Rebelión en ciernes

El Gobierno no debería minusvalorar las consecuencias políticas y económicas del rechazo de varias comunidades autónomas a las exigencias de cumplimiento de déficit impuestas por Hacienda. Extremadura y Castilla y León, gobernadas por el PP, se abstuvieron de votar el límite de déficit requerido por Montoro para 2013 (el 0,7% del PIB) y otras cuatro votaron en contra. Y no debería minusvalorar el conato de rebelión porque es evidente que todos los Gobiernos autónomos, incluso los que votaron a favor de la propuesta de Montoro, son partidarios de que dicho límite se flexibilice en línea con las exigencias más relajadas de Bruselas (un año más para bajar hasta el 3% del PIB) y una participación en los mayores ingresos por el aumento del IVA. El ministro de Hacienda ya ha anunciado que el exceso de ingresos sobre lo previsto en 2012 será íntegramente para el Gobierno central.

Da la impresión de que en el ámbito autonómico el Gobierno ha equivocado el modo de articular la relación fiscal y financiera. En primer lugar, es un error imponer límites uniformes e inamovibles a todas las autonomías sin haber definido previamente cuáles son los gastos asumidos por Sanidad o Educación en todas y cada una de ellas, sus necesidades de ajuste y su capacidad para cumplirlo. Y ello por la sencilla razón de que, por un defecto lamentable en la estructura del sistema, los Gobiernos autónomos dependen casi exclusivamente de las cesiones de impuestos pactadas con el Gobierno central. De forma que, en presencia de ajustes drásticos del déficit y hundimientos no menos drásticos de los ingresos, los consejeros de Hacienda se encuentran sin salida.

La imposición de normas de ajuste uniformes es un disparate y de la misma forma que lo es exigir a España que pase de un déficit del 8,5% del PIB a otro del 3% del PIB en tres años, porque es imposible e increíble, también está fuera de razón imponer el 0,7% de déficit en 2013 a comunidades que carecen de otra actividad económica que la impulsada por el dinero público. Ahogadas financieramente, las comunidades se verán abocadas a pedir ayuda, pero las condiciones fijadas en el decreto que regula la creación del Fondo de Liquidez Autonómico, publicado el sábado en el Boletín Oficial del Estado, las deja sin capacidad de decisión ni de maniobra.

El Gobierno se equivoca de nuevo al tratar de reproducir en los mecanismos de ayuda a las comunidades autónomas con problemas de financiación las duras exigencias de intervención que Bruselas ha impuesto a los países rescatados. El decreto endurece incluso las exigencias de control y se concede un poder de intervención exagerado. Bien está que se traten de frenar los excesos de los fastos autonómicos, como el caso de Valencia, y que se vigilen las cuentas para evitar el falseamiento y la contabilidad creativa. Pero resulta excesivo que se arrogue la capacidad de intervenir por completo la economía de una comunidad por el simple indicio de que no esté cumpliendo el plan de rescate.