Una empresa del Proteja firmó 75 contratos para un trabajo ‘fantasma’

La Junta de Andalucía ha reclamado al Ayuntamiento de Cádiz el reintegro de parte de los fondos que recibió del Programa de Transición al Empleo del Gobierno Andaluz (Proteja), tras conocer una denuncia de la Inspección de Trabajo que ha detectado que una empresa contratada por el Consistorio gaditano con estos fondos autonómicos dio de alta a 75 trabajadores en una obra en la que nunca llegaron a trabajar. Cobraron pero no prestaron sus servicios. El Ejecutivo andaluz pide una actuación contundente del Ayuntamiento contra esta compañía. El delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, se pregunta si esa maniobra pudo servir para “engordar” la lista de puestos de trabajo que en la capital gaditana se crearon gracias a este plan.

La empresa Peninsular de Contratas SA, con sede central en Madrid y oficinas en Andalucía, fue la adjudicataria del proyecto de remodelación del entorno del castillo de Santa Catalina, acogido a los fondos Proteja. El contrato definitivo se fijó en 578.452,23 euros. En principio, se planteó la contratación de 28 trabajadores que se repartían 2.162 jornadas. Lo extraño sucedió en octubre de 2011, cuando la compañía planteó y después el Ayuntamiento corroboró una nueva oferta laboral para crear 75 nuevos puestos de trabajo, sobre todo, de vigilancia y limpieza. Para entonces la obra estaba prácticamente concluida.

La Inspección de Trabajo actuó tras una denuncia de tres de esos trabajadores, que alertaron haber sido dados de alta en la Seguridad Social “sin haber prestado servicios para la citada empresa ni un solo día”. Los inspectores en una visita a la entrada del castillo comprobaron que jamás tantos operarios habían trabajado en esa remodelación. La propia jefa de obra terminó reconociendo que, pese haber sido dados de alta esos 75 empleados, al final no hicieron falta y no llegaron a prestar servicio en la obra.

La Junta de Andalucía, tras conocer este informe y detectar la enorme diferencia que suponía la previsión inicial de trabajadores y el resultado final, remitió un informe en mayo al Ayuntamiento en el que le instaba a aclarar las irregularidades detectadas. En todo caso, el Gobierno andaluz anunciaba en otro escrito más reciente, del 24 de septiembre, el inicio del procedimiento para la retención de 50.358 euros de dinero pendiente de transferir del Proteja al Consistorio, como medida de garantía ante las dudas legales de estos contratos.

El Ayuntamiento admite que durante toda la obra hubo una supervisión de los contratos hasta que en junio de 2011 la compañía dejó de contestar a los requerimientos trimestrales sobre personal. En mayo de este año la junta de gobierno, tras haber sido alertada por la Inspección de Trabajo y la Junta de Andalucía, decidió “iniciar expediente de determinación de responsabilidades”, en las que podría haber incurrido Peninsular de Contratas SA. La compañía no ha respondido aunque, según el Consistorio, todavía está en plazo de alegaciones para defenderse. El Ayuntamiento asegura que siempre ha exigido el cumplimiento de la ley a esta compañía, aunque la Junta recuerda que lo hizo después de ser advertido por instancias superiores. El Consistorio ya ha aclarado que demandará el dinero retenido por la Junta a la empresa adjudicataria.

El Gobierno andaluz quiere aclarar al final del proceso por qué se pasó de necesitar 28 empleados a requerir en la última fase de la obra 75 nuevos operarios. Contratos que resultaron innecesarios. “Sin duda, eso servía para engordar el número final de beneficiados por el Ayuntamiento dentro del Plan Proteja. No sé si es fue la finalidad de estas contrataciones pero el Consistorio debe hacer todo lo posible por resarcir el daño”, apuntó López Gil. También el PSOE ha demandado explicaciones más claras al Ayuntamiento.