El Gobierno vasco estudia compensar el gasto del copago

El Gobierno vasco acatará la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la aplicación del decreto que dejaba sin efecto el copago farmacéutico en Euskadi, pero estudia fórmulas para compensar este desembolso a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. La admisión de un recurso del Gobierno central para declarar el conflicto de competencias con el decreto del País Vasco supone su suspensión automática, pero el Ejecutivo de Vitoria no ha fijado una fecha concreta para la puesta en marcha de la medida. Ayer explicó que aplicará el copago farmacéutico cuando los sistemas de prescripción y dispensación de Osakidetza estén “en condiciones de hacerlo”.

El lehendakari Patxi López se reunió ayer con los responsables de los departamentos de Sanidad y Asuntos Sociales, y de sus servicios jurídicos para analizar las consecuencias de la decisión del Tribunal Constitucional. Al término del encuentro, la Presidencia del Gobierno publicó una nota en la que explicó que acata, aunque no comparte, la decisión del Constitucional de suspender cautelarmente su decreto sobre el copago farmacéutico.

El Ejecutivo de Vitoria agotará las vías jurídicas para defender su decisión

El Ejecutivo de Vitoria ha comenzado a estudiar las fórmulas para “compensar el desembolso económico al que se vean obligados los colectivos sociales más vulnerables y con menos recursos por culpa del recorte de derechos sociales que supone el copago”. El Gobierno reiteró que considera lo considera “socialmente injusto, ya que penaliza a los colectivos más vulnerables de la sociedad y dañino para el sistema de salud, que tanto ha costado a la ciudadanía vasca construir a lo largo de muchos años”.

El Gobierno vasco volvió a repetir sus críticas a la medida de recorte por considerar que al imponer el pago de servicios en la sanidad pública no busca la sostenibilidad del sistema ni el equilibrio de las cuentas públicas y reparte “de forma injusta”, señalaron, “los sacrificios ante la crisis”. Añadió que la medida que trata de imponer el Gobierno de Mariano Rajoy “vulnera las competencias del País Vasco y limita de forma antijurídica su autogobierno”. La intención del Gobierno Vasco es agotar las vías jurídicas para defenderlo. “Son estos los argumentos que haremos valer en el conflicto de competencia planteado, con la convicción de que serán tenidos en cuenta por el Tribunal Constitucional cuando entre a valorar el fondo de la cuestión”.

Los magistrados tienen cinco meses para decir si mantienen la suspensión mientras deciden sobre cuál de las dos Administraciones tiene la competencia cuestionada. El Gobierno central cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado, que ha entendido que la norma autonómica “contraviene” la básica del Estado, tanto al fijar el porcentaje de la aportación del usuario como en la relación de aquellos beneficiarios exentos, que es más amplia. El Tribunal Constitucional también ha admitido a trámite un segundo recurso del Gobierno central contra el decreto andaluz de subasta de medicamentos, por lo que Andalucía verá paralizada por segunda vez la subasta de fármacos.