Homs equipara la burocracia española con la de Uganda

El Gobierno catalán dio ayer un nuevo paso: convencer a las élites económicas del supuesto lastre que implica continuar dentro de España. El ejecutivo de Artur Mas dio el visto bueno a un informe jurídico interno que pretende demostrar que la invasión de competencias de la Generalitat por parte del Estado no solo genera un problema político, sino también un perjuicio económico a las empresas catalanas por la “inseguridad jurídica” que crea.

Mas tiene previsto viajar a Bruselas el próximo 7 de noviembre, a poco más de 24 horas del arranque de la campaña electoral catalana, para explicar su proyecto soberanista en medios de la Unión Europea. Este proyecto incluye para la próxima legislatura un referéndum sobre la posible constitución de Cataluña como Estado dentro de la Unión Europa.

El informe jurídico sobre la invasión de competencias por parte del Estado se centra en cuestiones de carácter exclusivo de la Generalitat, como turismo o comercio. Repasa algunas de las normas que ha aprobado el Gobierno central y que, además de entrar en contradicción con la normativa catalana, pueden generar confusión o burocracia innecesaria. El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, utilizó un tono casi de mitin para asegurar que el Estado “se mete allí donde no le toca” con “duplicidades absurdas” casi en la totalidad de las competencias catalanas en el ámbito normativo y administrativo.

En materia de turismo, Homs destacó que el Estado gasta “cerca de mil millones y dedica 5.084 funcionarios en algo que no tiene competencias y no le toca”. También incidió en las diferentes normas sobre horarios comerciales que están vigentes y que, en el caso catalán, generan dudas entre los empresarios. El documento, elaborado por el Instituto de Estudios Autonómicos, deja “para otra ocasión” el análisis de si la Generalitat invade competencias cuando, por ejemplo, subvenciona entidades de fuera de Cataluña o toma determinadas decisiones sobre los municipios.

El mensaje que ayer lanzó el Ejecutivo catalán es que el Gobierno central impide el desarrollo económico con leyes anticuadas o duplicadas. Y para ello no dudó en echar mano de estudios elaborados por todo tipo de organismos. “España no es Uganda, es cierto —afirmó—, pero algunos informes de organismos internacionales, como un ranking del FMI, la sitúan en el mismo nivel por lo que respecta a burocracia administrativa que hay que superar cuando se crea una empresa”. También comparó a España con otros países en desarrollo como Mongolia, Camerún o Kazajistán.

Con estos argumentos, el Gobierno catalán intentó defenderse también de las acusaciones que le llegan desde el Ejecutivo central de estar impidiendo la recuperación económica con sus demandas soberanistas. A las acusaciones de ayer del ministro Cristóbal Montoro, que dijo que la Generalitat levanta banderas para tapar el fracaso económico, Homs respondió: “Las duplicidades administrativas que crea el Estado sí que generan falta de confianza”.

El mensaje del Gobierno catalán no está calando entre los grandes empresarios. Antonio Brufau, presidente de Repsol, se ha sumado a las voces que desde el mundo económico piden moderar las posiciones: “Cuando hay algo que no funciona bien, lo que hay que hacer es sentarse a hablar para convertir un problema en una oportunidad”.