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La Junta limita a 59.554 euros el sueldo de los directivos públicos

La flota de vehículos oficiales para altos cargos se reduce de 200 a menos de 40

Carmen Martínez Aguayo, tras el Consejo de Gobierno de hoy.
Carmen Martínez Aguayo, tras el Consejo de Gobierno de hoy.

La Junta andaluza ha puesto un tope a los sueldos de los directivos de las entidades públicas, dentro del desarrollo del plan de ajuste para cumplir con el objetivo del déficit. Esta es una de las medidas más esperadas después de la bajada de las retribuciones a los altos cargos (presidente del Ejecutivo andaluz, consejeros y asimilados), a quienes se les ha restado un 7,5% de su salario en el último corte, si bien la reducción acumulada desde 2009 alcanza el 20%.

Según aprobó este martes el Consejo de Gobierno, el límite para los directivos del sector público es el equivalente al salario anual de los viceconsejeros: 59.554 euros —contando todos los conceptos dinerarios y en especie, salvo la antigüedad— si la empresa cuenta con un presupuesto superior a los 100 millones de euros o plantillas de más de 500 trabajadores. En el caso de que el presupuesto rebase los 50 millones o 50 trabajadores, el sueldo será el de un director general (50.000 euros); y si es de cinco millones o 10 empleados, la paga será la misma que subdirectores o coordinadores generales. El resto del personal directivo no sujeto a convenio colectivo en ningún caso podrá percibir una retribución superior a los de máximo nivel.

Hasta ahora los directivos andaluces cobraban habitualmente más que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, cuyo salario ha pasado de 81.155 euros anuales en 2009 a 63. 808. La bajada más llamativa será la del director general de la Radio Televisión Andaluza (RTVA), Pablo Carrasco, que actualmente percibe en torno a los 124.000 euros al año —60.200 más que Griñán—, aunque en 2009 sus emolumentos rebasaban los 139.300 euros.

La consejera insiste en que Andalucía no tiene intención de pedir el rescate

En el mismo capítulo de reducción de gastos, la Junta ha resuelto adelgazar el número de vehículos oficiales de 200 a 30 o 40, y destinarlos únicamente al presidente de la Junta, consejerías, viceconsejerías, delegaciones del Ejecutivo autónomo y similares. No obstante, la titular de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, ha precisado tras la reunión del Consejo de Gobierno que se trata de un “ahorro indirecto” —que cifró en unos tres millones de euros—, ya que si los coches salieran a la venta tendrían poco valor en el mercado. La idea, ha dicho, es “racionalizarlos” y que estén a disposición de quien los necesite como “vehículos de incidencias”.

El paquete de medidas aprobado ayer para la contención del gasto se completa con la revisión de todos los contratos de arrendamiento de inmuebles suscritos tanto por consejerías como por entidades instrumentales y consorcios. El objetivo es rebajar en un 25% la cuantía total de estas operaciones.

En el ámbito de la optimización de ingresos, se incluye un plan contra el fraude fiscal, que deberá estar listo dentro de dos meses, del que se espera una recaudación adicional de entre 15 y 20 millones de euros. Aguayo explicó que se centrarán especialmente en los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, el control de la recaudación y el reintegro de subvenciones e ingresos derivados de procedimientos sancionadores.

La consejera destacó de igual modo las medidas para acelerar la recepción de fondos europeos, agilizando la ejecución de gastos cofinanciados y la verificación y certificación de subvenciones y ayudas, con una previsión de asegurar la recepción 500 millones de euros este año.

El Consejo de Gobierno aprobó también la reforma de su plan de ajuste para adecuarlo a los últimos recortes del Gobierno central del pasado 13 de julio. Con la modificación, a los empleados públicos ya no se les retraerá el complemento específico de la paga de extra de verano, que se cobrará íntegra, después de que el Ejecutivo central acordara eliminar la extra de Navidad. La idea es que no se solapen los ajustes que emanan de Madrid y los de Andalucía.

En concreto, el nuevo decreto, de artículo único, deja sin efecto para el año 2012 los artículos 7, 8, 9, 10, 11, 17 y 24 del anterior, que hace referencia a la paga de Navidad en diferentes estamentos. Respecto a los días de vacaciones, quedan fijados en 22 jornadas hábiles, mientras que los permisos y licencias pasan a regularse por un listado tasado que, en el caso de los relativos a asuntos particulares, quedan reducidos a tres.

Otra medida de carácter básico impuesta por la norma estatal es la referida al complemento por contingencias en situaciones de incapacidad temporal, que pasa a ajustarse a las siguientes reglas: desde el primer al tercer día, el 50% de las retribuciones del mes anterior al de la baja; hasta el día 20, el 75% de la diferencia entre la prestación que se percibe de la Seguridad Social y el total retributivo del mes anterior; y a partir del día 21, el 100% de las retribuciones del complemento.

Precisamente, Aguayo dijo que su departamento ha apreciado aspectos de “inconstitucionalidad” en lo relativo a la incapacidad temporal, la negociación colectiva y los permisos sindicales. Según la consejera, los servicios jurídicos están estudiando un posible recurso, aunque aún no se ha tomado la decisión.

Aguayo achaca a Rajoy ocho millones de carga adicional

La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, cifró en ocho millones de euros la “carga adicional” que supone para Andalucía los últimos recortes del Gobierno de Mariano Rajoy, ya que se incrementan el pago del IVA en suministros y se merma los ingresos, sobre todo en Dependencia. Según sus cuentas, la supresión de la paga de Navidad decretada por el Gobierno supone para Andalucía un ahorro de 453,1 millones de euros, mientras que las pagas adicionales que la Junta había previsto eliminar en su plan era de 294 millones. Restando una cantidad a la otra quedaría un margen de 159 millones. Sin embargo, Aguayo aseguró que quedan eliminados como ahorro por el efecto de los 100 millones que suponen el incremento del IVA para las compras de la Administración autonómica, así como que no vayan a llegar como ingresos 59,8 millones por la reducción del Estado en fondos para Dependencia.

La consejera dijo que esta cantidad no es relevante, pero quiso “poner de relieve que en lugar de más ahorro, reporta una carga adicional”. “Ocho millones en una cifra global de 3.500 [que es lo que supone el plan de reequilibrio de la Junta] es marginal, aunque resulta curioso que un real decreto-ley que pretende reducir gastos cargue a las comunidades con un gasto derivado del IVA, sobre todo, cuando no se quiere hacer partícipe a éstas del rendimiento del citado impuesto del 50%. Esto demuestra que no consultar con las autonomías no significa más ahorro”, insistió.

En cuanto a la eventualidad de pedir el rescate del Gobierno central a través del Fondo de Liquidez Autonómica, que ya han solicitado Cataluña, Valencia y Murcia, Aguayo insistió en que la Junta no tienen “en estos momentos” ninguna intención de hacerlo. Existen operaciones en marcha en el mercado de la deuda que, si se culminan, no se tendrá por qué acudir al citado fondo. No obstante, agregó que sería muy presuntuoso, tal y como está el mercado financiero, hacer afirmaciones más rotundas.

Explicó que Andalucía está autorizada para emitir unos 2.200 millones y que una parte se está colocando ya. “No les revelo nada si recuerdo las dificultades actuales del mercado de la deuda”, señaló. Y agregó: “Nosotros no necesitamos ayuda, sino simplemente que se dé una imagen fiel de la comunidad y no se siembren dudas sobre su solvencia”.