El señor inquisidor

En el barrio de Gràcia no todo son fiestas mayores. Existe una calle que atraviesa con desparpajo las barriadas de Camp d’en Grassot, Gràcia Nova y la Salut, y que va desde la Travessera hasta la Ronda del Guinardó. Si nos acercamos a la placa municipal veremos que esta recuerda escuetamente a un secretario apellidado Coloma, que así contado podría ser un modesto administrativo. Sin embargo, sus vecinos parecen soliviantados e insisten en cambiarle el nombre. Solicitan que se dedique a Pau Alsina, que fue el primer diputado obrero del Parlamento español. Y que el vecino instituto Secretari Coloma sea rebautizado con el nombre del cómico Pepe Rubianes o del escritor Josep Moncada. ¿A qué viene tanto revuelo?

Efectivamente, Joan de Coloma era secretario, en concreto del rey Joan II de Aragón. Un secretario de Estado de padre ampurdanés, que fue barón de Alfajarín y Valencia, conde de Salinas, señor de Elda y Petrer y virrey de Cerdeña. Su firma puede verse al final de las Capitulaciones de Santa Fe, que permitieron a Cristóbal Colón hacer su primer viaje a América, en las que firmó en nombre de los Reyes Católicos. Era el notario mayor de Fernando II y una de las personas de más confianza de la monarquía. Hasta ahí no parece tampoco que el personaje se merezca ser borrado del nomenclátor urbano. La cosa comienza a estar más clara si sabemos que Joan de Coloma también fue secretario del Santo Oficio, que firmó personalmente la orden de expulsión de los judíos de 1492 y que se le considera con justicia el introductor de la Inquisición española en Cataluña.

La Inquisición aragonesa funcionaba desde el siglo XIII, aunque estaba casi exclusivamente dedicada a perseguir sodomitas y blasfemos, en muy pocos casos recurría a la tortura y prefería las multas en metálico. Pero en 1483, el papa Sixto IV aceptó crear un nuevo tribunal para el joven reino de España y nombró inquisidor general a fray Tomás de Torquemada, un nombramiento que el Consell de Cent y los diputados del general rechazaron. Entonces, el papa designó a Torquemada inquisidor especial de Barcelona. Y este, con el apoyo de Coloma, puso al frente del tribunal a fray Alonso de Espina.

El nuevo inquisidor llegó el 20 de julio de 1487. Los consellers no salieron a recibirle y nadie le aclamó por las calles. El propio obispo metropolitano manifestó no reconocer su autoridad en toda la diócesis. Pero Alonso de Espina comenzó inmediatamente su tarea. El primer auto de fe tuvo lugar el 25 de enero de 1488. Dos mujeres y dos hombres fueron agarrotados en la plaza del Rey por judaizantes, y luego les quemaron en el Canyet, una antigua laguna donde hoy se extiende el cementerio de Poblenou, a la que arrojaban despojos animales y los cadáveres de los ajusticiados para ser devorados por los lobos. Entre 1488 y 1490 se dictó un periodo de gracia, para que los detenidos pudiesen confesar sin represalias o denunciar a otros, y así salvaron la piel 253 penitentes. De los que no confesaron, 12 fueron quemados —siete mujeres y cinco hombres—, y otros 229 ardieron en efigie tras haber huido.

Aunque la esposa de Joan de Coloma era judía conversa, los inquisidores se cebaron en esta minoría que formaba la espina dorsal de la Administración. Entre los primeros detenidos figuraron el consejero Gonzalo de Santa María y el escribano real Luis de Santángel, que poco después iba a prestar el dinero para la expedición de Colón. Estaba el lugarteniente del tesorero real Jaime de Safranca, el canónico Dalmau de Tolosa y el filósofo Sent Jordi. Juana Badosa, la esposa del médico personal del rey Fernando fue estrangulada y quemada. Poco después, su marido, Lorenzo Badós, encontró el mismo destino. A la persecución de los judíos se le unió la represión de los insultos a la Corona y las supersticiones populares. Sería el caso del artesano Francesc Garret, condenado a cadena perpetua por injuriar a la reina Isabel cuando estaba trabajando en su obrador. Poco después, en 1522, tenía lugar el primer auto de fe de una bruja celebrado en Barcelona.

La Inquisición extendió su influencia hasta el año 1808, cuando las autoridades napoleónicas firmaron en el palacio Larrard su ilegalización. Hasta su primera abolición, la Inquisición había encausado a unas 150.000 personas, de las cuales entre 3.000 y 5.000 murieron. El tribunal regresaría con Fernando VII, pero aprovechando su nueva prohibición durante el Trienio Liberal, en Barcelona su sede fue asaltada en 1820 por una muchedumbre enfurecida y dejó de existir. En España sería anulada definitivamente en 1834.