Industria desbloquea la venta de Alfageme

Tras hacerse finalmente la semana pasada con la propiedad de las naves de la conservera Alfageme de Vilaxoán y Ribadumia, así como de la marca comercial Miau, la Consellería de Industria aprobó ayer las condiciones que deberán cumplir las empresas candidatas a hacerse con el negocio. El concurso exprés tendrá un plazo de 15 días desde que el juzgado que lleva la suspensión de pagos les dé publicidad. El conselleiro Javier Guerra sigue apostando por que sea el grupo cántabro Consorcio el que se haga finalmente con la propiedad, lo que se daba por sentado aunque deba ahora superar este nuevo trámite, guiño a la libre competencia. Los trabajadores, mientras, aspiran a volver a sus puestos en octubre.

Con muchas precauciones después de años viendo la solución a un paso, para encontrarse con que un recurso la devolvía al punto de partida, los representantes de los trabajadores salieron ayer esperanzados y “satisfechos” tras una reunión con el conselleiro Javier Guerra, a la que se sumaron alcaldes de O Salnés y el presidente de la Diputación, Rafael Louzán, de sport. Entre las condiciones que exige la Xunta están que la empresa debe facturar al año al menos 20 millones de euros, mantener a 150 trabajadores en plantilla durante cinco años y al menos a 100 en los cinco siguientes, tener una experiencia en el sector conservero también de 10 años y no vender los bienes que reciba. Con ello se pretende evitar, según Guerra, propuestas “especulativas” que no hagan valer los 33 millones de euros en avales ejecutados por la consellería.

30 millones

 “Jurídicamente, no podemos otorgar a dedo algo que ha costado 30 millones de euros del erario público”, explicó, para justificar la necesidad de este nuevo concurso. “No hay ninguna forma de evitarlo, ni querríamos hacerlo. Los 150 puestos de trabajo se van a mantener, sea con una compañía u otra”, insistió.

Guerra volvió a expresar su fastidio porque los avales, concedidos en la última etapa del bipartito, fuesen tan elevados y, aunque no se refirió a la familia Lago, antigua propietaria y principal responsable de la situación de quiebra a la que llegó la compañía tras dilapidar subvenciones múltiples, sí avisó de que estudiaba “iniciar acciones legales” contra la tasación inicial de los bienes, de 37 millones frente a los 4,7 que ahora calcula el Igape.