Ajuste descomunal

Esta semana, y se van acumulando muchas, ha sido tremendamente intensa en el terreno económico. Al comienzo dominaba la impresión de que el Banco Central Europeo (BCE) tenía que hacer algo y rápido (comprar deuda o inyectar liquidez) para evitar el castigo feroz que los mercados estaban imponiendo a la deuda soberana española. La semana finaliza con un plan de ajuste de magnitud descomunal que se añade al presupuesto aprobado que era ya restrictivo.

La historia de por qué y cómo hemos llegado a donde estamos es fácil de resumir. Hace menos de un mes que el Gobierno español pidió ayuda financiera a Europa al no disponer de suficientes fondos para recapitalizar los bancos y cajas con problemas. Ante la respuesta positiva a la pregunta de sí había que conceder o no la ayuda comenzó el proceso de definir y redactar el MoU (Memoria de Entendimiento en sus siglas en inglés) donde, además de efectuar un diagnóstico preciso de los problemas que aquejan a la economía española, se definen los objetivos del Programa de asistencia: un aumento en la capacidad de aguante de los bancos en conjunto y la apertura de la posibilidad de acceso a la financiación a través de los mercados algo que a las instituciones financieras españolas se les está negando ahora. En el MoU, Europa exige a España que tome medidas en relación a la mayor independencia del BCE, el control del FROB, la consolidación fiscal y los desequilibrios macroeconómicos. La Comisión concede a España un año adicional para alcanzar el objetivo de un déficit público del 3% a condición de que se satisfagan otras medidas que podríamos denominar de oferta (las que sirven para estimular la oferta agregada del sector productivo). Las medidas son numerosas y están por definir y aprobar (la solución para el déficit tarifario del sector eléctrico es una de ellas).

Nos puede gustar o no pero, por primera vez desde que comenzó la crisis, y, sobre todo, desde que se complicó con la crisis del sector financiero el Gobierno español, a instancias de Europa, tiene una estrategia de actuación que conocemos y podemos valorar. Esto en sí mismo es algo positivo y que necesitábamos con urgencia. Pero el plan de reformas no está exento de riesgos; el principal es que las medidas adoptadas acarreen una mayor contracción en la actividad económica que convierta en inviable la consolidación fiscal exigida para los años 2013 y 2014.

Además de riesgos el plan tiene una característica que le hace criticable. No contiene ninguna medida que permita afirmar que el ajuste del 6.5% del PIB en dos años se vaya a repartir más o menos por igual entre los ciudadanos contribuyentes. Nadie duda de que este objetivo es difícil de lograr pero se podía haber hecho un esfuerzo mayor o al menos confrontar abiertamente el tema. ¿A qué viene, por ejemplo, reducir los fondos para atender a los dependientes? Pero hay más.

La mayoría de las críticas se centran en la reducción de las prestaciones por desempleo o en el aumento del IVA. En la disminución de las prestaciones no todo el mundo acepta como válido el argumento de que disponer de una retribución relativamente generosa cuando se está desempleado no incentiva la búsqueda de empleo. Y ciertamente este tipo de comportamiento no tiene porqué darse con generalidad. Pero el que no sea general no quiere decir que no exista. En economías donde las prestaciones por desempleo son reducidas los individuos aceptan más rápido cualquier empleo que se les ofrezca. Y esto es tan natural como decir que una persona que tiene el coche asegurado a todo riesgo cuidará peor del mismo que si tiene que pagar por cualquier rasguño, avería o robo. Aquí caben todo tipo de juicios de valor. Pero que el reparto de los costes del ajuste no sea equitativo no quiere decir que el plan no pueda servir para cumplir sus objetivos. Por eso la equidad, lamentablemente, es casi siempre un objetivo de segundo orden en momentos de crisis.

Dado que las medidas a aprobar no vienen acompañadas de un plan de reactivación explícito está por ver si contienen algo en que poder confiar como impulsor de la actividad. Se sabe que el aumento del IVA va a deprimir el consumo y se sabe que la capacidad adquisitiva de los españoles va a disminuir. ¿Se necesitarán nuevos ajustes en un plazo corto de tiempo (un año)?

Hay algo a tener en cuenta antes de contestar esta pregunta. El aumento del IVA combinado con una reducción en las cotizaciones sociales (en un punto en el caso que nos ocupa) puede reactivar el sector exterior al permitirle ser más competitivo. Las empresas reducen costes y el incremento en el IVA de las exportaciones no anula este efecto. Que esta reactivación sea suficiente para compensar la disminución en el consumo interno es harina de otro costal.

Hay, por último, otra cuestión que preocupa: saber cuál será la reacción de los mercados. Y en este asunto es crucial que desaparezcan las expectativas de ruptura del euro con la que los mercados han venido operando. Sólo si la actuación de la UE y de España logra reducir estas expectativas será posible que la prima de riesgo no se mantenga en niveles insostenibles. Eso o que el Banco Central Europeo consiga que la ruptura del euro no forme parte del escenario contemplado.

Como ven, volvemos al principio.