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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

‘Delendum est’ Consell Valencià de Cultura (por ejemplo)

"Si se suprimiera el CVC se podría hacer algo con los barracones en los que estudian una parte de los niños valencianos o mejorar el transporte escolar"

Javier de Lucas

Al calor de los recortes en la administración pública como solución para hacer frente a la crisis, se multiplican las propuestas de eliminación de empresas públicas, organismos e instituciones superfluas. Recientemente, el día 11 de septiembre, se publicó en EL PAÍS una tribuna de un profesor norteamericano, que ilustraba a los lectores sobre cuál es el verdadero problema político de la España actual. Al hilo de tan trascendente aportación, sostiene el autor que es prioritario y necesario adelgazar Ministerios. Y puestos a concretar, propone la supresión del de Sanidad (basta una dirección general, como en la Segunda República, asegura) y aconseja a Rajoy “suprimir o adelgazar” el Ministerio de Educación, comenzando por la eliminación del “Consejo de Rectores” (sic).

Es comprensible que, desde la altura de sus múltiples y relevantes funciones, ocupaciones y méritos, el Profesor Emérito Distinguido Sam Roberts de Bioquímica (que así firma el autor, por cierto, originario de Valencia), no haya tenido tiempo de leer que el Consejo de Rectores, fundado en 1935, ya no existe y que la Conferencia de Rectores de las Universidades españolas (CRUE) es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 1994 y que no depende del Ministerio. Quizá se refería al Consejo de Universidades. Vaya Vd a saber. Pero bueno, pelillos a la mar. Se ve que seguía pensando en la Segunda República española.

Lo que resulta curioso es que se trata de la misma persona, el profesor Grisolia, que preside ininterrumpidamente desde hace 16 años el Consell Valenciá de Cultura, organismo consultivo de la Generalitat Valenciana cuyas memorables aportaciones son de todos conocidas. Por ejemplo, su supuesto informe sobre las Universidades valencianas, Estudios universitarios y mercado laboral, aprobado en el pleno del día 30 de enero de 2012. Las Universidades contestaron en términos muy duros ese “informe”, mostrando que carecía del menor fundamento empírico, pues ignoraba a la torera todos los estudios y estadísticas realizados no ya por las propias Universidades sino por instituciones ajenas a ellas, de ámbito autonómico, estatal, de la UE o de la OCDE. Por no tomarse trabajo, ni siquiera utilizaba el estudio La universidad española en cifras, el informe anual de COTEC, ni los datos del INE y del INEM. Literalmente, la réplica de las Universidades públicas denunciaba que “la ausencia de metodología lo convierte en un conjunto de elementos inarticulados, donde las opiniones, las inexactitudes y la desinformación han ocupado el espacio que se tendría que haber destinado a la presentación y la evaluación de datos, a su análisis riguroso y técnico, a la selección de los más pertinentes y a la construcción de una argumentación consistente”. Y por ello consideraban que el documento de marras es completamente impropio de lo que la ciudadanía valenciana —y las universidades particularmente— pueden admitir como un informe o un dictamen de un órgano estatutario de la naturaleza del Consell Valencià de Cultura. Su falta de rigor, de método, de información objetiva y contrastable, su construcción a partir de opiniones subjetivas —apoyadas en suposiciones o prejuicios— no es admisible".

No se trata de poner en duda el prestigio científico como investigador de fama internacional del profesor Grisolía. Me parece indiscutible que es una de las glorias valencianas (de origen). Pero parece claro que no se toma mucho trabajo en enterarse de la realidad de la Universidad acerca de la que opina, sobre todo para permitirse señalar la paja en el ojo universitario. Antes de eso, podría considerar el viejo proverbio valenciano Li diu el mort al degollat, Qui t‘ha fet eixe forat?, o, dicho de otro modo, podría detenerse un momento en contemplar la viga en la institución que preside, cuyo presupuesto rodea los dos millones de euros (algo más de 1.800.000). Si suprimiéramos ese prescindible organismo, con ese dinero se podría hacer algo para cambiar los barracones en los que estudian una parte de los niños valencianos, o mejorar el transporte escolar. O mejorar el programa de becas para investigadores para que puedan formarse en Kansas o en Singapur. O ampliar la dotación para proyectos de investigación en las Universidades valencianas. No es mucho, pero, como decimos también en Valencia, tota pedra fa paret, y para mí que estarían mejor empleados esos eurillos. Por eso, desde el suelo de un corriente y moliente profesor universitario, entono una modesta proposición: delendum est Consell Valencià de Cultura!

Javier de Lucas. Institut de drets humans. Universitat de València.

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