IU apuesta por ajustar el sector público andaluz pero sin “hachazos”
Diego Valderas afirma que la reordenación se tendrá que hacer “con tiempo y negociación”
La elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2013 es una incógnita, toda vez que aún se desconoce a cuánto ascenderán los ingresos de la comunidad, el principal ingrediente del proyecto de ley. Si Andalucía no puede endeudarse, como tenía autorizado por el Gobierno central en el mes de mayo, por 2.700 millones de euros, el presupuesto no se podrá hacer a no ser que se opte por cerrar colegios, hospitales o despida a empleados públicos, según dicen desde el Ejecutivo andaluz. Ninguna de estas tres fórmulas, expuestas por el presidente andaluz, José Antonio Griñán, la semana pasada figura en el recetario del Gobierno de coalición. Ni PSOE ni IU lo contemplan desde ningún ángulo.
Ahora bien, en esta legislatura habrá que reestructurar el sector público andaluz, lo que desde el PP se denomina la Administración “paralela” de la Junta de Andalucía. “La Administración paralela son hombres y mujeres que van al paro”, replicó ayer el vicepresidente de la Junta y coordinador general de Izquierda Unida, Diego Valderas, quien, no obstante, aseguró que “nadie duda” de que el ajuste —él habló de “readecuación”— en el sector público habrá que hacerlo.
En la anterior legislatura, la Consejería de Hacienda y Administración Pública aprobó vía decreto y luego a través de una ley la reordenación del sector público con el objetivo de eliminar 110 de las 254 empresas de la Junta. Puso en pie de guerra a los sindicatos de funcionarios porque estos consideraban que se abría la puerta a la carrera funcionarial a las personas que no habían accedido a la Administración por oposición. Se trataba de agruparlas en agencias sin que esta decisión implicara pérdida de empleo. Se calcula que hay entre 20.000 y 40.000 personas que prestan sus servicios en las entidades instrumentales. Sí se han eliminado 180 puestos directivos que han sido reubicados. El ahorro estimado con esta iniciativa, presentada a mediados de 2010 y que ha dado lugar a una larga batalla en los tribunales por los recursos planteados por los sindicatos, es de 118,3 millones de euros hasta 2013.
Valderas cree que “a medio y largo plazo” habrá que acometer la reordenación del sector público pero no a “hachazo limpio” sino con “diálogo negociación y con tiempo”, aseguró ayer en una conferencia de prensa.
El coordinador de IU afirma que "nadie duda" de la necesidad de adecuar el sector público
IU está ahora embarcada, como también sus socios socialistas, en trasladar que la cara de los recortes que se están acometiendo en España y en Andalucía llevan la firma del Partido Popular de Rajoy. Pero no aclara, como tampoco el PSOE, qué va a hacer si hay que amputar al Presupuesto andaluz para 2013 otros 2.700 millones de euros.
Por el momento, aún no hay resultados de las negociaciones entre los técnicos del ministerio y de la consejería de Hacienda para suavizar el techo de endeudamiento acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. IU apela a la movilización, a la “rebelión” y a una imprecisa consulta ciudadana, pero sabe que la “salvajada” de recortes, como lo llamó Valderas, cuestiona el programa con el que se presentaron a las elecciones y el acuerdo de gobierno de 250 medidas firmado por PSOE e IU, según admitió el vicepresidente de la Junta.
Menos “amenazas”
El PP pidió ayer al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que “deje de amenazar” a los andaluces con el cierre de hospitales y colegios, y le ha emplazado a que analice sus cuentas y “adelgace” la Administración “paralela”. La vicesecretaria popular de Empleo y Economía, Carolina España dijo que su partido no va a permitir que se amenace con el cierre de colegios y hospitales públicos. “Antes hay que cerrar embajadas, fundaciones y empresas públicas” y eliminar cargos de confianza, propuso.
La dirigente del PP señaló que los Ayuntamientos también han reducido sus ingresos pero no han dejado de prestar servicios públicos esenciales como la recogida de basura. También cuestionó la solvencia de las cuentas autonómicas, al afirmar que desconoce “si el problema es que hay facturas en los cajones sin pagar”. España aconsejó a Griñán a “gobernar y decir la verdad” y a abandonar la estrategia de confrontación que, según ella, mantiene el presidente andaluz para “ocupar el lugar” del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, haciendo la oposición al Gobierno central.
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