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En libertad 10 de los 18 detenidos en la marcha minera y en Sol

Pendientes de declarar ocho por desórdenes, atentado contra agente de la autoridad y daños

Tras prestar declaración ante la Policía, los 18 detenidos en las dos protestas del miércoles en Madrid han pasado a disposición judicial en los juzgados de plaza de Castilla, acusados de delitos de desórdenes públicos, atentado contra un agente de la autoridad y daños. El Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid, en funciones de guardia, tomó declaración a última hora de ayer a 10 de ellos. La magistrada acordó su puesta en libertad pero las diligencias siguen abiertas, según ha precisado un portavoz judicial. Por otra parte, el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, de guardia hoy, tomará a lo largo de hoy declaración a otros ocho.

De los 18 arrestados, ocho lo fueron a primera hora de la tarde en el entorno de La Castellana al término de la manifestación de los mineros frente a Industria y los otros 10 —uno más de lo informado hasta ahora—, por la noche en la Puerta del Sol y aleñados en una protesta híbrida de apoyo a los mineros del carbón y contra los recortes.

La multitudinaria marcha de la plaza de Colón al Ministerio de Industria con la que concluyo la marea negra del carbón derivó en enfrentamientos entre los manifestantes y los antidisturbios. Los incidentes comenzaron cuando un grupo de mineros intentó entrar en el edificio y derribó las barreras de protección en cuestión de minutos, ante varias decenas de agentes antidisturbios parapetados tras escudos protectores.

A partir de ahí comenzaron las cargas y los lanzamientos cruzados de piedras y pelotas de goma. Además de los ocho detenidos (seis hombres y dos mujeres), hubo 76 heridos de carácter leve (42 manifestantes, 33 policías y un fotógrafo). En un principio, la policía informó de que entre los detenidos no había ningún minero, aunque horas más tarde aseguró que dos de ellos lo eran. Finalmente, ayer aclaró que no son mineros. La confusión se debe a que estos dos arrestados son de dos cuencas mineras, Fabero (León) y Mieres (Asturias). Son simpatizantes de la causa que habían viajado a Madrid a acompañarlos, pero no son mineros.

Los otros seis detenidos están fichados por la Policía por su participación habitual en actos antisistema. Según las mismas fuentes, la mujer detenida vestida de negro, con pañuelo amarillo y el pelo corto cuya foto con el rostro ensangrentado publica EL PAÍS tiene cinco antecedentes policiales por delitos contra la propiedad y desórdenes públicos. Interior culpó desde un primer momento de los incidentes violentos a "grupos antisistema, que usaron desde lanzacohetes a ladrillos" para agredir a los agentes. Y la delegada, Cristina Cifuentes, habló de "300 alborotadores muy radicales".

Horas después, la marcha de apoyo a los mineros y contra los recortes terminó con cargas policiales y disparos de pelotas en Sol y Tirso de Molina, barricadas de contenedores y cartones ardiendo en Preciados, persecuciones por el barrio de Lavapiés, 10 detenidos y al menos seis heridos leves. En torno a las diez de la noche, la policía se enfrentó con algunos centenares de manifestantes que se habían quedado en Sol al finalizar la marcha. Los manifestantes —unos 4.000 según la Delegación del Gobierno y 15.000 según los convocantes— corrían perseguidos por los antidisturbios. Fuentes de la Delegación del Gobierno aseguraron que los agentes actuaron al “verse hostigados” y ante el “lanzamiento de objetos” por parte de los manifestantes.

La comisión ejecutiva del PSM en el distrito de Centro ha reclamado que se investigue esta intervención policial, que considera "desproporcionada" e "injustificada". También ha criticado que los agentes no llevaran a la vista su número de identificación y que se convirtiera en "víctimas" a "ciudadanos que se manifestaban pacíficamente". Este partido ha mostrado su oposición a "cualquier tipo de actitud violenta en manifestaciones y concentraciones" por parte de "algunos" que "no representan el sentir mayoritario". A este respecto, han instado a la Policía a identificar y detener a los "alborotadores" sin llevar a cabo "actuaciones violentas desproporcionadas".

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