Andalucía pide un régimen especial para mantener las ayudas de la PAC

La negociación de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2014-2020 entra en su recta final y Andalucía, que es quien más se juega —es la primera comunidad española en volumen de ayudas y la cuarta de Europa—, no las tiene todas consigo. Desde que la Comisión Europea hizo pública el pasado otoño su borrador de reforma cada vez parece más evidente que será muy difícil, por no decir imposible, lograr el principal objetivo: que la comunidad mantenga su ficha financiera anual, cifrada en 1.600 millones en ayudas directas más otros 400 en los programas de desarrollo rural.

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y los responsables agrícolas de las comunidades autónomas se reúnen este martes en Bruselas con el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Agricultura del Parlamento Europeo, Paolo de Castro, y con el ponente de los informes de la PAC en el Parlamento Europeo, Luis Manuel Capoulas. Ante ellos quieren visualizar la unidad de acción de todo el sector agrícola español y hacer valer su peso específico en la UE.

Pero Andalucía acude a este encuentro tras haber dejado de ser región de convergencia al acercarse sus niveles de renta y riqueza a la media comunitaria. Y eso, que en teoría debería ser positivo, juega en contra de sus intereses agrícolas. El consejero, Luis Planas, es consciente de ello y por eso ha redoblado en las últimas horas su presión sobre el Gobierno de la nación a quien le pide que “demande con fuerza” la creación de la figura de las regiones en transición con el fin que el impacto por el recorte de fondos no sea drástico desde el principio.

La Junta admite que será difícil mantener los 2.000 millones en ayudas

La propuesta andaluza se produce tras comprobar cómo el nuevo reglamento del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) prevé un recorte de hasta el 60% en las ayudas para modernización de regadíos e inversiones agrarias. Luis Planas mostró este lunes su rechazo a ese recorte en el Consejo Consultivo de Política Agrícola celebrado en Madrid, y también al hecho de que las ayudas se limiten sólo en función del ahorro de agua, pues considera que deben valorarse otros criterios como la competitividad, ahorro de energía y la reutilización de los recursos. Además, la Junta comparte la propuesta del Ministerio de una dimensión mínima de explotación subvencionable, como ya ocurre en Andalucía, y se aboga por dotar a los estados miembros y a sus regiones de subsidiariedad, esto es, un margen de autonomía a la hora de completar dichos criterios y adaptarlos sus territorio.

Respecto al máximo subvencionable, que ahora puede llegar al 70% en inversiones individuales (100% en colectivas) y que en el nuevo Feader se vería reducido hasta un 40%, la Junta pide que se aumente ese límite para regiones en transición como la andaluza. En relación a las ayudas a las zonas forestales, Andalucía coincide con la posición española de considerar subvencionables a los bosques de titularidad pública y de ampliar de 10 a 15 años el período máximo de ayudas a la forestación, y de 3 a 5 años las ayudas a los sistemas agroforestales.

El Gobierno andaluz también defiende que la figura de regiones en transición cuente con un porcentaje de cofinanciación Feader del 75% (se propone el 50%) y que tenga asegurado un presupuesto Feader como las regiones menos desarrolladas. Y se pide que el porcentaje de financiación Feader se aumente hasta el 90% para las medidas relacionadas con el medio ambiente, riegos y la innovación en las regiones menos desarrolladas y de transición, y hasta el 75% en el resto de regiones.