El Gobierno rechaza la creación de un banco de tierras para los desempleados

Cuarenta años con la misma demanda y otros tantos con la misma respuesta: no. Los trabajadores del campo andaluz reclaman desde el siglo pasado que las tierras ociosas o desaprovechadas puedan ser cultivadas por los obreros en paro. Ahora que la situación de desempleo vuelve a ser dramática, IU ha llevado la propuesta de creación de un banco de tierras al Gobierno central y al andaluz, con el que comparten el Ejecutivo. El primero ya ha contestado que de ninguna manera; el segundo, aún no ha respondido.

“La actividad agraria es la principal fuente de empleo en la mitad de los pueblos andaluces”, según reconoce un estudio de la Junta sobre este sector. La tendencia crece por la crisis en otros ámbitos económicos, que ha provocado que muchas personas busquen ocuparse de nuevo en la superficie agraria, que en Andalucía ocupa 4,7 millones de hectáreas, más de la mitad de la región.

Para hacer frente a esta situación, IU incluyó en su programa electoral y en sus condiciones de pacto con el PSOE para formar el Gobierno andaluz la creación de un banco de tierras.

La propuesta, defendida en el Congreso por el diputado de IU José Luis Centella, plantea la puesta a disposición de cooperativas agrarias las fincas del Estado que puedan ser cultivadas o aprovechadas por desempleados.

Sin embargo, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha cerrado la puerta a esta posibilidad y ha explicado que las fincas del Estado “tienen como finalidad principal la conservación del medio natural y el uso y disfrute por los ciudadanos siempre que sea posible”.

En ese “uso y disfrute” no incluye finalidad principal el empleo. Por el contrario, considera complementaria la “explotación sostenible del monte y los aprovechamiento forestales, cinegéticos y ganaderos”. En cualquier caso, aunque admite que “generan actividad económica y por tanto empleo en las zonas donde se realizan”, limita “la adjudicación de estos aprovechamientos a terceros” al “procedimiento establecido en la legislación de contratos del sector público, que necesariamente deben incluir la publicidad y la libre concurrencia”.

Para Centella, cuya formación aún se encuentra a la espera de la respuesta de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía a la misma propuesta, la reacción del Ministerio de Miguel Arias Cañete evidencia que “el Gobierno central renuncia a la creación de empleo como elemento prioritario en su actuación política”.

Centella argumentó que grandes extensiones de tierras propiedad del Estado, muchas de ellas encomendadas el Ejército, “podrían ser dedicadas a uso agrícola y cultivadas por cooperativas, lo que permitiría en estos tiempos de crisis disponer de un instrumento para combatir el altísimo nivel de paro existente en la zonas rurales”.

El banco de tierras que propone IU sería un organismo que se encargaría de “redistribuir los terrenos agrícolas” y adecuar su uso para que favorezcan el desarrollo rural. “Es una herramienta que permitiría movilizar las fincas de cultivo a través de arrendamientos o cesión para permitir aumentar el valor de las zonas que no están siendo cultivadas. A la vez, se podría recuperar y frenar la pérdida de superficie agraria útil, evitando las situaciones de abandono de las mismas”.

Los destinatarios de esta iniciativa serían cooperativas de forma preferente, desempleados y jóvenes, por lo que también se contribuiría a evitar el envejecimiento y el éxodo rural. Añade Centella que también serviría la iniciativa para abrir campos de investigación y experimentación agraria gestionados por la Comunidad Autónoma.