El control falla en el servicio privado de hemodiálisis

La primera auditoría destinada a evaluar la eficiencia y la gestión de los conciertos sanitarios en la Comunidad Valenciana es desalentadora.

Del estudio realizado por la Sindicatura de Comptes se concluye que la gestión económica y sanitaria del servicio de hemodiálisis está lejos de alcanzar el nivel de excelencia deseado.

En la Comunidad Valenciana, el 69% de las 948 plazas de hemodiálisis están gestionadas por el sector privado. Un 56% dependen de clínicas y consultorios con ánimo de lucro y el 13% restante de asociaciones y entidades sin afán de ganar dinero.

La Sindicatura de Comptes entregó ayer a las Cortes Valencianas la primera auditoría sobre los conciertos sanitarios, que analiza en detalle el nivel de “eficiencia, eficacia y economía de la gestión del concierto de hemodiálisis”. Un servicio que representa el 16% del gasto total de la Generalitat en la contratación privada de servicios de salud.

Las conclusiones son claras. Los contratos actuales que regulan la prestación no dan la cobertura adecuada para la prestación del servicio. Los servicios de gestión y control que realiza la Consejería de Sanidad sobre las entidades y empresas que realizan los conciertos son insuficientes. Y, aunque según los cálculos de la Sindicatura de Comptes el coste medio de una sesión de hemodiálisis concertada es inferior al de las plazas públicas (293, que representan el 31% del total), la Generalitat lleva desde 2008 sin dotar presupuestariamente el coste real del servicio facturado.

El informe pone de manifiesto que de los dos contratos analizados por los que se concierta el servicio de hemodiálisis no son adecuados. El primero de ellos, el de mayor importe, se adjudicó en octubre de 2002 y desde entonces se han acordado prórrogas sucesivas de un año. El segundo de ellos, adjudicado en 2008, puso en marcha la prestación del servicio con un retraso de 474 días y caducó en 2010 sin que se haya renovado hasta la fecha.

Los auditores reclaman que se licite “sin demora” un nuevo curso y con plazos más razonables y no tan cortos.

En la auditoría también se advierte que en caso de que la concesionaria interrumpa el servicio, a consecuencia de una mala situación financiera o por cualquier otra razón, no hay un protocolo que permita mantener la prestación de hemodiálisis. De hecho, el informe indica que la única alternativa sería redistribuir los pacientes a los centros que mantuviesen el servicio, con el lógico deterioro de la prestación.

Los presupuestos de la Generalitat

La Sindicatura de Comptes explica que, a falta de datos por parte de la Consejería de Sanidad, han sido los auditores quienes han realizado los cálculos para conocer el coste medio de cada sesión de hemodiálisis. En base a distintos parámetros económicos, los auditores concluyen que el coste medio de cada sesión es inferior en las clínicas concertadas que en los hospitales públicos. Un coste que tiene mucho que ver con el distinto nivel de ocupación de las plazas privadas y públicas.

El informe también intenta establecer parámetros sobre la calidad del servicio y alerta de varias deficiencias.

Dos de los centros concertados analizados (de los que no figuran los nombres en el informe) carecen del certificado de calidad ISO, que es un requisito obligatorio en los pliegos del contrato y no consta que el Servicio de Inspección de los Servicios Sanitarios haya adoptado ninguna medida para solucionar la situación.

Pero las deficiencias de la labor inspectora de la Consejería de Sanidad van más allá. El informe constata que tres de los centros concertados de hemodiálisis no han sido inspeccionados desde el año 2002, mientras que otros siete han sido supervisados, al menos, desde el año 2009. En total son 32 los centros concertados en los que se presta servicio de hemodiálisis en la Comunidad Valenciana. Y ello, a pesar de que en el año 2001 un total de seis personas murieron en los centros de hemodiálisis valencianos (otras cuatro en Madrid y una en Barcelona) por la instalación de unos filtros defectuosos de la multinacional Baxter, que indemnizó a los familiares de las víctimas.

Esta no es la única anomalía sobre la que la Sindicatura llama la atención. No hay ningún seguimiento de los resultados asistenciales en los centros concertados, pero ni siquiera se ha definido qué información deberían suministrar los centros concertados y cómo deberían hacerla llegar a Sanidad.

Respecto a la dotación presupuestaria que hace la Generalitat de los conciertos sanitarios, la Sindicatura evidencia que la Administración valenciana no tiene en cuenta el coste real del servicio. El informe señala que en el periodo 2008-2011 un 37,4% de la facturación realizada por los centros concertados no tuvo consignación presupuestaria por parte de la Generalitat. Es decir, 84,4 millones de euros de facturas se guardaron en los cajones a la espera de regularizarse.