Los presupuestos de 2013 serán los peores de los últimos 10 años

La Comunidad de Madrid regresará mañana a 2004. Los presupuestos para el año que viene sufrirán un retroceso de casi 10 años. Los 2.700 millones por recortar, según los cifró Ignacio González por primera vez la semana pasada, dibujan un panorama ya de por sí oscuro, en el que el Gobierno regional ha esperado hasta el último momento —el 31 de octubre era la última fecha hábil para registrar los presupuestos de 2013 en la Asamblea de Madrid— para cuadrar el sudoku más difícil que se recuerda. “En estos últimos cuatro años hemos quitado grasa, había muchos lados de donde se podía rebañar, pero lo de ahora... Nos arriesgamos a tocar músculo”, resumen desde el Ejecutivo autonómico, donde reconocen que el tijeretazo de 1.045 millones que aplicaron en verano sobre los presupuestos de 17.048 millones para este ejercicio ya fue “doloroso”. Ahí está la sonora respuesta a la subida de las tasas universitarias, o la caída de las becas de comedor o las ayudas para libros.

Los presupuestos de 2013, que se conocerán mañana, serán muchísimo más crudos. Serán un cambio radical. Así serán unos presupuestos que se barruntan por debajo de los de 2004 (13.555 millones). “Los servicios esenciales están asegurados, no se cerrarán escuelas ni hospitales”, aseguran en la Comunidad. El resto está por ver. Como que los 40.000 trabajadores eventuales en nómina mantengan su empleo. Lo que se da por descontado es la desaparición de más entes públicos, siguiendo la estela que Esperanza Aguirre inició en 2008. “Hay una alternativa a tocar la sanidad, a que haya menos profesores, a que la Dependencia se quede en una bonita declaración de intenciones... Solo eliminando la bonificación del impuesto de sucesiones se recaudarían 2.400 millones. Si a eso le sumas 300 más por las bonificaciones del IRPF, te salen 2.700 millones justos, y evitaríamos hacer sufrir a la gente”, afirma Antonio Carmona, diputado del PSM.

La expresidenta madrileña siempre se prodigó en destacar a la Comunidad como la primera región en reaccionar conteniendo el gasto ante los primeros síntomas de la crisis frente a la falta de reacción del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero. Entre las iniciativas, pioneras y repetidas posteriormente por toda España por otros barones del PP, la mentora de Ignacio González adelgazó la administración autonómica con la supresión de un tercio de las empresas públicas y el 42% de los organismos autónomos. Las consejerías pasaron de 15 a ocho. Los salarios de los cargos de confianza que sobrevivieron a la criba menguaron un tercio. Todo para dar ejemplo y contener un enfado social in crescendo, como el de los 180.000 empleados públicos a los que el Ejecutivo rebajó en verano sus salarios por tramos, con escalas que iban desde el 1,8% al 3,3%.

El ahorro resultante de la aplicación de toda esa batería de medidas, impopulares en la calle, ha sido de 3.200 millones. Una media de 800 millones por año. González, que lleva un mes y tres días en el cargo, afronta un escenario sin precedentes: acometer un tajo brutal de 2.700 millones de una sola vez. Una buena parte es el resultado de un pulso perdido: los mil millones del sistema de financiación que Enrique Ossorio, desde hace un mes consejero de Economía y Hacienda, negó a Madrid al otro lado de la trinchera, como número dos de Antonio Beteta en la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Las súplicas de Madrid no han tenido efecto, al menos de momento. A eso hay que añadir los otros 1.700 millones para cumplir con el objetivo de déficit del 0,7% fijado para el año que viene, ocho décimas menos que el de 2012.

La alternativa de gravar a las rentas más altas, recuperando impuestos como el de Patrimonio a “sugerencia” del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no se contempla en la Real Casa de Correos. González es reacio a hacerlo “por principios y por mantener un discurso coherente”. Otra cosa son las tasas, que técnicamente no son impuestos, aunque la sensación que deje en los bolsillos de los contribuyentes sea la misma.