Compromís defiende que no se pague los 120.000 millones de deuda “ilegítima”

“Plantémonos, no paguemos”. El portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Enric Morera, abogó ayer por no pagar lo que calificó como “deuda ilegítima”, que estrangula la solvencia de las Administraciones y afecta a los servicios públicos y a los derechos de los ciudadanos.

La posición de la coalición de no rescatar los bancos sino a las personas está plasmada con todo detalle en una enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado presentada por el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví. En ella, se explica que el Estado español no puede hacer frente a los pagos que adeuda “sin crear un escenario de inseguridad jurídica para sus empleados, los pensionistas o los actuales cotizantes de la Seguridad Social. También para trabajadores y empresarios”. Por ello propone “negar el pago de esa deuda hasta que se delimiten las responsabilidades, que en muchos casos serán judiciales, de quienes han arruinado las cajas o quienes desde la Administración han ordenado obras públicas o gastos sin ningún fundamento económico razonable”.

Según Compromís, “el pago obligatorio de la deuda impide que nuestra economía entre de nuevo en una trayectoria de crecimiento”.

Indica Compromís que desde 2008 se ha generado con las cuentas del Estado una deuda ilegítima que en el proyecto de Presupuestos de 2013 se confirma. Y la cuantifica en 120.000 millones de euros, cerca de un 12% del PIB. Unos 45.000 millones se habrían empleado en el saneamiento del sector bancario. “La única deuda pública legítima es aquella que sirve para equilibrar las cuentas de la Administración del Estado respecto de las operaciones propias de la actividad del Estado (justicia, servicios generales, seguridad, sanidad, prestaciones sociales, infraestructuras...)”, recoge la enmienda de devolución.

Compromís considera que la Administración central es responsable de la mayoría de la deuda, aunque quiera trasladar esa responsabilidad a las comunidades autónomas. Añade que, además, los valencianos se ven penalizados por un sistema de financiación autonómica injusto. Según la coalición, el Estado español ofrece a la Generalitat un rescate, mediante el Fondo de Liquidez, “a cambio de desmantelar los servicios públicos”. Por eso propone “una moratoria sobre el pago de la deuda pública”.