El rescate

Sufren las instituciones políticas una sensible pérdida de crédito, algo que hasta ahora se entendía como una merma de crédito moral y cívico, de autoridad y apoyo, pero que ha llegado a convertirse en una pérdida literal de crédito económico, de solvencia. Hoy la Junta de Andalucía no encuentra bancos que le presten dinero y prepara a la opinión antes de acogerse inevitablemente al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que creó en julio el Gobierno Rajoy por decreto ley para ofrecer “medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez de las Administraciones públicas”, muy semejante a los fondos de rescate que maneja Europa. La comunidad autónoma, aceptando su impotencia económica, se plantea pedir auxilio a la Administración central, mientras el Gobierno español, no menos impotente, medita acogerse al amparo financiero de la Unión Europea.

Pero que nadie hable de rescate, palabra impertinente y molesta aquí y en Madrid. Supongo que el rescate es una operación de salvamento coyuntural con condiciones, y los gobernantes parecen considerar una indignidad someterse a cualquier tipo de condición. La Junta recalca que no pide rescate, sino liquidez, y el problema es que los prestamistas suelen conceder liquidez imponiendo condiciones al deudor. Yo veo el FLA como un dispositivo doble, financiero y político: los bancos prestan dinero a la Administración central para que lo traspase a las comunidades autónomas y controle que las autonomías paguen con ese dinero lo que ya deben a los bancos, y la Administración central se asegura el control de las políticas presupuestarias de las autonomías, vieja aspiración de la derecha.

A principios de agosto, la consejera de Hacienda de la Junta, Carmen Martínez Aguayo, consideraba el FLA “un fondo de rescate dirigido a limitar las competencias de las Autonomías”. A finales de agosto, Susana Díaz, consejera de la Presidencia, decía que la Junta “nunca ha descartado acudir al fondo”. El Gobierno andaluz está de acuerdo, en todo caso, con el catalán y el central: los tres proclaman que aceptar fondos de instancias superiores, españolas o europeas, no debe implicar el sometimiento a condiciones económicas o políticas. Pero no sé si (aparte de Carmen Martínez Aguayo, evidentemente bien informada) los consejeros de la Junta han tenido tiempo de leerse el decreto ley que activa el FLA, que no solo exige “prudencia financiera” a las autonomías que se acojan al fondo. También les impone “estrictas condiciones presupuestarias”, como ya ha recordado la Unión Europea.

Así que, para orientarme un poco, pasé la última tarde de agosto leyéndome el Real Decreto 21/2012, publicado el 14 de julio en el Boletín Oficial del Estado, instructiva lectura veraniega, y fijándome especialmente en el capítulo segundo, dedicado a “condiciones financieras y fiscales”. El Gobierno central, a través del Ministerio de Hacienda, autorizará, controlará y seguirá los planes de ajuste y de tesorería de la comunidad autónoma, vigilará saldos y vencimientos a corto y largo plazo, reservándose la posibilidad de alterar el calendario, proponer medidas y enviar “misiones de control” que supervisen el cumplimiento de los planes de ajuste, y se encargará de la gestión del pago de los vencimientos de deuda. Si, tal como yo lo entiendo, gobernar significa elaborar y administrar un presupuesto, se puede decir que el Gobierno autonómico que se acoja voluntariamente al FLA elaborará y administrará su presupuesto bajo la custodia alerta y operativa del Gobierno central.

El preámbulo del decreto ley del FLA apela una vez más a “la situación extraordinaria”, vuelve a repetir que vivimos “circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad” que justifican gobernar por decreto ley. Por decreto ley están desmantelando pieza a pieza el sistema legal vigente, desde el derecho de los trabajadores a las autonomías.