La Comunidad Valenciana pide la adhesión al fondo de rescate autonómico

Los ecos de los discursos en los que Francisco Camps presumía de dirigir una región envidiada en el mundo se han apagado en la Comunidad Valenciana. Su sucesor en la presidencia de la Generalitat, Alberto Fabra, aprobó este viernes en la reunión semanal del Gobierno la adhesión de la Comunidad Valenciana al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), una decisión que supone, en la práctica, una petición de rescate al Gobierno en toda regla por parte de una autonomía que tiene una deuda superior al 20,5% de su PIB y que arrastra desde hace más de un año serios problemas de liquidez para afrontar sus compromisos.

A cambio de autorizar el acceso a estos fondos, el Ministerio de Hacienda podrá imponer un plan de ajuste y, si ve riesgos, enviar a los hombres de negro a controlar las finanzas de la Generalitat, desembolsar por tramos la ayuda solicitada y establecer duras condiciones presupuestarias y financieras, tal y como ha hecho la Unión Europea con Grecia, Irlanda y Portugal y, para salvar el sistema bancario, España.

El anuncio de que la Comunidad Valenciana será la primera autonomía en acogerse al fondo de rescate del Gobierno —y de que las previsiones de gasto del Estado crecerán hasta el 9,2% en 2013—, realizado con los mercados finacnieros abiertos, disparó la prima de riesgo, que cerró este viernes finalmente en 610 puntos.

Tras la alarma desatada en los mercados, el vicepresidente y portavoz del Consell, José Ciscar, se apresuró a afirmar: “La Comunidad Valenciana no ha pedido ningún rescate. Se acoge a un mecanismo de financiación al que acudirán más comunidades autónomas en los próximos días, sin más ajustes”. Ciscar admitió no obstante que la adhesión al FLA supone la aceptación del “control financiero y fiscal por parte del Gobierno central”. El vicepresidente valenciano aseguró que está adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico del Gobierno no implicará “nuevos ajustes en 2012”, excepto los ya previstos en el plan de estabilidad para este año. Ciscar no quiso detallar qué cantidad de dinero solicitarán al fondo.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros negó que se tratara de una petición de intervención, aunque admitió que la adhesión de la Comunidad Valenciana al FLA obligará a la Generalitat “a nuevas condiciones”.

En privado, fuentes del PP valenciano admitieron que la petición del Consell supone que el Gobierno tomará el control financiero de la comunidad, que tiene muy complicado cumplir con el objetivo de déficit del 1,5% del PIB. También dijeron que la Generalitat podría solicitar una cantidad superior a los 1.600 millones —de un fondo dotado con 18.000 millones— para poder afrontar sus compromisos.

Abucheos y huevos contra Fabra

La tensión generada por el anuncio de la Generalitat también se dejó traslucir en la calle y en las redes sociales. Tras las multitudinarias manifestaciones del jueves contra los recortes del Gobierno, por la tarde más de 200 personas abuchearon y lanzaron algunos huevos contra el presidente valenciano, Alberto Fabra, en un acto en Guardamar. La noche anterior, su antecesor, Francisco Camps, fue recibido de igual modo por manifestantes en Xàbia, donde hablaba de “responsabilidad política”.

En este ambiente, el PSPV-PSOE y Compromís reclamaron un pleno extraordinario en las Cortes para que Fabra explique “el rescate y las condiciones que conlleva”. Esquerra Unida fue más allá y solicitó la dimisión del presidente de la Generalitat y la convocatoria de elecciones.

La Comunidad Valenciana, que tiene una deficiente financiación autonómica, ha sido una de las más castigadas por el cierre de los mercados financieros.

Las alarmas saltaron por primera vez el pasado mes de diciembre, cuando la Generalitat tuvo que pedir ayuda al Gobierno de Mariano Rajoy para afrontar el vencimiento de un crédito de 123 millones de euros del Deustche Bank. La situación, que amenazaba con reproducirse en otras autonomías, obligó al Ministerio de Hacienda a arbitrar una línea de crédito con la que cubrir los vencimientos de los préstamos que las autonomías no podían renovar.

Préstamos y facturas pendientes

La Comunidad Valenciana fue de las primeras en acogerse al plan. En enero pidió 1.022 millones de euros al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para afrontar vencimientos de préstamos y en mayo pidió una ampliación de 1.678 millones tras ofrecer tipos de interés al 7% para colocar deuda, situada a nivel de bono basura por las agencias calificadoras.

En abril, en el plan de pago a los proveedores habilitado por el Gobierno, la Comunidad Valenciana volvió a exhibir sus problemas de liquidez. Pidió 4.069 millones de euros (el 23,4% de lo solicitado por todas las autonomías) para pagar facturas pendientes. A cambio presentó un duro plan de estabilidad que incluye la privatización de toda la gestión no asistencial de la sanidad y despidos masivos en el sector público, pero que no ha solucionado sus problemas de liquidez.

Ahora, la Generalitat, que confiaba en que hubiese hispanobonos para salir a flote, ha visto cómo el Gobierno solo ofrecía a las autonomías un mecanismo que, en la práctica, es un fondo de rescate. Y Fabra, casi sin oxígeno, ha sido el primero en lanzarse sobre el regulador de aire del Gobierno y colocar a la Comunidad Valenciana en el disparadero.