Mas-Colell admite que desconoce cuándo pagará a las entidades sociales

Las entidades sociales que ofrecen servicios asistenciales se quedaron ayer sin ningún calendario para ingresar la factura de julio que la Administración catalana dejó de abonar. Es más, el sector ni tan solo tiene el compromiso de que este desaguisado no se repetirá. “No puedo dar ningún calendario. No puedo garantizar nada porque depende de que el banco, que es el Estado, funcione adecuadamente”, advirtió el consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, quien ayer compareció en el Parlament junto con el titular de Bienestar Social, Josep Lluís Cleries, para dar explicaciones sobre el impago de julio a estas entidades.

La de ayer es la segunda comparecencia de Cleries en pleno mes de agosto para rendir cuentas ante el Parlament por una crisis social. El año pasado tuvo que acudir junto con el consejero Francesc Xavier Mena tras dejar a miles de personas sin percibir ese mes la renta mínima de inserción (RMI). Como en aquella ocasión, ayer Cleries tuvo que pedir disculpas a los afectados, que en este caso van desde las entidades que han tenido que echar mano de créditos para pasar el mes hasta los trabajadores que se han quedado sin nómina.

El impago, que Cleries negó llamándolo “aplazamiento”, asciende a 70 millones de euros. Si se suman los conciertos de escuelas y hospitales, sin embargo, la cifra es mucho más elevada y, de acuerdo con los presupuestos y el sector, asciende a unos 430 millones de euros. Mas-Colell justificó el impago por una crisis de tesorería cuyo dramatismo e importancia no quiso rebajar y que atribuyó a la falta de recursos procedentes del Tesoro del Estado. “No hemos pagado subvenciones, ni la luz, ni vigilancia, ni limpieza, ni el teléfono, ni alquileres... ni los peajes de Abertis”, describió.

El consejero recordó que las leyes de estabilidad presupuestaria, tanto la estatal como la catalana, fijan que la deuda es la primera prioridad de gasto para el Ejecutivo. Y luego van las nóminas. Aparte de eso, el Ejecutivo solo ha gastado 50 millones de euros en prestaciones sociales, como la RMI, las ayudas a la dependencia y los complementos de pensiones no contributivas. Y los retrasos en los pagos a la Seguridad Social también se han ido incrementando durante el año.

“La caja está vacía”, recalcó Mas-Colell, quien exigió con insistencia al Gobierno central un modo de provisión de liquidez “ordinario, transparente y sistemático” que permita atender el gasto social y la financiación de los vencimientos y del déficit previsto para este año, de unos 3.000 millones de euros. “El Estado ejerce una asfixia económica que acaba en una asfixia social”, remachó Cleries.

El consejero de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, llegaba al Parlament acompañado de todo su equipo y con una apariencia más distendida. Mas-Colell, en cambio, repasaba sus notas hasta el último momento con una asesora. Cleries adoptó una actitud de cumplir escrupulosamente la misión que se le había encomendado y no fue más allá de confirmar que los impagos de su área ascienden a 70 millones de euros. “Solo doy cuenta de mi departamento”, reiteró en varias ocasiones, dejando que fuera Mas-Colell quien asumiera las explicaciones por las razones del impago.

Cleries trató de tejer un discurso de complicidad con las entidades. “Es un sector maduro, que tiene debilidades económicas, pero una grandeza de compromiso”, dijo. E insistió en varias ocasiones en la buena sintonía con las entidades: “Estamos juntos en un mismo objetivo de servicio a las personas. Esto nos une, con unas dificultades que también compartimos”. El consejero también aseguró que se ha creado una comisión de seguimiento para ofrecer ayuda a las entidades que se hallen en situación crítica por estos impagos. Cleries elevó el tono en los momentos en que debía defender su gestión, sobre todo cuando la oposición cuestionó su gestión de la crisis.

El Síndic de Greuges exige el pago inmediato a los centros de menores

Las explicaciones de los consejeros dejaron con un sentimiento de desazón a los representantes de las entidades sociales que estaban presentes en la sala, los cuales salieron destacando el negro panorama dibujado por Mas-Colell sobre las finanzas catalanas para los próximos meses. El sector teme que los impagos se repitan, y no muy tarde. El pasado septiembre la Generalitat solo pudo pagar el 65% del importe de los conciertos. Y la recta final de 2012 no se presenta mucho mejor, ya que en el segundo semestre el Gobierno catalán debe afrontar unos vencimientos de 5.755 millones de euros.

Una vez finalizadas las comparecencias, la Mesa del Tercer Sector —que agrupa a 4.000 de las 7.500 entidades sociales— exigió a la Generalitat un calendario de pago de la deuda, ya sea en su totalidad o parcialmente. La presidenta de la organización, Àngels Guiteras, apeló a la “sensibilidad” y “conciencia” del Ejecutivo para que se puedan abonar los pagos pendientes lo antes posible.

ICV acusa de censura a Cleries por no dejar a las entidades hablar con la prensa

En un tono más crítico se expresó otra de las principales patronales del sector, la federación Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS), que aseguró que las intervenciones de los dos consejeros “han puesto de manifiesto la incapacidad del Gobierno para garantizar la atención a las personas vulnerables”. La organización alertó de que el impago de julio ha agravado la “situación crítica” que arrastran muchas entidades que han visto reducidas las ayudas en el último año. ECAS alertó en un comunicado de que “la capacidad de las entidades sociales no es ilimitada”, debido a la falta de un “cojín económico” y de “margen de maniobra financiera”.

La federación también reprochó que la prioridad de pago de la Generalitat sean los bancos, puesto que consideran que esta debe ser “la atención a las personas, especialmente a las más vulnerables”. También en este sentido se expresó el Síndic de Greuges, que exigió a la Generalitat que “priorice inmediatamente” el pago a los centros de acogida de menores. A través de un escrito, el Síndic manifiesta que la Generalitat, al no abonar la subvención de julio, “podría no respetar” la Ley de la Infancia, que dicta como prioridad para los poderes públicos la protección de los menores.

Las argumentaciones esgrimidas por los consejeros tampoco convencieron a los partidos de la oposición, que las tacharon de “decepcionantes” e “insuficientes”. La diputada del PSC Eva Granados pidió la creación de un gabinete de crisis para gestionar la situación. Pere Bosch (ERC) acusó a Cleries de haber provocado “las dos crisis sociales más duras”, en referencia al episodio de la RMI. Pere Calbó (PP) reprochó al Gobierno que esté haciendo un “uso chapucero del sufrimiento de las personas”, lo que consideró “inaceptable” e “indigno”, y pidió a los consejeron que asuman responsabilidades.

El presidente del grupo de ICV-EUiA, Joan Herrera, denunció que al Gobierno “le fallan las formas” e hizo pública una carta enviada en junio por el departamento de Cleries a los centros de menores en la que les prohíbe hablar directamente con los medios de comunicación y les recuerda que el servicio que prestan depende de esta área.