“Un trabajo tiene que estar pagado”

La propuesta de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, de dejar sin sueldo a los parlamentarios de su comunidad autónoma, desató ayer la polémica en su propio partido. A la reducción del número de parlamentarios, que defienden también los populares en la Comunidad Valenciana, Madrid, Extremadura, Galicia y Baleares, la secretaria general del PP y presidenta manchega añadió la retirada del salario a los diputados del Parlamento de Castilla-La Mancha.

El anuncio causó malestar en las filas del PP valenciano y en las instituciones donde gobierna. Los populares valencianos se vieron atrapados en un debate donde se mezclan medidas de racionalidad económica con mucha demagogia y una visión clasista de la política, según la cual solo quienes tienen recursos de sobra pueden dedicarse a la vida pública.

La iniciativa de la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP ya había sido abonada en la Comunidad Valenciana con algunos ejemplos. Sin ir más lejos, el alcalde de Gandia, el popular Arturo Torró, renunció el pasado mes de julio a su sueldo como primer edil y presentó la gestión de la ciudad como un acto de voluntarismo y dedicación altruista. Torro es el edil con más patrimonio de la Comunidad Valenciana, pero ninguno de los ediles que conforman su equipo de gobierno ha seguido su ejemplo.

Ayer, el vicepresidente del Consell y portavoz, José Ciscar, evitó pronunciarse sobre la decisión de Cospedal de quitar el sueldo a los diputados autónómicos de Castilla-La Mancha. “Conocemos el enunciado, pero no el fondo de su propuesta”. Y de ahí no hubo manera de sacarlo. Y es que Cospedal será la encargada de presidir la cena de inicio de curso del PP valenciano, que tendrá lugar el próximo viernes en Gandia y no es cuestión de abonar la polémica. Ciscar recordó que el Consell sí está a favor de reformar el Estatut y reducir el número de escaños en las Cortes Valencianas. Un anuncio que el presidente Alberto Fabra realizará en el debate de política general a finales de este mes de septiembre.

Aunque la consigna fue no entrar a valorar la propuesta de Cospedal de dejar sin sueldo a los diputados autonómicos, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, no pudo ocultar su oposición. “Un trabajo tiene que estar pagado”, sentenció.

En la casa consistorial, inicialmente, la alcaldesa de Valencia declinó entrar a valorar la decisión de su colega de partido de retirar el sueldo a los diputados de Castilla-La Mancha a partir de 2013 porque se trata de otra administración. Su respuesta al ser interpelada sobre el asunto fue de manual: “No conozco la situación, es otra comunidad autónoma y no voy a opinar”, comentó y enmarcó el anuncio dentro de paquetes de medidas que se hacen “para recortar excesos”.

Los informadores insistieron y la regidora se reafirmó en su deseo de no entrar en la polémica y cuando parecía que el asunto había quedado zanjado — “No voy a comentar nada”, dijo— llegó la apostilla: “Ahora bien, siempre he sido de la opinión de que un trabajo tiene que estar remunerado. Ya sea de periodista, médico o de político”.

Otros cargos populares, como el presidente de la Diputación Provincial de Valencia, Alfonso Rus, siempre ha defendido que los políticos tienen que tener vocación pública y estar pagados, porque si no es muy difícil tener buenos gestores en la vida pública.