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Servicios sociales contra la crisis

Euskadi afronta una etapa crucial para que el sistema de servicios sociales esté en pleno rendimiento en 2016 y estos sean en la práctica un derecho subjetivo

En un momento en el que los discursos de los políticos se llenan de palabras a favor de la defensa del Estado del Bienestar y en contra de los recortes sociales, los servicios sociales que a diario reciben centenares de personas en toda Euskadi pasan por un momento crucial. Clave porque, tras más de dos años de intensas y muy discretas reuniones entre instituciones y agentes sociales —con renovaciones importantes en el plano político foral y municipal en 2011—, y a la vista de una nueva cita electoral en seis semanas, queda trabajo por hacer para que una ley aprobada en diciembre de 2008, la Ley de Servicios Sociales, no se convierta en papel mojado.

La ley establece que el acceso a los servicios sociales sea un derecho subjetivo, exigible por ante los tribunales, y que en 2016 se deberá garantizar la universalización del sistema de servicios sociales. Mientras que los otros dos, el de sanidad y el de educación, cuentan ya con una solidez y una madurez de años de trabajo, el sistema de servicios sociales tiene que lidiar, además de con su juventud y con la crisis, con complejidades añadidas: sus servicios —atención a la dependencia, protección a colectivos vulnerables, atención a la exclusión social y de las emergencias sociales— están esparcidos por los tres niveles institucionales. Algunos los gestiona el Gobierno vasco —el medallón de la teleasistencia, por ejemplo—, otros están en manos de las diputaciones forales —las residencias— y otros las de los ayuntamientos —el servicio de ayuda a domicilio, uno de los que más conflictos ha generado en las negociaciones—.

En cifras

  • El gasto en servicios sociales en Euskadi en 2010 fue de 2.176 millones de euros, según los datos aportados por el Eustat, un 2,5% más que el año anterior y el 3,3% del PIB. Estas cifras suponen un gasto de 1.001 euros por persona en la comunidad autónoma, un 2,9% más que en 2009. De esa cantidad, 751 euros procedieron de las administraciones públicas.
  • Otro estudio, este de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales estatal —que emplea indicadores distintos a los del Eustat—, señala que Euskadi, con 773,21 euros de gasto en esta materia por cada habitante, es, con diferencia, la comunidad que más dinero invierte en servicios sociales.
  • Según este último informe, la media española de gasto en servicios sociales es de 280 euros por habitante. En el ránking que establece esta asociación —que también sitúa al País Vasco en el grupo de cabeza en materia de dependencia—, a Euskadi le sigue a distancia Navarra con 488,10 euros por persona, mientras que Baleares, a la cola, destina 119,83 euros por persona.

En la práctica, esto ha supuesto una disparidad inmensa en cuanto a criterios de acceso, condiciones de los servicios. Incluso ha habido cierta “competición” entre administraciones del mismo nivel por ser la que más ayuda aporta. Un primer paso hacia la eliminación de las diferencias se ha dado ya con el servicio de teleasistencia, que ha pasado de las diputaciones al Gobierno vasco hace un año, con la correspondiente homogeneización del servicio, las condiciones de acceso y el copago.

Es la avanzadilla de lo que pretende hacer la cartera de servicios sociales, un decreto de obligado cumplimiento que recoge al detalle cada servicio al ciudadano, qué institución lo debe ofrecer, qué requisitos se deben cumplir para entrar en él… Es, en definitiva, el documento que dice a qué se tiene derecho subjetivo en toda Euskadi, qué se puede reclamar por ley a las administraciones se viva en el municipio en el que se viva. ¿Cómo se unifica? “La homogeneización no se hace teniendo como referencia las instituciones con los servicios menos desarrollados, la propia ley lo prohíbe”, aclara María del Río, directora de Planificación, Inversiones y Prestaciones Económicas del Departamento de Política Social de Gipuzkoa.

La cartera, que cuenta con un "amplio consenso" entre las administraciones públicas de distinto signo y de los agentes sociales que han trabajado en su confección, no está publicada en el Boletín Oficial del País Vasco aún. El principal escollo para cerrar los trabajos es el económico. Los tres niveles institucionales han creado un grupo de trabajo específico para tratar el reajuste financiero que se antoja imprescindible, ya que la ley y la cartera suponen un cambio de manos de algunos servicios que, según explican fuentes municipales vizcaínas, los ayuntamientos no pueden asumir sin que exista una inyección de dinero en sus de por sí maltrechas arcas, algo que se ve acrecentado ante la falta de una Ley Municipal. El Gobierno vasco —que no ha logrado el respaldo de algunas fuerzas en su apuesta por destinar el impuesto de sucesiones a las prestaciones de la Ley de Dependencia— ha sido tajante: o hay acuerdo por parte de todos, o no se tramita la cartera.

La crisis también ha influido. El mapa de servicios sociales, el que establece los recursos mínimos que se deben tener por un número concreto de habitantes, “podía haber sido más ambicioso, es un mapa casi de mínimos que nosotros en algunos aspectos ya cumplimos de entrada”, lamenta Del Río. “El mapa recoge datos de hace tres años, plantea que en 2016 todas las comarcas alcancen las medias que Euskadi en general ya tenía en 2009”, abunda Gotzon Villaño, vicepresidente de la Junta de Gobierno del Colegio de Trabajo Social de Álava y el representante de los tres colegios vascos en el consejo vasco de servicios sociales.

El principal escollo para desarrollar la ley actual es el económico

Pese a la incertidumbre y a la cercanía de las elecciones, varias fuentes coinciden en que la próxima legislatura no se partirá de cero. “En las reuniones hay representación de todos los partidos; aunque hubiese un cambio no debería haber cambios significativos”, confía Del Río.