López llevará en su programa crear un nuevo impuesto sobre la riqueza

El documento base para la Conferencia Política en la que el PSE aprobará su programa electoral para los comicios del 21 de octubre quedó listo ayer. El texto, de 132 páginas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, agrupa en tres capítulos y casi 150 apartados las propuestas que abanderará el lehendakari, Patxi López, como candidato a liderar un nuevo mandato.

El perfil del conjunto del documento resulta subrayadamente socialdemócrata —Los desafíos de la socialdemocracia vasca, es el título que encabeza la concreción de las propuestas— y deja claro cuál es el espacio que el socialismo vasco quiere ocupar.

Esa apuesta se refleja en la promesa de mantener en su actual estado los servicios públicos, en particular la sanidad; en propuestas de política económica, con el énfasis en las medidas de reactivación, y la defensa de “políticas públicas de inversión y ayuda a la economía real” y, sobre todo, en las tributarias, planteando un impuesto sobre la riqueza, un plan conjunto de país contra el fraude fiscal y la elevación del IRPF a las rentas por encima de 90.000 euros anuales. También destaca la preferencia por el fortalecimiento de las instituciones comunes, Gobierno y Parlamento, y el intento de recuperar crédito social y ciudadano para la política y los políticos, con propuestas concretas de endurecimiento en la previsión y el castigo a la corrupción.

Las medidas tributarias del programa son prácticamente las mismas que el PSE defendió en el pleno monográfico de fiscalidad del 28 de mayo, y todas salieron derrotadas por la mayoría que sumaron PNV y PP. Entre otras, plantea un nuevo impuesto sobre la riqueza o las grandes fortunas, en sustitución del de Patrimonio, así como la tributación de las herencias por encima de 220.000 euros. El PSE señala como insuficiente para mantener el modelo la presión fiscal actual y aboga por equilibrar la carga tributaria entre contribuyentes. En el IRPF, ve preciso elevar el tipo marginal máximo al 46% para rentas superiores a 90.000 euros; al 47% para las de más de 120.000 y al 49% a las que superen los 175.000 euros anuales. La deducción por vivienda se mantendría para bases imponibles de hasta 24.000 euros y las pensiones máximas no se beneficiarían en la deducción por edad. Un mismo tipo, el 23%, gravaría el ahorro, los rendimientos de empresarios individuales y de las pymes.

“Los socialistas vascos nos opondremos a cualquier recorte en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, como hemos hecho con el copago, y exigiremos de las Diputaciones la reforma fiscal necesaria para que estos recortes no tengan que afectar a la ciudadanía vasca”. Esta es una de las afirmaciones más comprometidas y de más alcance, junto con la del aseguramiento universal: “Con un Gobierno socialista el derecho a la protección de la salud no se verá menoscabado en Euskadi sean jóvenes o mayores, jubilados o desempleados, nacionales o extranjeros” y “con independencia de su nivel de renta”. El PSE se opondrá asimismo a la reforma de la ley del Aborto.

En el apartado concerniente a la corrupción, el programa socialista la define como una de las causas más importantes de desafección ciudadana hacia la política y señala a “la sensación de impunidad” y la excesiva duración de los procesos judiciales como los principales problemas.

El texto recalca que “el derecho a la salud no se verá menoscabado”

Frente a ello, y además de incrementar los controles y agilizar los procedimientos, promete reformas legales en varias direcciones: asegurar el reintegro de lo sustraído, aumento de penas y de plazos de prescripción de los delitos y endurecimiento de las inhabilitaciones para desempeñar cargos públicos.

El PSE se reclama como el único partido “que cree de verdad en el autogobierno como un objetivo colectivo que une el país”. “El autogobierno nos une, la independencia nos divide”, afirma, al tiempo que aboga por “entrar plenamente en el siglo XXI”. El programa plantea “reconsiderar nuestro entramado institucional” abordando reformas legales que lo abaraten al evitar “despilfarros”.

El programa propone que se usen los resortes del ordenamiento jurídico actual para “reforzar la autonomía financiera de las instituciones comunes”, es decir, disminuir la dependencia del Gobierno de las Diputaciones a la hora de determinar de qué modo obtener los ingresos, siendo, como es, la Administración que tiene la responsabilidad de la mayor parte del gasto.

La propuesta, cautelosa, es de “cohabitación en armonía”, pero con mayor capacidad del Gobierno y “mayor correspondencia entre responsabilidad s de gasto y de ingreso”. “El desarrollo normativo, también el tributario” y el ejercicio de competencias como las de vivienda, familia o I+D+i “descansará únicamente sobre las instituciones comunes”, dice el programa.

Por primera vez, el PSE ha podido prescindir de un apartado sobre la lucha contra el terrorismo. En su lugar, y bajo el epígrafe Una sociedad vasca libre y segura se enumeran las políticas de memoria y convivencia, plenamente continuistas de la labor del Gobierno de López, junto con una propuesta de “reorganización de la División Antiterrorista y de Información” de la Ertzaintza y la presencia de más agentes en la calle. La ejecutiva del PNV aprobó ayer también su programa para el 21-O.