El Consell asfixia a una de las tres clínicas valencianas de abortos de alto riesgo

La presión se hizo insoportable. Mediterránea Médica, una de las tres clínicas privadas autorizada para practicar abortos de alto riesgo en la Comunidad Valenciana –hasta 22 semanas de gestación- ha anunciado este viernes que dejará de prestar sus servicios durante la próxima semana como medida de presión. Una deuda de la Consejería de Sanidad de 415.000 euros, acumulada por los impagos de las derivaciones de los hospitales de la red pública desde febrero, se encuentra tras la decisión.

El Consell también adeuda al centro 50.000 euros de abortos realizados entre 2010 y 2011. “Han venido a cortar la luz, y yo estoy a punto de perder mi casa por no pagar la hipoteca”, ha admitido Josep Lluís Carbonell, director de la clínica, que ha reconocido que sus 20 trabajadores llevan cuatro meses sin cobrar mientras que la empresa no paga a los proveedores desde hace medio año. El centro tiene, además, embargadas sus cuentas por la Seguridad Social y los bancos le han retirado el crédito.

Carbonell, que también es miembro de la Asociación de Clínicas Acreditativas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), negó un motivo ideológico en los impagos. “Nuestra situación no está orquestada por la extrema derecha del PP, pero lo parece”.

El cese de actividad promovido por la empresa supondrá la suspensión de los abortos procedentes de la red pública entre los próximo 24 el septiembre y el uno de octubre para pacientes durante el primer trimestre de gestación (voluntarios) y se ampliará una semana para las interrupciones de embarazo de hasta el segundo trimestre (malformaciones). Mediterránea Médica, cuya actividad procede en un 90% de los hospitales públicos -120 abortos al mes- precisa que mantendrá servicios mínimos para casos en los que la salud del paciente corra peligro.

La dirección del centro decidió el cierre patronal tras pactar la medida con su plantilla. Mediterránea Médica augura que su iniciativa podría saturar los servicios públicos –“solo tres hospitales aceptan interrupciones de alto riesgo en Valencia”, según Carbonell- y afectar a los centros de la Región de Murcia, del PP, que también derivan pacientes a sus instalaciones y adeuda tres meses.

Mediterránea Médica era hasta hace 15 días el único centro autorizado para practicar abortos de alto riesgo en la Comunidad. Hace dos semanas, el equipo médico de la Clínica Acuario de Beniarbeig (Alicante), que quebró el pasado 18 de junio, recibió autorización para practicar interrupciones de embarazo de hasta 22 semanas en sendos centros de Gandia y Dénia.

El director del centro abortista de Valencia entregará este viernes una carta al presidente de la Generalitat para reclamar la deuda que también suscribe Francisco Valero, director de la Clínica Deia de Castellón, que arrastra una deuda de Sanidad de 100.000 euros. El objetivo de la misiva pasa por lograr un compromiso por escrito del Consell para aminorar los impagos y atenuar la asfixia financiera de las empresas.

Carbonell se presentó como un activista por la causa de la interrupción del embarazo. Su centro ha realizado desde 1981 cerca de 50.000 abortos, de ellos “7.000 sociales” –para pacientes sin recursos- y ha organizado actividades para promocionar la píldora abortiva. “Hemos actuado siempre mitad como empresa y mitad como ONG”, aseguró el médico, que cargó con dureza contra la propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, de no considerar la malformación del feto una causa para interrumpir el embarazo. “Hemos retrocedido al pasado”, ha zanjado.

Preguntado sobre los problemas de la clínica Mediterránea Médica, el consejero de Sanidad, Luis Rosado, ha asegurado que las deudas que se tiene con los centros que dan servicios a las prestaciones sanitarias complementarias, como las dedicadas a la interrupción voluntaria del embarazo, se pagarán "próximamente", cuando se reciba el Fondo de Liquidez Autonómica.