El retraso del CVF desata otro frente entre Gobierno y Diputaciones

El retraso en la reunión del Consejo Vasco de Finanzas (CVF), decidido por el Gobierno vasco para evitar que coincida con el calendario electoral del 21-0, ha abierto un nuevo frente de disputa con las tres Diputaciones forales, que apelan a su convocatoria antes del 15 de octubre.

La portavoz, Idoia Mendia, respaldó la comunicación realizada por carta por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre, a las Diputaciones. El Gobierno “no contempla” convocar la reunión hasta después de las elecciones del 21-O y considera que llevar a cabo ese encuentro antes “no es un buen ingrediente para una campaña”. En esta cita del CVF deben fijarse las aportaciones de las Diputaciones a la administración general vasca.

La beligerancia contra el retraso es más activa en los casos de Bizkaia (PNV) y Álava (PP), pero también Gipuzkoa (Bildu) dijo ayer que no ve razones para variar la fecha habitual.

La portavoz puso en valor que se tratará de “solo diez días” de diferencia, y negó que esa dilación vaya a tener ningún efecto nocivo sobre la elaboración de los presupuestos de Diputaciones y Ayuntamientos. Este, el de la ralentización de las cuentas, es el argumento de los Ejecutivos forales. “El CVF debe reunirse para determinar, entre otras cuestiones, la previsión de recaudación del próximo ejercicio, que es la base del cálculo para conocer los ingresos contenidos en los presupuestos públicos”, expuso ayer el portavoz foral vizcaíno, Juan María Aburto.

Bizkaia pedirá que se mantenga la fecha del 15 de octubre

No obstante, este razonamiento se ve neutralizado por el hecho de que el acuerdo que se adopte, sea el día 15 o una semana después, les deja efectivamente plazo para preparar sus proyectos de cuenta. Por el lado parlamentario, ese acuerdo está condenado a permanecer congelado hasta que la Cámara se constituya. Eso no ocurrirá hasta bien entrado el mes de noviembre.

Igualmente, el Gobierno sostiene que es imposible realizar la previsión de ingresos de 2013 si no se conocen las reformas tributarias que se van a efectuar. “El único que las ha avanzado ha sido Patxi López. El PNV no quiere hacerlo antes de las elecciones”, sostuvo una fuente del Ejecutivo. Por lo tanto, una reunión antes del 21-O quedaría “devaluada” y obligaría a convocar otra posterior, lo que dejaría una “pésima imagen institucional, la de la incapacidad para prever y ponerse de acuerdo en el cálculo de los ingresos del año siguiente”, resaltó la misma fuente.

Celebrar el cónclave tras las elecciones permitiría vislumbrar qué mayorías puede haber y, añadido a esto, por dónde pueden ir las reformas tributarias. “No es lo mismo lo que exigiría Bildu que lo que plantearía el PP”, se aduce desde el Ejecutivo.

Mendia indicó, además, que las Diputaciones saben perfectamente, con o sin reunión, cuáles serán los ingresos y pueden hacer sus previsiones sin problemas. Dada la escasa incidencia práctica, más parecería que se trate de una batalla por la imagen que la reunión proyecte de cada institución, en particular del Gobierno, puesto que es su gestión la que afronta el juicio de las urnas.

“Los órganos los convoca su presidencia”, advirtió la portavoz del Ejecutivo de Patxi López, en señal inequívoca de que este no tiene intenciones de variar su postura: la presidencia está en manos de quien el Gobierno designa. Mendia pareció con ello indicar que las Diputaciones no podrán ir mucho más allá de mostrar su desacuerdo con la posposición en algunas jornadas de esa cita habitual del mes de octubre.

La convocatoria del Consejo está contemplada en el artículo 28 de la Ley de Territorios Históricos. Dicho artículo atribuye la presidencia al miembro del órgano que el Gobierno designe entre los tres representantes que tiene en él. Su apartado 4 señala: “La convocatoria para las reuniones del Consejo corresponderá al Presidente”.

Pero la libertad que este tendría para realizar la convocatoria no sería total, como sí pareció sugerir la portavoz. La norma señala que la convocatoria la realizará tanto por propia iniciativa como “a petición de cualquiera de los miembros representantes de las Diputaciones”. Y la de Bizkaia ya anunció ayer, a través del portavoz foral, su intención de formalizar la exigencia de que se mantenga la fecha del día 15.

Las Diputaciones alegan que no podrán elaborar sus presupuestos

Si el Gobierno se hace fuerte en la competencia de la presidencia del Consejo, la posición foral encuentra apoyatura también en el artículo 29 de la LTH, precisamente al que aludió Aburto. Dicho artículo ordena que el CVF haya fijado las aportaciones para el año siguiente “dentro del plazo máximo de los quince primeros días naturales del mes de octubre de cada año”.

La letra de la ley, en su textualidad, obliga al Ejecutivo a celebrar la reunión. Así se lo recordó también el diputado general de Álava, Javier de Andrés. “El incumplimiento de la ley que está anunciando el consejero de Hacienda no se puede hacer”, dijo.

Sin embargo, la realidad es que ya se ha hecho antes. Según técnicos de Hacienda, el plazo del 15 de octubre se ha incumplido en los años 2000, 2004, 2005 y 2006. Y en 2010, al estar pendiente la transferencia de las políticas activas, la estimación se hizo el 28 de noviembre.

Bizkaia, por su parte, cree que incluso podría adelantarse la reunión respecto de lo que es habitual otros años. Si lo que quiere el Gobierno es sacarla de la campaña, puede celebrarse antes de que empiece, ya que el Ejecutivo tiene ya los datos y las certificaciones sobre la recaudación remitidas por los tres órganos forales, se argumenta desde la institución provincial.

Su portavoz insistió en que en el CVF se realiza la preliquidación de las aportaciones que las Diputaciones pagan al Gobierno. “En 2012 no cumpliremos la recaudación prevista y, por lo tanto, deberán ajustarse a la baja. Como deben abonarse en noviembre, es necesario que se celebre la reunión”, solicitó, antes de rematar: “No sea que el Gobierno pretenda que las aportaciones de noviembre se hagan con las previsiones de la recaudación inicial”.