El PSPV exige auditar la Generalitat antes de cerrar empresas públicas

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Valencianas exigió ayer que la Sindicatura de Comptes acometa cuanto antes la fiscalización de las cuentas de la Generalitat y de las instituciones públicas dependientes para que la remodelación del sector público empresarial no se convierta en la “alfombra que tape todos los desmanes del pasado”, que resumió en “las deudas, la mala gestión y la falta de transparencia”.

El portavoz del PSPV en el Parlamento autonómico, Antonio Torres, y el responsable socialista en materia de economía, Julián López, convocaron ayer a los medios de comunicación para explicar los motivos por los que piensan que es necesario acometer una profunda revisión de los datos económicos de todo el sector público. “No sabemos cuáles son las cuentas de la Generalitat”, resumió Torres, “queremos que la Sindicatura de Comptes elabore un informe de la situación real de la Generalitat y de las empresas públicas”.

El consejero de Economía, Máximo Buch, replicó tras la visita a la empresa de seguridad digital S2 Grupo, que no creía que fuera necesario “auditar absolutamente nada”. “Creo que pedir una auditoría de nuestras cuentas está fuera de lugar y es más que nada para hacer ruido en el mes de agosto. Y genera desconfianza. Destruye valor y destruye la confianza que tenemos que restablecer entre todos”, añadió.

“El Consell continúa con su política de falta de transparencia”, aseguró Torres al inicio de su comparecencia. Y después criticó que el Consell de Alberto Fabra ya haya pedido al Gobierno central el rescate de la Comunidad Valenciana sin saber cuáles son las condiciones. “El presidente del Gobierno Mariano Rajoy dijo que hasta que no supiera las condiciones del rescate a España no lo solicitaría”, puso de ejemplo, “aquí ya lo hemos hecho sin saber las condiciones”.

En concreto, los socialistas quieren conocer detalles como las condiciones de pago, los tipos de interés o los plazos, que, sobre todo en el caso de las empresas dependientes del Consell, son desconocidos por el PSPV. Pero también quieren que la Sindicatura examine las deudas no financieras, como los pagos pendientes a acreedores o las obligaciones de pago, ya comprometidas pero aún no generadas (por ejemplo a las universidades).

En este sentido, Julián López recordó que la Comunidad Valenciana está asumiendo cuantiosos compromisos tras aprobar el plan de pago a proveedores, la línea ICO vencimientos o el Fondo de Liquidez Autonómica. Y recordó que en el pasado ya han ido aflorando deudas de la Generalitat que no figuraban en los presupuestos como deuda reconocida. En el capítulo de deudas en el cajón salieron en abril pasado 1.850 millones de euros, lo que a juicio de López supone que también habría que revisar las cifras de déficit oficiales de los últimos tres ejercicios, puesto que no reflejaban la situación real de la administración valenciana.

El consejero de Economía

“No vamos a tolerar que se extingan empresas públicas o fundaciones y eso sirva para ocultar la mala gestión, la deuda y la falta de transparencia en el sector publico empresarial”, resumió Torres. En opinión de los socialistas, si no se conocen los datos previos, cuando finalice la remodelación de las empresas públicas “es posible que en el futuro no se puedan comparar con los de ahora”, lo que en la práctica supondría, insistieron, que se ha puesto “una alfombra para tapar los desmanes”.

No obstante, los socialistas realizaron su propia estimación sobre las cuentas públicas valencianas. Así, la Cuenta General de la Generalitat de 2010, la última disponible, reconocía unas deudas y compromisos de pago por 48.000 millones de euros solo de la Administración autonómica, cifra que la propia Sindicatura de Comptes revisó al alza con otros 3.700 millones de euros. A estas cifras hay que añadir las de las empresas públicas dependientes de la Generalitat, cifradas en 10.500 millones por el propio Consell a finales de 2010, aunque en este caso sin cuantificar los compromisos de pago asumidos por las sociedades.

Es decir, la Comunidad Valenciana debe al menos 62.200 millones de euros a falta de conocer los compromisos de pago del sector público empresarial y de saber cómo han aumentado esos números a lo largo de 2011 y los meses que ya han transcurrido de 2012.

140 despidos y 25 puestos amortizados en la

Sin embargo, Buch insistió en que el Gobierno de Alberto Fabra se está caracterizando por ser “absolutamente transparente”. Y se encomendó a los informes del órgano que fiscaliza las cuentas de la Generalitat, pese a que ni analiza a todas las empresas cada año ni estudia todos los expedientes adjudicados. “Existe la Sindicatura de Cuentas y creo que no hay ningún motivo para dudar. Es un órgano independiente que hace bien su trabajo. Además, nuestras cuentas son públicas, conocidas por todo el mundo”, afirmó el consejero de Economía.

Buch siguió sin querer concretar a cuánto ascenderá el rescate pedido al Gobierno, que él prefirió denominar “préstamo financiado a través del Fondo de Liquidez Autonómica”. El consejero insistió en que es necesario saber primero cuántas autonomías más lo solicitarán: “Una vez lo sepamos, veremos el importe que se nos asigna”. Buch matizó, sin embargo, que aunque el fondo está dotado inicialmente con 18.000 millones de euros, “no está limitado”. “Se inicia con un importe que se puede ir ampliando a medida que las comunidades autónomas lo necesiten”. La petición mínima para este año será de 2.000 millones, que es a lo que ascienden los vencimientos de “banca extranjera y bonos” en 2012. Pero a esa cantidad habría que sumar, como mínimo, otros 1.500 millones correspondientes a la cobertura del déficit del actual ejercicio.

La política de ajustes que está llevando a cabo la Generalitat se concretó ayer en otro de sus extremos: los despidos en la Ciudad de las Artes y las Ciencias Sociedad Anónima (Cacsa). La dirección de la empresa pública informó ayer de que despediría a la mitad de su plantilla, integrada por 325 personas. Los sindicatos concretaron ayer que la dirección ha concretado que prevé despedir directamente a 140 trabajadores y amortizar otros 25 puestos.