y se mostró confiada en que ningún diputado romperá la disciplina de voto en el Congreso. El secretario general de los populares valencianos, Serafín Castellano, confirmó que los parlamentarios de la Comunidad Valenciana mantendrán la cohesión del grupo.

El rechazo a todas las enmiendas a la inversión del Estado cayó como la gota que colma el vaso entre el mundo empresarial valenciano, que ya había calificado de “inaceptable” el proyecto de presupuestos. Una opinión agravada por el hecho de que el llamado corredor central, que teóricamente compite con el corredor ferroviario mediterráneo, sí ha visto aumentados sus fondos en el último trámite.

La impresión casi unánime —y hace falta observar cuál ha sido la posición histórica de la élite económica valenciana para constatar el cambio que implica— es que el Gobierno “margina” y “maltrata” a la Comunidad Valenciana.

El portazo del Ejecutivo a Fabra después de que este hubiera anunciado las enmiendas —lo que generó cierta esperanza de que el hachazo iba a ser amortiguado— también ha confirmado en los foros empresariales el escaso peso que el presidente de la Generalitat tiene entre sus correligionarios de Madrid, más si se compara con el de otros barones territoriales.

Los sindicatos instan al presidente a apoyar enmiendas de la oposición

Este hecho se atribuye, en parte, al “estigma” —en palabras de la influyente Asociación Valenciana de Empresarios (AVE)— que pesa sobre la Comunidad Valenciana como sinónimo de casi todo lo malo de España: despilfarro, mala gestión y escándalos de corrupción.

Los empresarios consideran injusta esa etiqueta. Pero creen que la responsabilidad reside en buena medida en los propios gobernantes valencianos. Hace meses que se anunció una política de tolerancia cero con la corrupción, pero casi cada semana hay un cargo público en los juzgados. Se aseguró que la prioridad del Gobierno autonómico sería pagar a los proveedores, pero cada mes se acumulan nuevos impagos. Se diseñaron reformas profundas del sector público, pero elementos centrales han encallado por problemas jurídicos o por falta de liquidez para ejecutarlos.

Ante esa situación de ingravidez, los empresarios han decidido levantar por sí mismos la voz frente al Ejecutivo en los tres elementos que consideran clave: la reforma del sistema de financiación, el aumento de la inversión del Estado y el corredor mediterráneo. Un camino para el que ven imprescindible la unidad de los valencianos —políticos pero también sociedad civil—.

La opinión de los sindicatos fue, como cabía esperar, más dura. “Esto desvela el escaso valor que Mariano Rajoy da a los valencianos y valencianas en general y a los de su propio partido en particular”, señaló Conrado Hernández, secretario general de UGT-PV, que se ofreció, sin embargo, a dar su apoyo a Fabra en la exigencia ante el Gobierno. Paco Molina, secretario general de CC OO-PV, opinó por su parte que a Fabra, “para salvaguardar su credibilidad, no le queda otra alternativa que apoyar las enmiendas presentadas por el resto de grupos políticos del País Valenciano”.

En este contexto de profundo malestar, el Consell hará público hoy el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat de 2013, que prevé una reducción de la masa salarial de los empleados públicos del 6,6% respecto al presupuesto actual. El ahorro de la Generalitat, que se obtendrá sobre todo de los despidos y la amortización de plazas, se elevará a cerca de 400 millones de euros. Fuentes del Consell indicaron admitieron que, con la obligación de cerrar 2013 con un déficit del 0,7% del PIB, serán las cuentas más austeras de la historia de la Generalitat, que este año tendrá problemas para cumplir con el déficit del 1,5% impuesto.