“El canon tenía problemas jurídicos”

El consejero de Sanidad, Luis Rosado, intentó este viernes defender el viraje realizado por el Consell. El problema es que lo que se presentó en abril como un modelo de gestión público-privado obligado por los problemas de sostenibilidad del sistema sanitario, tenía otras alternativas.

Rosado aseguró que, entre enero y agosto, la Consejería de Sanidad ha conseguido ahorrar con distintas medidas un total de 296 millones de euros y que confía en alcanzar el objetivo de 440 millones que se impuso para todo el año. Esfuerzos que no serán suficientes en el escenario macroeconómico previsto para 2013. De ahí la necesidad de buscar nuevas fórmulas para seguir conteniendo el gasto.

“El canon tenía problemas jurídicos”, admitió Rosado. Pero ese no ha sido el único obstáculo. El titular de Sanidad, y el Gobierno de Alberto Fabra en su conjunto, se han negado a ceder a la pretensión de los potenciales concesionarios. Estos exigían poder decidir sobre las retribuciones y la organización del personal sanitario, siguiendo la estela del modelo Alzira.

Sin embargo, Rosado, que es médico en la sanidad pública valenciana, es consciente de que esa decisión hubiese abierto un escenario de consecuencias impredecibles. Con todas esas complicaciones, Sanidad ha optado por perseverar en el modelo existente. Es decir, buscar nuevas mejoras que permitan contener el gasto y buscar nuevos nichos de gestión para privatizar. La solución tampoco desagrada al consejero de Hacienda, José Manuel Vela, porque las cuentas de este año no se le descuadran demasiado tras beneficiarse de los recortes decretados por Mariano Rajoy en educación, sanidad y en los salarios de los funcionarios. Cuestión distinta será 2013.

En este escenario, Vela presentó el proyecto de ley que introduce nuevos impuestos medioambientales, tasas judiciales, recupera el impuesto de patrimonio y modifica al alza el impuesto de transmisiones patrimoniales. Este aumento de la presión fiscal tenía que haber empezado a generar ingresos en el último trimestre de este año, pero, como el proyecto de ley no estará aprobado hasta finales de año, los réditos no llegarán hasta el siguiente ejercicio. Lo que supondrá también una modificación de los ingresos previstos por este concepto en el plan de estabilidad presentado en abril.

La oposición no tardó en criticar la actuación del Gobierno valenciano. El portavoz de Sanidad, Ignacio Subías, calificó de “confusa y preocupante” la actuación de la Consejería de Sanidad.

“Privatizan lo que ya estaba privatizado y ahondan en el control sobre la gestión pública a través de empresas privadas”, argumentó el portavoz socialista de Sanidad, Ignacio Subías.

“Este modelo no aporta absolutamente nada”, insistió el portavoz del PSPV, “no sabemos cómo van a ahorrar más con la privatización integral de los servicios”, remachó Subías, que añadió: “La intervención de Rosado ha sido decepcionante, aunque esperada”.

La portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra afirmó: “El Consell ha tenido que renunciar al canon que quería cobrar a las empresas adjudicatarias y ha tenido que contentar a las empresas para que puedan repartirse el botín de la privatización”. “Las privatizaciones solo benefician a los que hacen negocio”, indicó.

Marga Sanz, portavoz de Esquerra Unida, cuestionó la actuación del Consell. “Las medidas tienen que ver con cuestiones ideológicas, no con criterios económicos”, prosiguió Sanz, “la crisis es una excusa para profundizar en la privatización”.