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El interés por la paga de Navidad

Los partidos se esfuerzan por exhibir la solidaridad con los funcionarios Los parlamentarios y los cargos de confianza no cobrarán la extra

El portavoz de la Diputación Foral de Bizkaia, Juan María Aburto en su comparecencia ante el Consejode Gobierno foral.
El portavoz de la Diputación Foral de Bizkaia, Juan María Aburto en su comparecencia ante el Consejode Gobierno foral.alfredo aldai (EFE)

La paga de Navidad interesa este año más que nunca en Euskadi. En el caso de los funcionarios públicos porque perderán su ingreso en aplicación de los drásticos recortes del Gobierno Rajoy; en el de los partidos políticos por proyectar una imagen de solidaridad comprometida con las decenas de miles de afectados.

La extra de Navidad dispone de tan hondo calado social que instituciones y partidos no le volverán la cara porque saben de su trascendencia pública. En ese contexto debe entender la rapidez de los grupos representados en el Parlamento vasco para renunciar, junto a los cargos de confianza, al cobro de esta paga. En Bizkaia, la Diputación se había adelantado un día para aplicar la norma a todos sus cargos políticos y ayer lo ratificó mediante acuerdo de su Consejo de Gobierno semanal.

Álava, en cambio, con un gobierno del PP no se subirá a la ola solidaria. Su diputado general, Javier de Andrés, utilizó un argumento de interés político para justificar la supresión de la paga de Navidad a todos los funcionarios. De Andrés parte del reconocimiento de que se trata de una “ley básica” y que “no es bueno que cada uno decida en su ámbito territorial” porque, añadió, “se convertiría a España en un país inviable”.

Garitano dice que no es tiempo de que cada institución vaya por su lado

José Luis Bilbao no lo ve así. La Diputación de Bizkaia que preside va a buscar “los argumentos necesarios” para que sus funcionarios cobren lo estipulado en los presupuestos de 2012, impidiendo, como advirtió ayer su portavoz, Juan Mari Aburto, “un nuevo atropello a la función pública vasca”.

Con este tipo de reacciones, que se unen a las exhibidas por el Ejecutivo López, el Gobierno central interioriza la resistencia numantina de las instituciones vascas a sus pretendidos recortes, aunque no responderán a una estrategia coordinada como pretende el lehendakari. De hecho, Gipuzkoa todavía no ha dicho si secunda la posición rebelde de Bizkaia para garantizar que sus funcionarios mantendrán íntegras sus prestaciones salariales. El PNV pidió ayer al diputado general guipuzcoano, Martin Garitano, que mantenga la extra de Navidad a los empleados forales porque los recortes de Rajoy, dice su portavoz en Juntas Markel Olano, son “injustos” y no deberían aplicarse en Gipuzkoa.

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Pero Garitano prefiere ahondar en un discurso más global que supere las individualidades de cada institución. El diputado general guipuzcoano entiende que “no es momento de que cada institución vaya por su lado y haga la guerra por su cuenta”. Desde Bildu se pretende “alcanzare acuerdos generales”, ahondando en las líneas básicas, como recordó ayer en una rueda de prensa en San Sebastián, de los “avances en material fiscal” y el “mantenimiento de políticas sociales” habida cuenta de que se asiste, a su juicio, a “un verdadero estado de excepción”.

Bizkaia buscará “argumentos” para que los funcionarios cobren lo aprobado

En tiempos de rentabilidad electoral es imposible que la actual geometría variable en las instituciones vascas confluya en la unidad de acción que pretenden, curiosamente Patxi López y la izquierda abertzale. De momento, Garitano recuerda que su gobierno foral ya se ha puesto en contacto con José Luis Bilbao y Javier de Andrés para trasladarles la invitación a reunirse y que en breve hará lo propio con los presidentes de Euskadi y de Navarra.

Hasta entonces, en el Parlamento se asiste a la unanimidad de todos los grupos para no cobrar la extra de Navidad. La iniciativa de PSE-EE y UPyD tuvo el respaldo de todos los partidos de la Mesa de la Cámara, como trasladó ayer su presidenta, Arantza Quiroga (PP). Los socialistas incidieron en la “discrepancia radical” con la decisión “impuesta” por el Gobierno central. Eso sí, queda por decidir si la norma se aplica a los funcionarios del propio Parlamento cuya situación se analizará en septiembre ya que esta institución cuenta con plena autonomía en la aprobación y determinación de sus propios presupuestos. Con todo, EA fue un poco más lejos, añadiendo una clara intencionalidad política al adherirse al acuerdo: “Las instituciones vascas tienen que plantarse como país ante Rajoy”.

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