Los niños madrileños pagarán hasta 3,80 euros por llevar tartera al comedor
Es solo un euro menos de lo que cuesta el menú escolar Los directores quieren que las familias eximan de responsabilidad al centro También reclaman que se cocine el mismo menú que el que fija el comedor Educación, que no estableció horquilla de precios ni dio fondos extra, lo ve "desproporcionado"
Ya lo avisaron en la reunión que mantuvieron con la Consejería de Educación de Madrid a finales de junio. No estaban de acuerdo con que se permita a los niños ir con tartera al colegio. Tres meses después, y con una orden encima de la mesa que deja todo el peso sobre los consejos escolares, los directores de los centros públicos de infantil y primaria han hecho una lista de recomendaciones para los padres que opten por la tartera que resulta disuasoria. Para empezar, el precio: 3,80 euros, solo un euro menos de lo que cuesta el menú escolar.
Y la lista no termina ahí. Recomiendan recipientes "termo aislantes" guardados en bolsas de iguales condiciones y "correctamente identificados con el nombre del alumno". Con el fin de "asegurar una alimentación equilibrada, saludable y variada", las familias "deberán" llevar la misma comida que marca el menú escolar para cada día. Recomiendan que los más pequeños, los alumnos de infantil, no hagan uso de la tartera.
Los padres tendrán que firmar un documento con las normas en el que asumen la responsabilidad "higiénico sanitaria" de la comida y eximen al centro y al director "de cualquier responsabilidad". El consejo de directores de colegios públicos, que representa a los 800 centros de la región, deja a cada centro elegir cómo recibirán, almacenarán y devolverán esos tupper.
"Los directores están rizando el rizo para impedir que haya tarteras en los centros", considera José Luis Pazos, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Giner de los Ríos. " "No es un boicot ni una medida disuasoria", replica Santiago Gómez, presidente del consejo de directores. "No vamos a pillarnos los dedos. Queremos garantizar un cumplimiento estricto de la ley de seguridad alimentaria".
Educación dejó en manos de los consejos escolares la horquilla de precios y no ha dado más fondos a los centros para equipamiento, además de recortar más de 10 millones la cuantía las becas de comedor. Pasan de 29,3 millones a entre "16 y 18 millones de euros", según estimaciones de la consejería. Al tiempo que redujo ayudas, permitió con una orden que los estudiantes llevaran la comida de su casa, una medida que ha provocado protestas de parte de la comunidad escolar.
Educación considera "desproporcionados" los requisitos que piden los directores, pero añade que "la competencia" para establecer esas condiciones corresponde a los consejos escolares "que son los que contratan el servicio de comedor con las empresas". Algunos consejos escolares, según Gómez, han votado contra la implantación del tuppery no van a permitirlo en sus centros. El presidente del consejo de directores no precisa la cifra, mientras un portavoz de la consejería recuerda que "ningún centro podrá negarse a prestar el servicio de comedor a los niños que lleven la comida de casa, tal y como establece la orden aprobada por la Consejería".
También hay asociaciones de madres y padres de alumnos, cuyo número la FAPA no precisa, que están votando resoluciones en las que piden que sea la Administración la que fije las normas. "Es la consejería la que abre la vía y es la que debe concretarla", añade Pazos, que considera "abusivo" cobrar 3,80 euros por ir al comedor con una tartera. La patronal del sector alimenticio en colegios calculó que la mitad del precio del menú (que en Madrid asciende a 4,8 euros tras subir un 3,5% este curso) se destina a comida y el resto a vigilancia y limpieza.
El tupper se ha convertido en muchas autonomías, como Madrid, la Comunidad Valenciana o Cataluña, en el símbolo de los recortes en la educación. La Comunidad de Madrid baraja además poner a los profesores a vigilar las horas de recreo de comedor (excluido el tiempo estricto del almuerzo) para ahorrar ese coste a los padres, según indicó a finales de agosto la propia Aguirre.
Los sindicatos rechazan la propuesta, pues aseguran que se emplearían las horas complementarias de los docentes (cinco semanales), que tendrían que restarse a labores como entrevistas con los padres, asistencias a reuniones o perfeccionamiento e investigación.
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