El Gobierno se alía con Bildu para lograr 210 millones de fondos forales

Que la de hoy no iba a ser una reunión del Consejo Vasco de Finanzas cualquiera estaba claro, pero de ahí a que no hubiese acuerdo en casi ninguno de los puntos que se iban a tratar mediaba un abismo. Ni en la preliquidación de los ingresos tributarios para este año, ni en las previsiones de ingresos para 2013 hubo consenso en el órgano en que se sientan el Gobierno autónomo (ahora en funciones) y las tres Diputaciones.

En el primero de esos puntos, el Ejecutivo y EH Bildu se unieron para forzar a Bizkaia y Álava, en manos del PNV y el PP, respectivamente, a contribuir con 309 millones de euros adicionales a las deterioradas arcas públicas, en medio de un enorme enfado del diputado general vizcaíno, José Luis Bilbao. Aun sin empezar la legislatura, el PNV, flamante ganador de las elecciones del 21-O, perdía en la primera cuestión de calado.

Y las Diputaciones pactaron en solitario las previsiones de ingresos para 2013 con la abstención del Gobierno, que las ve “extremadamente conservadoras” y que, a su entender, obligarán al próximo Ejecutivo de Iñigo Urkullu a recortar “cruzando las líneas rojas de los servicios sociales esenciales”.

La bronca fue de tal calibre que una reunión cuya duración prevista estaba en torno a la hora y media acabó extendiéndose seis. Y a su término se rompió la habitual imagen de unidad, a veces algo forzada, de una rueda de prensa conjunta, para que cada uno de los tres diputados generales y el consejero de Economía en funciones, Carlos Aguirre, compareciesen por separado.

Bilbao sostiene que el Ejecutivo saliente busca “maquillar” ahora sus cuentas

En contra de todas las previsiones, el principal atasco se produjo en el destino de los fondos que las Diputaciones han recuperado de las empresas por las vacaciones fiscales, las ayudas que la UE declaró ilegales por considerarlas de Estado. Este año las tres instituciones forales han recobrado 309 millones con ese motivo, de los que 209 millones corresponden a Álava, 81 a Bizkaia y 18 a Gipuzkoa. El pasado año recuperaron otros 227 millones en total. Algunas fuentes apuntan que todavía faltan otros 211 millones más.

Aunque las Diputaciones y el Gobierno habían pactado repartirse esas cantidades, Bizkaia y Álava se unieron ayer para, en una situación de crisis y bajada de la recaudación como la que atraviesan todos, intentar evitarlo. Su argumento es que la cuantificación de las devoluciones está pendiente aún de una resolución judicial en Europa.

“Hay que esperar, por seguridad jurídica”, esgrimieron Bilbao y su homólogo alavés, Javier de Andrés, ante la posibilidad de que, como en el caso Rover (relativo a la devolución del IVA por la importación de vehículos) el dinero en litigio con otra Administración —en ese caso la estatal— se repartiese y después hubiera que devolverlo.

“En una coyuntura como esta es coherente y de justicia meter ese dinero en el sistema”, abanderó el diputado general guipuzcoano, Martin Garitano, de Bildu. Aguirre y su equipo resaltaron que en ninguna de las reuniones previas preparatorias del Consejo Bizkaia o Álava habían planteado reservar esos 309 millones.

Bilbao protestó con dureza por este asunto, hasta el punto de asegurar que se trata de “una forma de maquillar las cuentas de un Gobierno saliente”, al que consideró “ilegítimo” para tomar determinados acuerdos.

Aguirre le replicó: “Bilbao se pone así siempre que no consigue lo que quiere”. Al final, de esos 309 millones, 210 irán directamente al Gobierno, que de esa forma se garantiza cerrar el año con un déficit del 1,5%, como pactó con el Ministerio de Hacienda en el Plan de Reequilibrio financiero. “El déficit del 1,5% está garantizado. El problema no es 2012, es 2013”, apuntó el consejero en funciones. Los otros 99 millones se quedarán en las arcas forales.

Las instituciones territoriales han hecho unas previsiones muy conservadoras de ingresos para 2013. Suman 11.825,7 millones de euros, 425,5 millones más que la previsión de preliquidación para este año, es decir, el 3,7% más debido a los ajustes en los impuestos, pero el 2,4% menos que lo aprobado para este ejercicio.

Es decir, el Gobierno saliente va a recibir en torno a 500 millones menos por el impacto de los 716 millones en que cae la recaudación, pero el próximo sufrirá una merma de unos 700 millones adicionales, entre el déficit que se debe bajar del 1,5% al 0,7%, y la caída de ingresos.