Vivir con un moroso

Casi cuatro de cada diez ciudadanos vascos tienen parados en sus familias. En cantidad similar, un 40% de la población ha visto congelado su salario o su pensión. Son datos del último Sociómetro vasco. La crisis está llevando la disminución de ingresos a la mayoría de los hogares en Euskadi. Las dificultades para llegar a final de mes se constatan en el consumo que se hace a diario pero también existen otros indicadores para saber los problemas por los que atraviesan muchas familias: el de la morosidad. Si en un plano bancario, en el primer trimestre del año, Kutxabank había detectado un incremento hasta situar la tasa de sus clientes en un 8,3%, según el estudio Evolución de Conflictos en Comunidades 2011 que ha elaborado Arrenta y al que ha tenido acceso EL PAÍS, la crisis ha disparado un 123% los impagos en las comunidades de propietarios del País Vasco. En la actualidad, un total de 15.476 tienen algún vecino moroso. Los aprietos de la actual coyuntura están aumentando y mucho los impagos desde que estallara en 2008 la crisis y con ellos los conflictos domésticos. Sólo en el último año, el número de escaleras en las que algún inquilino no ha abonado sus cuotas ha crecido a un ritmo de un 3.6%, alcanzando máximos históricos.

El importe medio de la deuda se mueve en torno a los 300 euros

Según la Asociación para el Fomento del Alquiler y Acceso a la Vivienda, Arrenta, de los 69.400 edificios destinados a uso residencial que existen en Euskadi, sin contar las viviendas unifamiliares, el 22,30% soporta impagos por parte de alguno de sus residentes. Con lo que eso conlleva: falta de liquidez en las cajas comunes, obras paradas y juzgados que arrastran un aluvión de denuncias por deudas que reciben a diario. El aumento es más significativo si echamos la vista atrás y retrocedemos hasta el año en el que estalló la crisis. En 2008, ese porcentaje se situaba en un 10%. Eran 6.940 los bloques en los que existían morosos. En 2010, la cifra ascendía a 12.997. Desde que la economía entrara en serias dificultades, cada semana, 39 comunidades han detectado un vecino moroso. Al año, 2.134. Para Carlos Ruiz, gerente de Arrenta, “esa es la principal causa; la crisis. Lo mal que lo están pasando algunas familias en sus hogares”.

Del total de las 15.476 comunidades con inquilinos que no pagan sus cuotas mensuales o anuales, la mitad se encuentra en Bizkaia, seguida de Gipuzkoa y Álava. No obstante, Euskadi se mueve en datos muy similares a la media española donde un 22% de comunidades de propietarios cuenta con al menos un moroso y se sitúa en la octava posición del ránking nacional por detrás de Valencia, Cataluña, Andalucía o Madrid.

En este contexto, según Ruiz, debemos distinguir dos tipos de morosos. “Por un lado, estamos ante quienes ya pagaban mal y con retraso y ahora abonan las cuotas de peor forma y por otro, el ciudadano que ha perdido su empleo y de la noche a la mañana deja de abonar recibos”. Y este último es el escenario que más problemas trae a las comunidades. Las llamadas derramas sin pagar suponen aproximadamente cinco de cada diez procesos que se abren por la vía administrativa en los tribunales. “En la mayoría de los casos se le llega a proponer al moroso fraccionar el pago de la deuda, con tal de no acabar en un proceso judicial”, explica el gerente de Arrenta. El importe medio se mueve en torno a los 300 euros. De no llegar a un acuerdo es cuando el presidente de la comunidad presenta, entre otros documentos, la información contable del inmueble ante un tribunal de primera instancia. Con esta decisión, se pondría en marcha el llamado procedimiento monitorio, por el que se puede solicitar el pago de deudas ante la ley mediante un trámite que sólo en 2011 y a nivel nacional dejó en los tribunales 683.704 instancias. Con este escenario de fondo y tras las modificaciones realizadas en 2009 en la Ley de Enjuiciamiento Civil, un afectado puede reclamar el impago directamente ante los tribunales sin necesidad de procuradores y abogados. Hasta esa fecha en esas peticiones se podía exigir como máximo 30.000 euros, en la actualidad hasta 250.000. En este sentido, el año pasado según datos del Consejo General del Poder Judicial sólo un 7,3% de ellas terminó en pago. Y entonces,

¿Qué pueden hacer? Según el máximo responsable de Arrenta la solución ideal pasa por los tribunales de Arbitraje. “Son organismos compuestos por abogados y magistrados que emitirán un laudo contra el que no cabe recurso y conlleva el pago en un plazo de tiempo aunque es verdad que con la crisis ha aumentado la existencia de seguros que cubren este escenario”.