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“Mis hijas me veían por la tele y me preguntaban qué había hecho”

El local foco de la legionela, que cumplía la normativa, está cerca de la quiebra y se enfrenta a una denuncia por homicidio imprudente. Sanidad da por cerrado el caso

José Luis Moreno, propietario de la marisquería Moreno II de Móstoles.
José Luis Moreno, propietario de la marisquería Moreno II de Móstoles.LUIS SEVILLANO

“El día que saltó la noticia esto estaba lleno de cámaras de televisión. Esto es la ruina, pensé”, contaba ayer José Luis Moreno, de 41 años, a la puerta de la marisquería Moreno II, en un polígono a las afueras de Móstoles, en la antigua nacional V. “¿Quién ha venido hoy que ya se ha acabado?”. El 4 de julio la Consejería de Sanidad informaba de que estaba investigando un brote de legionela y que todos los afectados habían acudido a “un restaurante de un polígono industrial del municipio de Móstoles”.

No hizo falta decir mucho más. Enseguida se filtró que era el suyo, un local impoluto abierto hace apenas siete meses, con el mismo nombre que el restaurante familiar, fundado en 1976 en el centro del municipio y muy conocido. Ayer Sanidad anunció que “da por cerrado” el brote. Se ha comprobado que los 63 afectados —dos de ellas han fallecido— se contagiaron en Moreno, pero la marisquería nunca se cerró. Sanidad ni siquiera le ha abierto expediente. “Cumplía toda la normativa”, confirma un portavoz.

63 casos y dos mujeres fallecidas

La legionela es una bacteria que prolifera muy rápido cuando se dan determinadas condiciones de humedad y calor. Muchas veces, cuando los inspectores llegan a tomar muestras, ya no la encuentran, pese a que haya podido contagiar a decenas de personas que la han inhalado en minúsculas gotas de agua. Si la temperatura baja unos grados, simplemente desaparece sin dejar rastro. El brote de Móstoles ha finalizado con dos mujeres de 87 y 63 años fallecidas. Las dos padecían múltiples patologías, según la Consejería de Sanidad. Finalmente se han producido 63 casos que en las encuestas epidemiológicas solo coincidieron en un lugar: la marisquería.

De ahí que, pese a que los primeros resultados del análisis en el laboratorio resultaron negativos, Sanidad siempre defendió que desde el punto de vista epidemiológico el foco estaba confirmado. En cerca de un 70% de los brotes de legionela nunca se llega a aislar la bacteria causante y a determinar el origen mediante análisis. Es lo que ocurrió con el brote más grave vivido en la región, en 2010, que dejó seis fallecidos y 47 contagiados. En aquella ocasión Sanidad impuso 40 sanciones por mantenimiento deficiente, pero nunca encontró el origen.

“De un día para otro me cambió la vida”, recuerda Moreno en una de las salas del restaurante, un local de unas cien mesas que hasta hace un mes prácticamente se llenaba los fines de semana de clientela familiar: “Perdimos el 90% del negocio. Los trabajadores empezaron a temer por sus puestos. Llegaba a mi casa y encontraba a mis dos hijas llorando porque me habían visto en la televisión y me preguntaban qué había hecho. Lo hemos pasado muy mal, muy mal”. Se emociona y tiene que dejar de hablar un momento. La semana pasada tuvo que empezar a despedir: “De este negocio vivían 62 familias. Hemos echado a 20 empleados, buenos empleados que no tenían ninguna culpa, y si esto sigue así irán detrás 12 más”.

Son las siete de la tarde y apenas seis personas toman algo en la barra, justo al lado de la champanera que Sanidad ordenó precintar. Moreno enseña todo el local —”nunca he tenido nada que ocultar”, dice—: desde la cocina, amplia, reluciente, hasta los baños, uno de ellos tamaño mini, para niños, con un cambiador y un sillón para que las madres den el pecho. No evita las instalaciones que precintó Sanidad: dos fuentes ornamentales tipo cascada en la entrada, otra en el centro del salón principal y, sobre todo, el sistema de refrigeración evaporativa, una especie de humidificadores como los que se ven en cualquier terraza de verano. Señala el ventilador más cercano a la puerta, en el hall de entrada, justo donde uno espera para que le acompañen a la mesa: “Me dijeron que podía ser ese, pero no está claro”.

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Pese a que sabe que igual le podría haber sucedido a él que al local de al lado, ha decidido desmontarlo todo. “Por precaución. No quiero que me pase lo del hotel de Calpe [se cerró tras un brote y cuando las autoridades lo reabrieron seis meses después hubo nuevos casos]”. Se emociona al hablar de sus empleados: “Se han ofrecido a venir gratis hasta que nos recuperemos”. Y de muchos clientes: “Me dicen que he tenido mala suerte y ya está, una desgracia”.

“Tenemos todos los papeles en regla: las facturas, las garantías, la inspección... La seguridad es lo que he visto toda la vida trabajando con mi padre. Si había que tirar 10 kilos de marisco por si acaso y perder dinero, se hacía. Si esto hubiera sido culpa nuestra, estaríamos mal y dolidos, pero no sería lo mismo. Si los inspectores hubieran encontrado esto sucio, sin licencia, la maquinaria sin control... Pero este chaparrón sin comerlo ni beberlo ha sido muy duro. De golpe pierdes tu patrimonio, tu empresa, tu vida”, lamenta Moreno, que empezó a recoger mesas en el restaurante familiar con 12 años. “Me ha tocado. Y cuando te toca algo, hay que afrontarlo. Me quejo de cómo se ha tratado este asunto. Desde el primer día estábamos marcados y eso no se puede hacer sin tener resultados”, lamenta.

Un bufete de abogados ha presentado ya “cinco o seis” denuncias por lo penal contra la marisquería “por un presunto delito de homicidio por imprudencia y lesiones por imprudencia”, confirma un portavoz de Vázquez Abogados. “Se han puesto en contacto con nosotros casi 30 afectados por el brote de Móstoles”, añade. Moreno, que pidió “por respeto” no atender a este diario hasta que los enfermos salieran del hospital, dice que entiende a los afectados. “Entiendo que pidan una indemnización, para eso hay un seguro de responsabilidad civil. Pero que piensen también en cómo se queda un negocio tras una información así”.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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