La financiación del hospital de Vigo tiene que quedar cerrada en un mes

La concesionaria que construye el nuevo hospital de Vigo ha de cerrar la financiación de la obra en el plazo de un mes para mantener la estructura de costes que haga viable la concesión, según estimó ayer Pablo Torres, director general de Recursos Económicos del Sergas, en declaraciones a este periódico. De no resolverse en este tiempo, la UTE que lidera Acciona se vería abocada al incumplimiento del plazo límite —no prorrogable y el único que marca el contrato— de 31 meses para entregar la obra, con las penalizaciones subsiguientes.

 El acuerdo de financiación, según Torres, está prácticamente acabado, pendiente solo de cerrar algunos flecos y detalles que se hacen comprensibles por los distintos criterios que se manejan en la “amalgama de entidades” bancarias que participan en la operación, especialmente en relación con los plazos de devolución de los préstamos que están dispuestas a otorgar.

La concesionaria está obligada a aportar el 20% del coste de la obra (375 millones) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha aprobado un crédito de hasta 180 millones, aunque aún no se ha concretado la cantidad y cuya disponibilidad, en todo caso, se supedita a la liberación simultánea del préstamo conjunto de la banca comercial, la “amalgama” en la que también se integra el ICO. En caso de no cerrarse esta financiación, la UTE tendría que afrontar la continuación de la obra invirtiendo recursos propios y, si no lo hiciera, “entonces estaríamos ante un grave problema: tendríamos que ir al rescate de la concesión”, señaló Torres, una hipótesis que le parece a día de hoy “improbable”.

Esas cuitas no afectarán en ningún caso a los términos del contrato, que no admite modificaciones por eventualidades como la reciente subida del IVA o que la concesionaria haya de pagar por los préstamos intereses superiores al contemplado (8%) en el equilibrio económico-financiero incorporado al contrato, ya que, según Torres, “la UTE hizo su oferta en función de unas expectativas derivadas de su propio estudio de mercado y, si estas cambian, prevalece el riesgo y ventura que la concesionaria asume en el contrato”.

La Xunta, aclaró Torres, no asume ninguna responsabilidad sobre el crédito del BEI, ni como avalista. Todas las responsabilidades y el riesgo son de la UTE, que no ha podido aprovechar hasta ahora la oportunidad del mismo por las vicisitudes del mercado financiero en el último año.