Un decreto que solo suma enemigos

La reordenación vía decreto ley del sector público andaluz ha levantado en armas a una porción muy importante de entre los que trabajan para la Administración, independientemente de su relación laboral. El número de los trabajadores a los que afecta la norma es una cifra difícil de concretar cuando se trata de contabilizar, además de a los 241.000 funcionarios y personal laboral de la Junta a los, según diversas fuentes, entre 20.000 y 40.000 empleados en las entidades instrumentales.

Esta reordenación, enmarcada dentro del Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta hasta 2013, pretende la eliminación de 110 de las 254 empresas públicas y la adopción de medidas que favorezcan la eficiencia y la reducción del gasto en la Administración, con un impacto económico previsto en tres años de 118,3 millones.

La Junta trata de reducir el número de sociedades públicas, fundaciones y consorcios que trabajan en la actualidad para cada una de las 13 consejerías y agruparlas bajo la figura de una o dos agencias públicas empresariales, bien de carácter administrativo, bien de carácter especial, del tipo de la Agencia Tributaria.

Sin embargo, las intenciones de racionalización de la prestación de servicios y de compromiso con el ahorro de las finanzas públicas esgrimidas por la Junta no han satisfecho a gran parte de los afectados que se han levantado contra el Decreto Ley 5/2010, aprobado el 27 de julio. Aunque con matices, la norma ha logrado poner de acuerdo -y en su contra- a los sindicatos con mayor representación en la Administración autonómica.

Por su parte, el Gobierno andaluz ha insistido en que la reordenación no supondrá ni pérdida de empleo, ni pérdida de derechos, ni convertirá en funcionarios a quienes no lo son, como sostiene el Partido Popular, ni siquiera que vaya a ser obligatoria para los funcionarios de carrera. Pero el revuelo ha sido de tal calibre que la Junta ha tenido que poner en marcha todo su aparato informativo y de negociación para intentar calmar a sus trabajadores. Desde el departamento de Administración Pública se ha insistido en la disposición a consensuar con los sindicatos la aplicación paso a paso y empresa por empresa del decreto, dado que esta reordenación formaba parte del VII Acuerdo de Concertación, y estaba prevista la creación de una mesa para consensuarla.

El Ejecutivo andaluz también ha querido justificar la premura y las formas (por decreto) en la promulgación en la necesidad de adaptarse y cumplir tanto con el Estatuto Básico del Empleado Público, como con la nueva Ley de Contratos del Sector Público y la propia Ley de Administración de la Junta de Andalucía. Desde el pasado viernes, la página web de la Consejería de Hacienda y Administración Pública incluye un enlace en el que se intenta responder a la multitud de dudas y preocupaciones de sus trabajadores sobre el decreto.

- ¿Qué temen los funcionarios?

En principio, los sindicatos han recurrido el decreto alegando vulneración de derechos fundamentales y acusando a la Junta de pretender otorgar la potestad administrativa a personal no funcionario procedente del sector público empresarial. La Junta insiste en que serán los funcionarios que se traspasen a las agencias los que ostentarán esa función, y que la condición de funcionario no se perderá en ningún caso. El sindicato de funcionarios sostiene que la dependencia funcional será de un jefe de una empresa privada -su jornada y retribución- y no de la Administración.

- ¿Están obligados los funcionarios a integrarse en la agencia pública?

No, es voluntario. Pero una vez que se adscriban pasarán a ser personal laboral de la agencia. A todos los efectos, el tiempo de permanencia en la agencia le contará como méritos para, en caso de reingreso, participar en concursos de traslados, y para cobrar los trienios por antigüedad. Los sindicatos sostienen que esa voluntariedad es relativa porque si los servicios de una consejería o ente actual se traspasan a una agencia, los funcionarios perderán su actual puesto y función y, en caso de negarse a ir a la agencia, deberán ser reubicados por lo que, en cierta manera, se verán abocados a aceptar el cambio o a arriesgarse a ser recolocados donde la Junta quiera.

- ¿Podrán los funcionarios y el personal laboral adscrito a una agencia participar en los concursos de traslado?

Los funcionarios sí, pero en el caso del personal laboral solo durante los primeros cinco años. Respecto al personal laboral de los entes instrumentales, que actualmente no están bajo el convenio laboral de la Junta, y que lleguen a las agencias con su propio convenio, no podrían participar. La Junta dice que el decreto no va a dar lugar a la adquisición de ningún derecho que no se tuviera como consecuencia del proceso de integración.

- ¿Habrá despidos entre el personal de los entes instrumentales?

Según la Junta, no. El decreto pretende la consolidación del empleo. Solo se verán afectados unos 180 directivos que serán reubicados en la Administración.

- ¿Qué convenio se aplicará en las nuevas agencias?

La Junta pretende que cada agencia negocie con los sindicatos su propio convenio. Mientras tanto, cada trabajador recibirá el mismo sueldo y las contraprestaciones de su convenio actual. Los sindicatos han exigido que a todas las agencias se les aplique el Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta.

- ¿Pasarán los empleados de los entes instrumentales a ser funcionarios o personal laboral de la Junta?

En principio, no. El Gobierno andaluz afirma que estos trabajadores mantendrán su condición de personal laboral no adscrito a la Junta. No obstante, los sindicatos han reclamado como condición para aceptar el decreto de reforma que todas las agencias se rijan bajo el paraguas del Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, con lo que esos trabajadores se beneficiarían de derechos que ahora no poseen.