PNV y PP pactaron a última hora retener las vacaciones fiscales en caja

PNV y PP pactaron a última hora dar un golpe de mano en el Consejo vasco de Finanzas Públicas (CVFP) del pasado martes, para retener en sus respectivas cajas los fondos recuperados de las vacaciones fiscales, 81 millones Bizkaia y 209 Álava, en vez de someterlos al sistema de reparto con el Gobierno y Gipuzkoa, el escenario en el que todas las instituciones llevaban un año trabajando. La suma del voto de Martín Garitano (Eh Bildu) a los tres del Gobierno, desbarataron la operación. Al final, de los 309 millones recuperados, 210 llegarán al Ejecutivo y el resto se repartirán entre diputaciones y ayuntamientos.

Tanto fuentes del Ejecutivo como de la diputación de Gipuzkoa estiman que la maniobra política tuvo que gestarse en las últimas horas antes del Consejo, habida cuenta de que la última reunión preparatoria del CVFP, celebrada el pasado 16 de octubre, en plena campaña electoral, transcurrió con absoluta normalidad.

Ni los técnicos alaveses ni los vizcaínos plantearon un cambio en la metodología en la que llevaban trabajando desde que pactaron el sistema en octubre de 2011. Una metodología que se basaba en que cada una de las diputaciones forales aportaría a las instituciones comunes la cuantía resultante de aplicar el coeficiente de distribución vertical —70% para el Gobierno— al importe que haya recuperado. Durante un año nadie sancionó ese acuerdo y todas las partes se comprometieron en incorporar ese dinero al sistema de aportaciones “a partir” de 2012.

El caso es que nada más comenzar la reunión del martes, —en la que las diputaciones y el Gobierno hicieron los últimos ajustes para que la cita en la que tenían que cerrar la preliquidación de ingresos tributarios de 2012 y las previsiones de ingresos para 2013—, Álava y Bizkaia dinamitaron el orden del día. En ese momento reclamaron un nuevo escenario en el que los 309 millones recuperados de las vacaciones fiscales por las tres diputaciones —Gipuzkoa había recuperado 18— se quedaran en cada hacienda.

El argumento inicial fue el de la inseguridad jurídica. Puesto que las diputaciones habían recurrido a la Corte de Luxemburgo para que explicara la metodología de cómputo de las devoluciones, “no procede ingresarlas en la caja común no vaya a ser que haya que devolverlo a las empresas” argumentaron.

El segundo argumento fue el de la redacción. “A partir de 2012 es 2013” sostuvieron en la reunión para intentar retrasar la entrega de los fondos. Aunque es cierto que la expresión “a partir” de 2012 podría dar lugar a diferentes interpretaciones, la diputada de Hacienda de Gipuzkoa, Elena Franco, lo dijo ayer con claridad “sólo estábamos trabajando en una hipótesis, la de ingresar el dinero en este ejercicio”.

De haber triunfado la operación, PNV y PP hubieran logrado sendos triunfos políticos y financieros, aunque no los estuvieran buscando premeditadamente. El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao se hubiera puesto la última medalla de su particular guerra contra el lehendakari Patxi López, al desencajarle totalmente las cuentas y ponerle en un aprieto para cuadrar el déficit en el 1,5%. Sin el dinero de las vacaciones fiscales en la caja común del reparto, el Gobierno se hubiera quedado sin los 210 millones de euros con los que ya contaba. Una situación que hubiera proporcionado gasolina al próximo Ejecutivo para achacar al socialista parte de la responsabilidad de los recortes que va a tener que afrontar Iñigo Urkullu.

Pero además, de no ingresarse esos fondos en el ejercicio de 2012, podrían perfectamente engrosar los presupuestos del Gobierno de 2013, —esta vez en manos del PNV— como una inyección extra.

Para el PP alavés la jugada tenía otro carácter. El de la seguridad que proporciona tener 209 millones de euros en la caja, por si acaso, o para otros fines, en una coyuntura tremendamente complicada que el propio ejecutivo foral definió como de “economía de guerra”.

Nada más llegar el PP a la diputación de Álava, el pasado año 2011, el nuevo diputado de Hacienda, José Zurita acusó al anterior diputado general del PNV, Xabier Aguirre, de haberse gastado el dinero recuperado de las vacaciones fiscales.

El PNV lo negó, pero el caso es que Zurita explicó en las Juntas Generales que la Diputación tenía que hacer frente a la devolución al Gobierno vasco del 70% de los 80 millones de euros recuperados hasta entonces, y a renglón seguido pactó en el Consejo Vasco de Finanzas incorporar las cantidades recuperadas en 2011, en plazos, a lo largo de 2012.

Es decir, Álava está ingresando en la caja común las cantidades recuperadas en 2011 y ahora tiene que incorporar las de 2012, —209 millones adicionales— que en total sobrepasan con creces la mitad de todo su presupuesto operativo para este año, que asciende a 437 millones.

Los partidos continuaron ayer lanzándose acusaciones. El PP y el PNV acusaron al Gobierno y a Bildu de pactar para “maquillar sus cuentas” y estos lo rechazaron al asegurar que actuaron en coherencia con los acuerdos.