Demasiado café

La demanda de autogobierno fue una constante en Euskadi y Cataluña a lo largo del siglo XX, y una consecuencia de la chapucera configuración de España como estadio nacional durante el siglo anterior. Todos los intentos de instauración democrática han tenido que afrontar ese problema. La llamada Transición también lo hizo, pero los dos grandes partidos encontraron una fórmula para desactivar esa demanda: extender el autogobierno a todas las regiones y neutralizar así el efecto particularista de territorios con una evidente conciencia nacional.

El famoso “café para todos” se impuso como un antídoto político, pero revela ahora, en tiempo de vacas flacas, un perverso efecto económico. Ha generado una administración elefantiásica, que no respondía a una verdadera demanda popular pero que ahora, como todo constructo burocrático, no es eliminable para no suscitar indignaciones sobrevenidas. La misma renuencia a utilizar el término federal y sus mecanismos constitucionales permitió que las nuevas satrapías tejieran redes clientelares, hicieran de las cajas de ahorros huchas a su servicio y promovieran formas de gestión caciquil, resucitando las peores maneras de la España canovista.

Ahora, el Partido Popular emprende una cruzada contra el dispendio público. Cuenta con la incomprensión general: tres décadas adoctrinando a la ciudadanía en la idea de que el estado puede encargarse de todo tienen un precio. Pero el PP no está en condiciones de quejarse al respecto: ellos han sido responsables (y beneficiarios) de la creación de un estado faraónico, ineficaz y, sobre todo, extraordinariamente caro, que no buscaba honrar a las regiones sin conciencia nacional, sino instrumentalizarlas frente a las que sí la tenían.

El artificio autonómico se revela en paradojas increíbles. Una de ellas es la Disposición Adicional segunda del estatuto reformado de la Comunidad Valenciana, que bajo una eufemística redacción viene a decir lo siguiente: “Estamos satisfechos con nuestras competencias, no tenemos ninguna demanda al respecto pero, cuidado, si alguna autonomía arranca una cuota mayor de autogobierno, aquí estamos nosotros para que se nos aplique también”. La mezquindad política, la cicatería y la envidia que inspiran una disposición legal semejante demuestran lo escasamente ejemplar que es el estado de las autonomías y los insanos sentimientos que suscita.

El régimen autonómico fue una herramienta para neutralizar la dinámica centrífuga de territorios muy concretos. El costo político, en su momento, fue inexistente, incluso tenía su rentabilidad: bastaba con hechizar a regiones sin aspiraciones de autogobierno, a las que jamás había inquietado todo esto, insistiendo en que tenían el mismo derecho que vascos y catalanes a una parafernalia nacional. Pero ahora se revelan los efectos inesperados de aquella estratagema: que resulta carísima.