El Constitucional levanta la suspensión sobre la subasta de fármacos

Salud pretende impulsar nuevas adjudicaciones en los próximos meses

La consejera de Salud, María Jesús Montero, en el Parlamento.
La consejera de Salud, María Jesús Montero, en el Parlamento.GARCÍA CORDERO

La Consejería de Salud podrá reactivar la subasta de fármacos e incluso sacar nuevas adjudicaciones en los próximos meses. El Tribunal Constitucional ha levantado la suspensión cautelar que pesaba sobre la subasta desde que, a principios de abril, el Gobierno central presentó un conflicto de competencias contra la norma andaluza.

En el auto, acordado por el pleno del Constitucional, los jueces insisten en que esta primera decisión solo trata de resolver si conviene o no mantener la suspensión cautelar, sin entrar en el fondo del asunto (si la subasta invade competencias estatales). Sin embargo, los argumentos empleados por el alto tribunal marcan una línea mucho más favorable para la Junta que para el Gobierno y suponen un buen indicio sobre la decisión de fondo que deberá adoptar el Constitucional en los próximos meses.

Los jueces apoyan la norma de la Junta por el ahorro que supone

La Junta contaba con la subasta para ahorrar 44 millones de euros este año y 200 millones en los próximos ejercicios. El alto tribunal se apoya en estos números para determinar que la medida debe seguir, por ahora, adelante. La cifra, “aún tratándose de una estimación”, señalan los jueces, es “suficientemente ilustrativa de los efectos que, sobre la reducción del gasto farmacéutico y la correlativa sostenibilidad del sistema público sanitario, puede producir la aplicación de la disposición ahora suspendida”. El tribunal añade que este efecto económico es “tanto más relevante si se toma en consideración el contexto de crisis económica y financiera” del país, “que ha motivado la adopción de un variado elenco de medidas de contención y racionalización del gasto público”.

Los jueces entienden y así se lo hacen saber al Gobierno central, que igual que el Estado está impulsando medidas de ahorro, la Junta no solo tiene el derecho, sino el deber de hacer lo mismo. “Las Administraciones públicas con competencias en la materia (gasto farmacéutico) tienen la obligación de distribuir equitativamente los recursos públicos disponibles a fin de garantizar la sostenibilidad del sistema público de salud favoreciendo el uso racional de los medicamentos e instaurando políticas de contención del gasto en este ámbito”, expone el Constitucional.

Los motivos que convencen al alto tribunal para permitir que la subasta siga adelante son sobre todo económicos. Pero los jueces tampoco comparten ninguno de los argumentos empleados por el Abogado del Estado para cuestionar la norma andaluza. Ni que la subasta supone una reducción de la calidad y eficacia de la prestación farmacéutica, ni los supuestos perjuicios que puedan causar al paciente el hecho de que se le cambie la marca de su tratamiento por el adjudicado en la subasta. En este punto, los jueces llegan a advertir incluso que el último decreto estatal, que impone la venta del principio activo con precio más bajo, supone cambiar aún más al paciente de medicamento de lo que lo hace la norma andaluza. “Va a ser siempre dispensada la presentación con precio menor, con independencia de que sea la misma que hubiera venido tomando el paciente”, recuerda el auto, que llega a señalar que la Junta contempla mecanismos de “flexibilidad” de los que carece el decreto estatal para garantizar la sustitución de un fármaco por otro en caso de que se produjera un desabastecimiento del adjudicado por la subasta (otro de los peros que ponía el Gobierno central).

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La consejera de Salud, María Jesús Montero, admitió estar “muy contenta” tras leer el auto. “Aunque no entre en el fondo del asunto, el tono es muy positivo para nosotros”, señaló en declaraciones a este periódico. Su departamento tenía aparcada la posibilidad de impulsar nuevas adjudicaciones de fármacos a la espera de la respuesta del Constitucional, pero la intención es retomarlas. “Vamos a empezar a trabajar, a hacer estudios de mercado y decidir cuáles pueden ser las próximas moléculas”, señaló Montero, que no se atreve a dar cifras ni plazos. Los cálculos de la Junta aportados al Constitucional pasaban por ahorrar otros 15 millones con nuevas adjudicaciones este mismo año, según recoge el auto.

La suspensión de la medida “tensionaría” los presupuestos

La subasta de fármacos se concibió como una medida de ahorro en gasto farmacéutico y los argumentos empleados por los letrados de la Junta para defender la medida ante el Tribunal Constitucional inciden en la importancia que este procedimiento tiene para las cuentas andaluzas.

Según recoge el auto, la Junta considera que la suspensión de la subasta “tensionaría” las cifras del presupuesto sanitario andaluz y complicarían mucho el panorama: las cuentas hechas por Salud pasan por reducir el gasto farmacéutico en 159 millones de euros durante 2012. Y esta reducción se basa “en un 90%” en la puesta en marcha de la subasta ya adjudicada y de otras nuevas en los próximos meses.

La Junta no escondió ante el alto tribunal que la suspensión ha afectado también al plan de ajuste aprobado por el Gobierno andaluz, que contempla una rebaja del gasto farmacéutico derivado de la adjudicación pública de fármacos. Asimismo, la Junta admite también que el veto judicial a la subasta “comprometería” los objetivos de reducción del déficit público exigidos por el Gobierno central.

Sobre la firma

Reyes Rincón

Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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