Juristas y politólogos censuran la reforma electoral que plantea el PP

Ahorro irrelevante, incluso peligroso, y, formalmente, una medida poco menos que impresentable por su unilateralidad y por formularla ya en vísperas de las elecciones. Son el denominador común en las opiniones que suscita la reforma electoral anunciada por Alberto Núñez Feijóo y el PP gallego en un panel de expertos a los que EL PAÍS ha solicitado su opinión al respecto, todos ellos del ámbito universitario. Se trata de los catedráticos José Antonio Portero Molina, Roberto Blanco Valdés (ambos de Derecho Constitucional) y Guillermo Márquez (de Ciencia Política) y los profesores Miguel Bastos y Cristina Ares, de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidade de Santiago, e Ignacio Lago, de la catalana Pompeu Fabra. Lo que sigue es un resumen de sus consideraciones.

» Cambiar las reglas de juego. “Las reglas no son dogmas”, anticipa Guillermo Márquez, “y cambiarlas forma parte del sistema”. En España el sistema electoral estuvo funcionando de forma rígida durante muchos años y luego algunas comunidades autónomas, como Asturias y Murcia, hicieron un camino de ida y vuelta, subiendo y bajando sucesivamente las barreras legales de mínimos para obtener representación parlamentaria. “No es ningún ataque a la democracia, y tampoco lo veo mal”, abunda Miguel Bastos, que se declara militante del PP. “Es legítimo, es un arma que tienen los partidos y, aunque suene a cínico, forma parte del juego: De Gaulle lo hizo varias veces, cada vez que las encuestas le señalaban una amenaza de los comunistas modificaba la demarcación de los distritos, y también se ha practicado mucho en Italia”, añade Bastos. “En la España democrática de las últimas décadas, se realizaron cuatro reformas de la ley electoral estatal y todas se hicieron por consenso”, asienta Ignacio Lago.

El ahorro que se derivará será irrelevante, y la política no es gasto

» Una reforma unilateral del PP. Nadie lo disculpa. Incluso Bastos admite que “ciertamente, queda un poco marrullero”. “La ley lo permite, pero no es conveniente desde el punto de vista democrático, lo más razonable es hacerlo por consenso o con un respaldo amplio”, señala Blanco Valdés. “Estamos hablando de reglas de juego institucionales que deben servir para todo tiempo y lugar, que no deberían estar sometidas al juego de mayorías y minorías; en el desarrollo estatutario [de la autonomía] debe haber un consenso en esas reglas”, opina Márquez. “No es de recibo, me parece intolerable”, ataca Lago, que añade: “En cualquier reforma, unos ganan y otros pierden, pero si con solo disponer de mayoría absoluta se pueden cambiar las reglas de juego, también podrán hacerlo los siguientes que consigan esa mayoría, y eso genera inestabilidad en cuestiones básicas”.

» Un ahorro “irrelevante” y una “idea peligrosa”. El PP justifica la reforma en el ahorro que genera en estos tiempos de crisis y en que recoge un sentir de la calle. Todos los consultados consideran “irrelevante” ese ahorro, que se cifra en torno a un millón y medio de euros y que se podría obtener por otras vías del propio funcionamiento de la política, “como un mayor rigor de las incompatibilidades, por ejemplo”, apunta Portero Molina. “Los motivos económicos me parecen insuficientes, habría que explicarlo en función de las tareas del Parlamento”, añade, “y si el Parlamento ha estado trabajando durante décadas con 75 diputados, tendrán que explicar si puede hacer lo mismo con 60, 40 o con la mitad”. A su juicio, “tal como se plantea”, la reducción de escaños va a afectar a la funcionalidad del Parlamento “y especialmente a la oposición para ejercer su tarea de control al Gobierno”.

La reducción de escaños prima siempre al que gana, aquí el PP

“Es una irresponsabilidad porque hay donde recortar antes con mucho más merecimiento”, coincide Cristina Ares, que prosigue: “Y me parece grave porque la reducción de escaños en función del ahorro hace pensar en la política como un gasto, una idea muy peligrosa. Hay que reivindicar la política y habilitar los mecanismos que permitan mejorar su trabajo, como reformas para aproximar los parlamentarios a sus electores, fomentar esa relación sobre todo en estos momentos. No puede entenderse la política como un coste y como si su trabajo no generara valor”.

» Los reducción de escaños favorece al PP. “La reducción de escaños prima siempre al que gana”, sentencia Ignacio Lago. “Incide en el índice efectivo de voto, esto es, el porcentaje de votos que necesita un partido para obtener escaño”, explica Guillermo Márquez. “El resultado depende técnicamente de la combinación de la ley D’Hont y del tamaño de la circunscripción”, añade. En esa tesitura, la reforma “favorece claramente al PP como grupo mayoritario”, expone Bastos, para quien los fines de la misma, antes que el ahorro, son dos: aumentar la sobrerrepresentación de las provincias de Lugo y Ourense y dificultar la obtención de escaño a los partidos más pequeños. “También el BNG, aunque ahora protesten, sacará provecho del voto útil frente a los grupos nacidos de su órbita”, apostilla.

El recorte podría hacerse en el fijo de los 10 escaños por provincia

“Siempre que se reducen escaños se reduce la proporcionalidad, y disminuir la proporcionalidad favorece a quien tiene la mayoría”, abunda Blanco Valdés. “Pero debería aprovecharse el debate para evaluar todos los factores y no solo los que perjudican a unos, sino a todos. Me refiero a algo tan determinante como que un partido que se sitúa por los resultados electorales al borde de la mayoría absoluta, con más del 46% de los votos, no pueda gobernar porque se lo impide una coalición. Eso sucede aquí y no en otras democracias europeas”, apunta.

» Seguirán los tres grupos parlamentarios. Los tres grupos actuales seguirán manteniendo su representación en el Parlamento, coinciden todos los consultados. Guillermo Márquez —con referentes estimativos que memoriza desde su lugar de vacaciones, es decir, haciendo una salvedad de inexactitud—, considera improbable que la reforma abra el Parlamento a grupos minoritarios: en A Coruña y Pontevedra precisarán obtener más del 4% de los votos y en Lugo y Ourense, más del 5%.

56.386 electores por cada escaño de A Coruña y 26.627 por el de Lugo

» Sobrerrepresentación de Lugo y Ourense. La desproporcionalidad de la representación será mayor y las provincias de Lugo y Ourense aumentarán su actual sobrerrepresentación. “Para atajarlo, creo que hay margen para negociar las condiciones”, indica Blanco Valdés, “ya que la reforma podrìa hacerse reduciendo escaños en la asignación fija de 10 por provincia y aumentando los 21 de elección proporcional”, una medida que también Guillermo Márquez considera la más indicada para obtener mayor proporcionalidad.

Con el censo electoral de 2009, dividiéndolo por el número de escaños provinciales que plantea la reforma, a Lugo le corresponderían 26.627 electores por cada uno de sus 15 escaños, y a Ourense, 29.622 electores por cada uno de sus 12 escaños. En A Coruña, sin embargo, a cada uno de sus 19 escaños le corresponderían 56.386 electores y en Pontevedra, 51.405 electores por cada uno de sus 17 escaños. Los desfases son evidentes.